La Paz, 24 de octubre de 2022.- Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, desarrolla este lunes la tercera jornada de paro indefinido por la realización del censo en 2023, en medio de tensiones con los grupos oficialistas que buscaron desbloquear las calles de la ciudad que amanecieron obstruidas.
Por la mañana se reportaron incidentes entre algunos grupos de personas que exigían que se retome la circulación en las principales calles y avenidas en las que se instalaron puntos de bloqueo de parte de agrupaciones cívicas.
«Vamos a desbloquear toda la ciudad», vamos a «seguir limpiando todas las calles», señaló a los medios uno de los manifestantes que dijo ser transportista y que la huelga indefinida afecta su sustento diario.
LLAMADO AL PARO
En contrapartida, el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo el llamado en Twitter a que la población salga a las calles y plazuelas de «manera pacífica» y «con la convicción y la alegría de estar cumpliendo una acción ciudadana que quedará en la historia».
Camacho insistió que «el sacrificio (del paro) es de unos días, pero el beneficio quedará para siempre».
«El paro va a continuar, el paro sigue hasta que el Gobierno firme el decreto donde dice que el censo se va a realizar el 2023», expresó en una rueda de prensa el vicepresidente del Comité cívico de Santa Cruz, Stello Cochamadini.
Este lunes por la mañana, el presidente boliviano, Luis Arce, estuvo en Warnes, ciudad vecina de Santa Cruz, para entregar un bono social a los estudiantes del nivel escolar del sistema público en el que no se refirió al conflicto por el censo.
Sin embargo, en un tuit, destacó el apoyo que le brindaron las organizaciones campesinas de la Amazonía del país y remarcó que «es necesario trabajar para avanzar» y agradeció a ese sector por «estar alertas ante los intentos de desestabilización».
Para este lunes está anunciada una reunión entre el mandatario y el expresidente y líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, para evaluar los efectos de la protesta en Santa Cruz.
OTROS FRENTES DE CONFLICTO
Para esta jornada están previstas varias movilizaciones en otros puntos del país, unos para manifestar sus reclamos al Gobierno mientras que otros anunciaron que saldrán a las calles a respaldar a la Administración de Arce.
Por su lado, el departamento amazónico de Beni desarrolla también un paro de 24 horas por el pedido de que el censo se realice en 2023, mientras que Tarija tiene previsto aplicar esa misma medida el próximo jueves.
En las regiones de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, las organizaciones que respaldan el pedido cruceño todavía analizan las medidas que asumirán en los siguientes días.
También desde esta jornada, el Colegio Médico de Bolivia, crítico al Gobierno, anunció una huelga de 15 días en oposición de la creación de un nuevo viceministerio y un seguro para funcionarios públicos.
Ante esto, el ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió que los médicos que «estén incentivando el paro» y no asistan a su trabajo «tendrán la sanción que corresponde».
En tanto que miles de mineros cooperativistas instalaron una protesta masiva en el centro de La Paz para pedir al Gobierno la atención de sus demandas sectoriales como el régimen tributario del oro y seguridad jurídica, entre otros.
El Gobierno convocó el pasado sábado al diálogo a los líderes cívicos de Santa Cruz que después de unas horas finalizó con la salida de los representantes del Comité Impulsor del Censo 2023 y la ratificación de que el paro indefinido se mantendría en pie.
El Ejecutivo nacional planteó que el censo se realice en abril de 2024 y que en seis meses, con la emisión de los resultados preliminares, se inicie una nueva distribución de recursos para las regiones del país.
Aunque ambas partes se han mostrado abiertas al diálogo, este proceso no se ha retomado, inclusive los sectores cívicos de Santa Cruz pidieron la mediación de la Iglesia católica.
Santa Cruz lidera los reclamos para que el censo se desarrolle en 2023, de cuyos datos depende una nueva asignación de recursos y cuotas de representación en el Parlamento, para que sus resultados se apliquen en 2025, gestión en la que está prevista las elecciones presidenciales.
Inicialmente el censo estaba para noviembre de este año, sin embargo, el Gobierno lo pospuso para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de «despolitizar» el proceso.
EFE
