En un comunicado, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), lamentó y rechazó el asesinato de Manuel Osuna Tapias, de 67 años, quien pertenecía a esa agremiación que ha sufrido en 2019 la pérdida de ocho de sus líderes a manos de grupos armados ilegales.
Osuna Tapias, quien era defensor de tierras y estaba involucrado de lleno con la sustitución de cultivos ilícitos, fue asesinado este sábado 6 de julio en horas de la mañana. Un grupo de hombres fuertemente armados arribó hasta la vereda el Cerro, corregimiento Versalles del municipio de San José de Uré, en Córdoba, pertenecientes presuntamente al bloque Virgilio Peralta Arenas o Caparros, y lo asesinaron.
“De la manera más denigrante de la dignidad humana cortaron la cabeza del campesino Manuel Osuna, quien era miembro de nuestra Asociación. La violación a los DDHH e infracción al DIH no paro ahí, tras deponer su cuerpo y cabeza a un lado, quemaron su casa de madera y palma. De este grupo criminal se rumora, por acciones que han hecho conjuntas en el territorio que tiene alianza delincuencial con el autodenominado Nuevo frente 18, que según las autoridades es un grupo armado residual con origen en el frente 18 de Farc”, expone la asociación en el escrito.
“En algunas veredas los han visto patrullar juntos y llegar hasta las comunidades con un mismo mensaje intimidador. En lo corrido de este año han sido asesinados ocho (8) campesinos en el sur de Córdoba. El penúltimo fue el campesino Manuel Gregorio González Segura, quien fue raptado, torturado y asesinado en el corregimiento el Palmar del municipio de Montelíbano el pasado 27 de junio”, añade Ascsucor.
La cifra actual de beneficiarios del PNIS asesinados es de quince (15) desde la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo Final de paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas Farc. Estos hechos, para Ascsucor, son determinadores de unos patrones de sistematicidad, “dando claras muestras de la persecución contra las organizaciones, comunidades y ciudadanos/as que intervienen de manera directa e indirecta en la implementación” del acuerdo de paz, así como una clara “muestra del acorralamiento que viven los campesinos y campesinas en el sur de Córdoba por grupos sucesores del paramilitarismo”.
Ascsucor exige en el comunicado una acción eficaz de la Comisión Nacional de Garantías creada en el marco del decreto 154 del 2017. Asimismo, que se instale una Mesa por la protección de los DD. HH. con urgencia con presencia de la Ministra del Interior, la Gobernadora de Córdoba, el Director de la UNP, los Consejeros Presidenciales de DD. HH. y Seguridad, el Alto Comisionado para la Paz y por supuesto el Defensor Nacional del Pueblo en compañía de la oficina de DDHH de la ONU y la II Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
