La UNP, triste común denominador en los asesinatos de un coronel, un líder social y un concejal

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En tres días fueron asesinados el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel (r) Élmer Fernández; el líder social León Eugenio García Jiménez, en Toledo, Antioquia; y el concejal de San Vicente del Caguán, Eduardo Cedeño. ¿Qué responsabilidad tiene la UNP en esos asesinatos?

Colombia, 22 mayo de 2024.- Negligencia, retardo, ineficiencia, error en el diagnóstico y trámites equivocados, de todo se ha dicho en torno al asesinato reciente en el país de un excoronel, un líder social y un concejal, quienes estaban en situación de riesgo y para quienes la UNP, después de muertos, asegura que tenía las estrategias concretas para protegerlos.

En horas de la tarde del jueves 16 de mayo de 2024 fue asesinado el coronel retirado de la Policía Élmer Fernández Velasco, de 58 años, director de la cárcel La Modelo de Bogotá. El exoficial se movilizaba en una camioneta Mazda por la carrera 30 con calle 80, en Bogotá, cuando sicarios motorizados le dispararon en una oportunidad.

Al parecer, la orden de asesinarlo habría sido impartida por Pedro Nel Caro Triana, alias Pedro Pluma, quien se encuentra privado de la libertad en ese penal. Caro Triana había amenazado de muerte a Fernández el 9 de mayo pasado, a través de panfletos, en los que le manifestaba que: “de parte de Pedro Pluma, del patio cuarto, para el director, que si se vuelve a meter de requisa para el patio, le mato a la familia. Para que vean que yo sí tengo poder y si me trasladan, le mato a la familia”.

Al respecto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, dijo a Revista Semana que si esa entidad hubiese conocido de la amenaza que hizo alias Pedro Pluma al director Fernández, de inmediato lo hubiera protegido. “Para este caso era, obviamente, un trámite de emergencia porque la inminencia ya se conocía. Este trámite implica que la persona que está bajo riesgo se protege en cuestión de horas (…). Entonces había una situación de alerta que nosotros estamos prestos a atender, pero, lamentablemente, no conocimos la situación concreta del coronel Fernández”, dijo Rodríguez en el medio de comunicación antes mencionado. ¿A quién quiere engañar?

Ese mismo día, en Toledo, Antioquia, fue hallado el cadáver del líder social León Eugenio García Jiménez. Su cuerpo fue encontrado después de permanecer desaparecido por espacio de 15 días.

Las causas de su deceso según Medicina Legal asesinato o muerte violenta, trascendió que el líder social fue amenazado de muerte en varias oportunidades por grupos al margen de la ley, por lo que solicitó la protección a la UNP.

Esa entidad consideró que un chaleco antibalas, un botón de apoyo y un celular eran medidas suficientes para garantizar su seguridad en una zona de alto riesgo para su labor, con presencia de poderosas estructuras armadas ilegales. Sus amigos y familiares aseguran que en su caso se presentó un error en el diagnóstico y falta de reevaluación del riesgo por parte de la UNP.

Dos días después, el sábado 18 de mayo, en horas de la noche, hombres armados le dispararon al líder social Eduardo Cedeño García cuando este se disponía a ingresar a su vivienda, ubicada en San Vicente del Caguán, Caquetá, municipio del cual era concejal.

El cabildante había solicitado medidas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección, entidad a la que puso al tanto de la inminencia de las amenazas recibidas por parte de grupos armados. Sin embargo, la UNP no lo protegió y le negó el esquema, así como a otros concejales de ese municipio.

Y no es la primera vez que ocurre. Cuando una persona pide protección, la UNP o no la otorga o toma demasiado tiempo en estudiar el caso para decidir si concede un esquema o entrega simplemente un chaleco.

Peor aún, le retira la seguridad al protegido que, por lo general, es asesinado por esa decisión, pues facilita la tarea de los criminales, como le ocurrió al periodista Luis Carlos Cervantes en agosto de 2014, baleado en Tarazá, Antioquia, porque la UNP lo dejó sin esquema.

Negar, reducir o retirar esquemas: misión de la UNP

La Unidad Nacional de Protección, UNP, fue creada en el año 2011 para proteger a personas, grupos o comunidades en situación de riesgo y salvaguardar sus derechos. Pero esa tarea no la está haciendo bien.

En su objetivo de sanear a la entidad, el presidente Gustavo Petro nombró al ingeniero Augusto Rodríguez para rescatar a una UNP negligente, lenta, ineficiente, burócrata y corrupta. Aunque lamentamos que haya sido víctima de un atentado por su labor al frente de la Unidad, tenemos que afirmar, sin embargo, que el señor Rodríguez no solo no ha conseguido el encargo presidencial, sino que durante estos 20 meses (inició en septiembre de 2022) como director, se ha empeñado en negar, reducir o retirar esquemas, con las nefastas consecuencias que estas decisiones conllevan.

Y está bien sanearla, porque de los once mil escoltas con los que cuenta la entidad, hay unos nueve mil tercerizados, mientras que solo hay dos mil vinculados, los cuales están en 19 sindicatos.

En un hecho sin precedentes, la entidad alquiló chalecos blindados mediante nueve contratos, elementos que no atendían las especificaciones técnicas ni de género y que fueron entregados a escoltas y a protegidos, cuando esa Unidad había comprado recientemente chalecos que no fueron utilizados. Ocurrió en 2014.

Asimismo, cerca de 4.500 vehículos entre convencionales y blindados pertenecen a terceros que los arriendan a la entidad, además están obsoletos y hasta tienen blindaje falso. Constantemente presentan desperfectos, dejando tirados a los protegidos en cualquier parte y poniendo en mayor riesgo sus vidas, por lo que muchos de ellos terminan en el taller. Peor aún, los contratistas nunca los sustituyen y, si lo hacen, la reposición tarda demasiado en llegar, afectando las labores de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, reinsertados y demás personas amenazadas y en situación de riesgo. Entre la tercerización y el arriendo de automotores, la UNP invierte el 70 % de su presupuesto anual, lo que significa que la entidad se convirtió en una simple conexión entre el dinero público y la empresa privada.

Sin embargo, el director Rodríguez no ha podido con los sindicatos, ni con las mafias que allí operan, ni con la corruptela que impera en la entidad. Contrario sensu, ha iniciado una suerte de cruzada contra las personas que requieren seguridad, pues la UNP en los últimos meses ha obstaculizado la asignación de esquemas, retarda los estudios de casos, rechaza solicitudes, remueve personal de vigilancia, mengua y debilita la seguridad de los protegidos, reduce los equipos de custodia, desmotiva a los escoltas obligándolos a movilizarse en taxi o en bus y cambia vehículos blindados por convencionales.

Como resultado de esa macabra estrategia, en 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, a muchos de los cuales la UNP les negó la seguridad, se las redujo o se las retiró. Esto sin contar a las personas con otras tipologías que fueron desfavorecidos por el programa de prevención y protección de la UNP. Este año 2024, según la ONU, van 43 casos. Las cosas no van bien ni están bien en la UNP.

En el sitio web de la UNP se puede leer una de las metas de la entidad: “Para el 2026, la Unidad Nacional de Protección -UNP- será una Entidad más eficiente y sostenible reduciendo el tiempo de atención de los requerimientos de protección, y brindando un servicio pertinente en el marco de la Seguridad Humana…”.

Creemos que así no será. Con tantos muertos encima, no. Cada vez se pierde más la confianza en la UNP y es más frecuente que las personas en riesgo acudan a la tutela para que esa entidad los proteja.

A.U.

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