Lima, 2 de noviembre de 2022.- Cada diez minutos una adolescente se convierte en madre en Perú, donde los embarazos son con frecuencia el detonante de las uniones tempranas, unas prácticas amparadas por la ley y las costumbres ancestrales de los pueblos originarios que ponen en jaque las nuevas generaciones de lideresas indígenas.
Merly Astorima tiene 26 años y preside una asociación de mujeres en su comunidad nativa de la región andina de Ayacucho. Todos los días camina varios kilómetros para dar clases de «educación inicial intercultural bilingüe» a los niños que viven en los cerros más recónditos.
Como maestra, la joven confía en ser la voz que «trate de cambiar ciertas ideas equivocadas» que se han mantenido intactas durante siglos en su comunidad, ser la voz que «concientice a los padres, principalmente a ellos, que esa decisión de que entreguen a sus hijas a personas adultas está mal».
«Piensan que al entregar a sus hijas a alguien que tiene chacras (y) ganados en gran cantidad van a salir de la pobreza, pero no (…) esa niña va a estar sometida al maltrato, al abuso, simplemente se va a estancar», comenta en una entrevista con EFE en Lima.
Recientemente, Astorima viajó junto a una quincena de lideresas indígenas de diferentes regiones hasta la capital para exhortar a las autoridades a aprobar un proyecto de ley que busca eliminar el matrimonio con menores de edad.
UNA SINRAZÓN AMPARADA POR LEY
Esta iniciativa legislativa, impulsada por la diputada progresista Flor Pablo Medina, propone regular la edad del matrimonio adolescente de acuerdo a los estándares internacionales de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
Hasta 2018, de manera excepcional, los adolescentes podían casarse en Perú a partir de los 16 años con el consentimiento de, por lo menos, uno de sus padres.
Pero la entrada en vigencia de un decreto legislativo que modificó el artículo 42 del Código Civil marcó un retroceso y abrió la posibilidad del matrimonio a partir de los 14 años.
En los últimos 4 años, según datos oficiales recogidos en este proyecto de ley, Perú ha registrado alrededor de 85 matrimonios de menores de 16 años, de los cuales 83 corresponden a adolescentes mujeres y 2 a varones.
En promedio, el 10 % de las mujeres peruanas que ahora tienen entre 15 y 49 años tuvieron su primera unión cuando tenían entre 10 y 15 años. Este porcentaje se duplica al 20 % en el caso de aquellas que se autodenominan «nativas amazónicas».
La correlación entre la pobreza y las uniones tempranas es clara, pues, mientras que las adolescentes de 15 a 17 años unidas representan el 46 % en el grupo socioeconómico más pobre del país, el número se desploma al 1 % en el nivel superior.
Así lo sostienen las investigaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que también revelan el rostro de las adolescentes unidas en Perú: tres de cada cuatro son pobres o muy pobres, seis de cada diez sufren violencia en su familia de origen, siete de cada diez provienen de zonas rurales y tres de cada diez son analfabetas.
ACORRALADAS Y SIN ALTERNATIVA
Modificar la norma es un primer paso indispensable, a los ojos de las lideresas indígenas entrevistadas por EFE, quienes también son muy conscientes de que, más allá del papel, el remedio pasa ineludiblemente por promover cambios profundos en la legitimación social de estas prácticas nocivas que tienen sus raíces en el sistema patriarcal.
Según cuentan, las decisiones sobre este tipo de uniones con frecuencia comienzan con un embarazo, a partir del cual se inician las conversaciones con los padres de la adolescente para informar o llegar a acuerdos sobre la unión.
«Se supone que es su violador, pero las juntan y lo arreglan así (…) Algunas veces son (matrimonios) negociados, pero esa niña nunca recibe lo que se negoció sino se lo queda el padre», relata Milagros Mamani, una lideresa cuzqueña de 28 años.
¿Y si ella se opone? «No tiene oportunidad. Aunque ella no quisiera, ella tiene temor porque su padre la va a golpear o también el futuro marido (…) la gente la va a mirar y va a hablar mal de ella y de su familia», continúa la joven.
En este callejón sin salida, ellas son vistas como proveedoras de servicios sexuales, afectivos y domésticos y ellos, suministradores de recursos materiales.
«Ella simplemente se va a ir a la casa a ser madre de familia y lo único que va a tener que hacer es servir a su marido, criar a sus hijos y servir como reproductora», agrega Mamani.
Y subraya: «También va a tener que recibir el maltrato porque si ella no es educada no va a poder trabajar en un espacio digno (…) y va a recibir la violencia económica, psicológica, física y, por ende, también sexual».
Y no le falta razón. Según UNFPA, los efectos de las uniones tempranas incluyen perpetuación de pobreza, menor autonomía económica, deserción escolar, mayor violencia de género y maternidad temprana en un país que, solo entre 2017 y 2021, registró más de 273.000 maternidades en niñas y adolescentes, una cifra que multiplica por 6,5 el total de médicos en Perú.
Las jóvenes lideresas coinciden en que para cerrar las brechas de desigualdad de género y proteger los derechos de las niñas urge garantizar el acceso a la educación porque, como defiende la maestra Astorima, «estudiar cuesta, pero una vida sin estudios cuesta mucho más».
Carla Samon Ros
EFE
