Este es un trabajo publicado en la revista mexicana Proceso que contó con la colaboración de Analisisurbano.org
MEDELLÍN.- Al igual que en México, en Colombia se abre paso la posibilidad de ensayar estrategias alternativas a la persecución policiaca para enfrentar el problema de la criminalidad, ciudades donde este fenómeno ha estado enraizado desde hace décadas, como Medellín.
En México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, promueve foros “por la pacificación y reconciliación nacional” en los que se discuten mecanismos de justicia transicional para propiciar la desactivación de grupos criminales a cambio de beneficios judiciales que satisfagan a las víctimas y a organismos de derechos humanos.
En Medellín, la segunda ciudad de Colombia, voceros de la estructura delictiva conocida como La Oficina han expresado su deseo de “acogerse” a la justicia, entregar las armas, desmantelar sus negocios ilegales y reparar a sus víctimas a cambio de una rebaja de penas.
Consultado al respecto, el abogado de Medellín, Ricardo Andrés Giraldo, dice que “es necesario darles a estas organizaciones salidas legales para romper el ciclo de violencia”.
El maestro en derecho procesal penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana propone una legislación especial que permita a grupos delictivos como La Oficina, que actúan en entornos urbanos, iniciar un proceso de paz en el marco de una nueva legislación que garantice la justicia, la verdad, la reparación a víctimas y las garantías de no repetición.
Afirma que las capturas de integrantes y cabecillas de grupos criminales en Medellín, que suman más de 2,900 este año, resultan por sí solas ineficaces para reducir los índices de violencia y dar seguridad a la ciudadanía.
Este año se han registrado 67 homicidios más en la ciudad de los que se registraron entre enero y mediados de agosto de 2017. Y 2018 será el segundo año consecutivo con aumento de asesinatos.
“Es necesario cambiar la estrategia para combatir el delito. La que tenemos no está dando resultados”, señala el abogado, quien cursa un doctorado en derecho en la Universidad Sergio Arboleda.
Giraldo propone impulsar una ley que permita a todos los “actores del conflicto armado urbano” del país acudir a la justicia, confesar sus crímenes, abandonar sus negocios ilícitos y recibir, a cambio, penas de entre cinco y ocho años de prisión efectiva, en el caso de delitos comunes, y hasta de 10 años en los casos de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, ejecuciones y violencia sexual.
Además, señala, la iniciativa podría tener como incentivos que los condenados puedan cumplir sus penas en granjas agrícolas; que admita a los miembros de este tipo de organizaciones que estén presos y hayan recibido condenas, y que se limite la admisión de solicitudes de extradición a Estados Unidos a los delitos que se hayan cometido después de que haya entrado en vigor la eventual legislación.
Con este marco legal, explica, se propiciaría que en Medellín y otras ciudades de Colombia con alto niveles de criminalidad haya un “acogimiento” a la justicia, individual y colectivo, de integrantes de estructuras delincuenciales que generan violencia y terror entre la población.
En junio pasado, el Congreso colombiano aprobó una ley para el sometimiento a la justicia de bandas criminales que está dirigida a “grupos armados organizados” como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y las disidencias de las FARC.
La nueva legislación, que contempla sometimientos colectivos, rebajas de penas de hasta el 50 por ciento y el cumplimiento de condenas en granjas agrícolas, excluye a las estructuras delictivas urbanas como La Oficina, que están consideradas organizaciones delincuenciales integrada al narcotráfico (Odines).
La senadora del gubernamental partido Centro Democrático, Paola Holguín, quien ha criticado la ley de sometimiento por contemplar solo entregas colectivas y no individuales de criminales, es partidaria de darle una salida a las organizaciones delictivas urbanas si eso contribuye “de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia”.
Holguín señala que, en ese sentido, ella es partidaria de “trabajar en herramientas jurídicas que permitan el sometimiento” de esos grupos a la justicia, a cambio de rebajas de penas y de establecer sentencias máximas de entre ocho y 10 de “prisión efectiva” que podrían cumplir en cárceles o granjas agrícolas.
Advierte, sin embargo, que un eventual proceso de este tipo debería ir acompañado “de investigaciones de fondo para llegar a la verdad sobre sus aliados, sus grupos de apoyo y sus fuentes de financiamiento”.
Además, “de una legislación que garantice que, quienes se acojan a ella, perderán todos los beneficios y nunca más podrán participar en una ley de sometimiento si reinciden en el delito”.
Holguín, quien es integrante de la Comisión de Política Criminal del Senado, dice que, frente a las estrategias que se han propuestos para transitar hacia la paz urbana, ella seguirá los lineamientos que establezca el gobierno del presidente Iván Duque, quien pertenece, como ella, al derechista Centro Democrático.
El senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda, plantea que, por principio, es partidario de impulsar “cualquier proceso que implique la erradicación de la violencia en todos los contextos, no solamente la que tiene un origen político evidente, como la que ejercen las guerrillas, sino también la que está relacionada con el crimen organizado”.
La diferencia, dice, es que una guerrilla puede ser reconocida por el Estado como actor político, y un grupo delictivo no.
“Colombia –asegura Cepeda– ha tenido una larga y sangrienta experiencia con el esquema represivo que se ha aplicado en la guerra contra el delito y el narcotráfico. A lo único que nos ha conducido esto es a la reproducción exponencial de los cárteles, los microcarteles y las redes del narcotráfico, así que hay que ensayar definitivamente otras vías”.
Afirma que si La Oficina y otras estructuras armadas urbanas tienen una intención auténtica de desmantelar sus negocios ilegales, reparar a sus víctimas y deponer las armas, “pues obviamente habría que pensar en las vías que hagan realidad esa intención”.
Consultado al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señala que su administración va “duro y de frente contra las organizaciones criminales” y que “cada vez debemos dar golpes más fuertes y estratégicos que debiliten su estructura”.
Gutiérrez, quien ha priorizado el tema de seguridad durante su gobierno, dice que esa postura “ha dado resultados” por la cantidad de cabecillas de La Oficina (120) que han sido capturados este año.
“Nosotros no negociamos con ellos. Hoy sus opciones son someterse o caer capturados”, asegura, aunque aclara que detener miembros de estructuras criminales “no es un fin en sí mismo; el fin es lograr confianza en la ciudad”.
De acuerdo con Gutiérrez, su lucha contra el crimen es “en favor de los valores colectivos que la mafia nos arrebató: volver al trabajo honrado en oposición al dinero fácil, a la discreción en oposición a la opulencia, al valor de la vida en oposición a un precio para cada vida”.
El alcalde atribuye el aumento de homicidios que se ha registrado este año en la ciudad a las disputas entre bandas por el territorio.
El abogado Ricardo Andrés Giraldo plantea que los habitantes de Medellín que más sufren la violencia son los que viven en los barrios más pobres, como en la Comuna 13, donde los asesinatos han aumentado 80 por ciento este año.
“Es muy fácil hablar cuando usted vive en un edificio completamente blindado y con seguridad, ahí no pasa nada, pero en los barrios es donde se escuchan disparos día a día y donde las comunidades tienen que convivir con la muerte. Por eso creo que una salida que rompa ese círculo es la más adecuada”, señala.
La gerente de Paz de la Gobernación de Antioquia, Tatiana Gutiérrez Pérez, es partidaria de explorar una vía de acogimiento a la justicia, en el marco de una ley, de los miembros de La Oficina.
“Si este proceso está bien organizado, si hay una legislación, hay que hacerlo, porque a nosotros nos ha costado mucho construir una sociedad. Y si hay un compromiso de estos grupos delictivos de someterse a la justicia, de entregar parte de sus bienes para reparar a las víctimas y de seguir una ruta de legalidad, hay que darles la oportunidad”, asegura.
PROCESO
RC
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