Roma, 17 feb – El Tribunal Supremo italiano ha confirmado la condena al capitán de un barco que rescató a 101 personas en el Mediterráneo en 2018 y luego los entregó a una patrullera libia, algo que constituye un delito porque ese país «no es un puerto seguro», según una sentencia que cuestiona la política migratoria de la primera ministra, Giorgia Meloni.
La más alta Corte de Italia rechazó el recurso del capitán del «Asso 28», un remolcador que prestaba servicio en algunas plataformas petrolíferas en el Mediterráneo, y lo consideró culpable de los «delitos de abandono en estado de peligro de menores o incapaces, y de desembarco y abandono arbitrarios de personas», previstos en el Código de Navegación, informan hoy los medios locales.
«Es un veredicto que sin excepción marca el camino de la jurisprudencia, a la que deberán ajustarse todos los tribunales italianos» y que «tendrá consecuencias para los juicios e investigaciones en curso, así como un impacto en las opciones políticas», afirma el diario de la conferencia episcopal italiana, Avvenire, cuya investigación sobre el rescate, que incluía unas grabaciones de la ONG española Open Arms, fue decisiva para resolver el caso.
El Tribunal de Nápoles había condenado en 2021 al capitán del «Asso 28» a un año de prisión por entregar a los guardacostas libios a un centenar de migrantes rescatados, entre ellos menores y mujeres embarazadas, teniendo en cuenta las grabaciones de las conversaciones de radio escuchadas el 30 de julio de 2018 por el Open Arms.
Esas grabaciones, que levantaron polémica al ser publicadas por Avvenire por mostrar una serie de anomalías en la gestión del caso, fueron solicitadas entonces por la Fiscalía de Nápoles, que abrió una investigación.
El «Asso 28» es un remolcador propiedad de la compañía Augusta, de apoyo a las plataformas petrolíferas frente a las costas de Libia, y, según un portavoz, la operación de rescate fue gestionada enteramente por la Guardia Costera libia, que ordenó al comandante que devolviera a los migrantes a Libia.
Los jueces dictaminaron que se trataba de una devolución colectiva a un país no seguro prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se impidió a los migrantes acceder a protección internacional al entregarlos a Libia, donde se sabe que son objeto de violencia y tortura.
Ahora que el Supremo confirma esa sentencia se abre la vía a los recursos de las ONG de rescate humanitario en el Mediterráneo, bloqueadas y multadas por el Gobierno de Meloni por, entre otras cosas, negarse a entregar a los migrantes a los guardacostas libios.
«Y sobre todo el riesgo concreto de ver arrastrados ante los tribunales a los gobiernos (de todos los bandos) que han renovado el Memorándum con Libia desde 2017 y el propio ‘Plan Mattei’ por la parte entre Italia y Libia», asegura «Avvenire».
El diario de los obispos italianos alude tanto al acuerdo migratorio entre Italia y LIbia, como al plan estratégico elaborado por Meloni para iniciar una nueva cooperación con África que ayude a controlar los flujos migratorios hacia Italia, que en 2023 ha marcado un nuevo récord, con más de 157.000 personas llegadas a sus costas.
EFE
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