Una alerta, temprana y urgente, lanzaron las personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientales y Territoriales integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, por el levantamiento de rutas de protección este viernes 23 de noviembre de 2018 por parte de la UNP.
En un comunicado, el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ -Cajar-, y el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, alertaron de manera “temprana y urgente” a sus entidades, respecto de situaciones de riesgo inminente que puedan ocurrir contra la vida, integridad física y psicosocial de líderes y lideresas que hacen parte de las Asociaciones que pertenecen al Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
“Manifestamos nuestra preocupación por la notificación que anuncia los trámites de emergencia de la UNP N. 427, N. 428 y N. 429, que indica que fueron implementadas medidas de protección y apoyo de reubicación, que suplen las medidas asistenciales de la Gobernación de Antioquia, hecho que no entendemos en los casos y situación de riesgo de los integrantes del Movimiento Ríos vivos Antioquia, sigue siendo alto y el complemento de este tipo de medidas es idóneo para acercarse a brindar una atención integral de este caso, como es el deber y rol de protección del Estado representado por ustedes”, reza el comunicado en uno de sus apartes.
“Es necesario aclarar que las medidas de la UNP tienen un carácter de temporalidad y su objetivo es salvaguardar de un riesgo a las personas que se encuentran en él, el cual es inmediato, razón por la cual no se pueden equiparar a las medidas asistenciales que brinda la Gobernación, por el contrario, son medidas que cada una cumple un objetivo diferente pero que se complementan. Existe un historial de hechos victimizantes, diferentes situaciones de riesgos y en particular amenazas colectivas e individuales recientes, como la presentada el pasado 26 de octubre contra el Movimiento y personas fundadoras del mismo”, añade el texto.
El comunicado está dirigido a Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Ministra del Interior; Pablo Elías González Mongüi, Director Unidad Nacional de Protección -UNP-; Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo; Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación; Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia; Victoria Eugenia Ramírez Vélez, Secretaria de Gobierno de Antioquia; John Jaime Zapata, Defensor del pueblo de Antioquia; a la Personería de Antioquia, al Sistema de Alertas Tempranas y a la Unidad Nacional de Protección de Medellín.
“Ustedes conocen la situación de seguridad que se ha agudizado y bastante compleja para todas las personas que habitan el municipio de Ituango, la tasa de homicidios en los últimos meses ha aumentado, así como los enfrentamientos entre grupos armados que buscan un control territorial de rutas del narcotráfico y de ubicaciones estratégicas para imponer dinámicas militares, económicas y políticas, en ese marco se identifican las amenazas que sufrieron los integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia a quienes se levanta la ruta de protección y ese contexto en vez de variar, se ha agravado, razones que son suficientes para no levantar la ruta de protección de medidas asistenciales”, agrega el escrito.
En la misiva, el Movimiento Ríos Vivos y el Colectivo de Abogados aseguran tener conocimiento “de líderes y lideresas sociales que han sido víctimas de homicidios en las últimas semanas, que es un elemento adicional que ustedes deben tener en cuenta para una toma de decisiones integral y fundamentada de acuerdo a estas realidades”.
“Responsabilizamos al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; a la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez Vélez, y a los funcionarios responsables de la Política Nacional de Derechos Humanos sobre cualquier situación irregular que se pueda presentar con el levantamiento de rutas de protección a los integrantes del Movimiento en situación de riesgo”, dice el comunicado.
En el comunicado se solicita, como garantías mínimas de protección:
*Que se mantengan las medidas actuales otorgadas por la Gobernación hasta que no se demuestre que defensores y defensoras, líderes y lideresas no están en ningún tipo de riesgo. En caso de que los saquen por la fuerza del sitio de protección que se otorgó a algunos de los líderes del Movimiento, como se les anunció con el uso de la Policía, se inicie una investigación disciplinaria de inmediato en contra de la secretaria de Gobierno y el Gobernador de Antioquia “por incumplir con su obligación de protección hacia los defensores y defensoras de derechos humanos”.
*Al Ministerio del Interior solicitan que garantice la implementación del Plan de Protección del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
*A la Unidad Nacional de Protección instan a que garantice las medidas colectivas e individuales que se han otorgado al Movimiento y que se agilicen los procesos de solicitudes y evaluaciones que se están realizando.