En menos de 48 horas, entre el miércoles 26 y el jueves 27 de julio, fueron asesinadas 10 personas. Los hechos del miércoles ocurrieron en Santa Mónica, Castilla, Loreto y el centro: Edwin Fernando Rendón Restrepo, apuñalado y dejado en el baúl de su carro; Brayan Enrique Guzmán Herrera, asesinado y arrojado desde un carro en el sector de Loreto; el Zarco fue apuñalado en la zona del centro; y Jhon Alejandro Ortiz Muñoz, conocido como Paíto, fue asesinado delante de su novia en el sector del parque Los Tanques, en Santa Mónica.
Las seis víctimas del jueves fueron: dos hombres, con signos de tortura y envueltos en papel chicle, hallados dentro de un taxi en el sector de Carlos E. Restrepo; un hombre de 32 años que habría hecho parte de Los Chivos; Manuel Jaime Arango, rector del colegio Rafael Uribe Uribe de Campo Valdés; en Belén Altavista fue asesinado un hombre de 24 años, quien fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta; y un menor de edad que no ha sido identificado.
El reacomodamiento de algunas estructuras criminales como la Oficina del Doce de Octubre, BJ o Chamizos, La Terraza, Los Chatas, Pesebreros y la confrontación entre Los Chivos —disidencia de las AGC—, enfrentados, por un lado, a la banda de Mano de Dios, que trabaja con sus antiguos patrones y que se ubica en la mayor parte del corregimiento de Altavista, y por el otro lado, ya en la parte alta de la comuna 16 (Belén), ad portas de entrar a una confrontación con los Pájaros Pesebreros.
De igual manera, la recomposición de zonas de expendio de droga y comercio de contrabando por parte de las Convivir, en la comuna 10, ha dejado una estela de muerte que al 28 de julio deja un saldo de 301 homicidios, 4 menos que en el mismo periodo de 2016 (305), siendo julio el mes con mayores índices: 52 en total.
Las preocupaciones sobre qué sucede con la persecución del crimen en la ciudad, a pocos meses de la visita del papa Francisco, evento que pondrá los ojos del mundo en Medellín, se han empezado a escuchar en figuras públicas como el concejal Jaime Mejía, del Centro Democrático. En junio, el alcalde Federico Gutiérrez había anunciado a los medios la reducción de homicidios en un 30 %.
«Víctimas, víctimas y más víctimas es el resultado de la seguridad de nuestra ciudad», publicó Mejía en su cuenta de Twitter. Las respuestas de la institucionalidad a la lucha contra el crimen, aunque se han realizado operativos como el de los 26 judicializados de la banda Los Cocuelos, que delinquía en la comuna 10 y la captura de 32 integrantes de los combos de La Agonía y San Pablo, sigue siendo débil.
Extranjeros, taxistas, comerciantes y transeúntes se cuentan entre las víctimas de la criminalidad. Dennis Ruckel, procedente de Estados Unidos, fue encontrado sin vida el 23 de julio en un apartamento del barrio Libertadores, comuna 11; Joseph Francis Moore, procedente de Irlanda, fue encontrado el 2 de mayo en la quebrada La Chapola, en Caldas, con la cabeza envuelta el papel chicle y atado de pies y manos. Estos no han sido los únicos extranjeros víctimas del crimen. En febrero fue asesinado a bala el turco Erdinc Alper Yildiz cuando se dirigía en un taxi hacia el centro comercial El Tesoro. En marzo fue apuñalado en un hotel del centro el estadounidense Albert Worth Hansen Jr., quien sobrevivió.
Por el lado de los taxistas, además de tener que pagar extorsiones y atracos, suman hasta el momento 10 homicidios. La más reciente víctima fue Mario León Osorio Gómez, de 62 años, a quien le propinaron seis puñaladas cuando circulaba en el sector de San Diego.
Una de las mayores preocupaciones de inseguridad de la ciudad son las casas de pique y tortura que se asocian a la desaparición forzada y que nunca habían estado tan movidas; a estas han sido llevadas las últimas víctimas, como los dos cuerpos hallados en la zona residencial del barrio Carlos E. Restrepo en la madrugada del jueves 27 de julio.
El 2015 cerró con la cifra de 24 cuerpos desmembrados, como lo denunció en su momento Luis Fernando Quijano Moreno, director de Corpades, a Semana: «No son como las casas que hay en Buenaventura en las que pican y tiran los cuerpos al mar, acá son de tortura porque aplican asfixia mecánica, a algunos los matan con armas contundentes, a otros a puñal, a otros con tiros, a otros les aplican desmembramiento».
De acuerdo con información recolectada por la Agencia de Prensa Análisis Urbano, en Medellín y su área metropolitana existirían las siguientes casas de tortura: Casa de las Muñecas, en Envigado, cerca de la antigua Catedral; El Matadero, en Caldas; La Ratonera, en Aranjuez; la de San Pedro de la Loma, en San Cristóbal; la de Lovaina; y algunas en el centro de Medellín y en las riberas del río, además de las que funcionan en algunas ladrilleras, en donde los pican y los echan al horno.
En 2016 las cifras de homicidios también iban en aumento, como lo publicamos en febrero en el portal Las 2 Orillas, cuando entre los días 6 y 8 aparecieron tres cuerpos desmembrados. Uno en bolsas de basura, otro envuelto en sábanas y dentro de una maleta, y otro más envuelto en plástico y amarrado con una soga.
Homicidios, vacunas, pagadiarios, fleteos, casas de tortura, desapariciones, desplazamientos forzados y persecución a los taxistas son muestra fehaciente de que la institucionalidad, que no es solo Federico Gutiérrez, debe rodear realmente al alcalde para juntos redireccionar la estrategia de seguridad que todavía hoy sigue vigente y así poder obtener mejores logros en la lucha contra el crimen.
Porque en últimas, ¿quién captura? La policía. ¿Quién judicializa? La Fiscalía. ¿Y quién termina presentando los resultados positivos o negativos? El alcalde, quien además define los recursos para combatir el crimen.
Si en realidad en Medellín buscamos implementar una política de sometimiento a la justicia de la criminalidad, lo primero que se debe hacer es no bajar la guardia en su persecución.
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