¿Qué es el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH?
El GIDH es una organización no gubernamental, con sede en la ciudad de Medellín (Colombia), formada por un grupo de personas que trabajan en diversas disciplinas, cuyo fin principal es el logro del respeto y la garantía por parte del Estado, de los derechos humanos para todas las personas.
El GIDH es jurídicamente una corporación sin ánimo de lucro, que realiza parte de su trabajo con ánimo de voluntariado, con la intención de mantener un espíritu de solidaridad en materia de derechos humanos.
Fue creado jurídicamente en el mes de junio de 2000, por el grupo de defensores de Derechos Humanos que hasta ese momento eran el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos «Héctor Abad Gómez» . La experiencia en derechos humanos está fundada en años de trabajo voluntario como defensores, la que inicialmente se dio mediante el acompañamiento y asesoramiento a víctimas de tortura y detenciones ilegales a finales de la década de los años setenta; época en que varios de los actuales miembros participaron al lado de humanistas como el médico Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle Jaramillo, en la creación e impulso de las primeras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos tanto en Antioquia como en el ámbito nacional.
El Grupo Interdisciplinario GIDH ha sido el Representante de las familias de los niños del Barrio Villatina de la ciudad de Medellín, asesinados por la Policía Nacional en 1992. Proceso que concluyó con el reconocimiento de responsabilidad del Estado de Colombia y con la obligación de reparar a las familias y a la comunidad, lo que incluyó el Monumento «Los Niños de Villatina» ubicado en el Parque El Periodista de la misma ciudad.
El GIDH ha presentado más de 25 peticiones ante el Sistema Interamericano, en representación de más de 1.200 víctimas. Los casos de las masacres de «La Granja» y «El Aro», acumulados bajo el nombre de «Masacres de Ituango» tuvieron Sentencia de la Corte Interamericana el 1º de julio de 2006, en la que se declaró la responsabilidad del Estado de Colombia por los hechos denunciados.
El Caso ante el Sistema Interamericano del defensor Jesús María Valle Jaramillo, Presidente de la organización (antes de constituirse como GIDH) fue fallado por la Corte el 24 de noviembre de 2008, igualmente declarando responsable al Estado de Colombia.
El GIDH acompaña a varios líderes populares en el trámite de Medidas Cautelares y Medidas Provisionales decretadas por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana respectivamente. Igualmente es el representante de varios Fiscales y de tres Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante la Comisión Interamericana en el trámite de Medidas Cautelares.
Comunicado público
Medellín, mayo 24 de 2013.
A la comunidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
a las víctimas que acompañamos
En noviembre de 2012, el GIDH le entregó al Gobierno nacional y a la Fiscalía General, información documentada sobre un atentado que se ejecutaría en contra del GIDH, así como información sobre labores de hostigamiento telefónico e interceptación de comunicaciones. En ese momento se solicitó del gobierno nacional que se iniciara de inmediato una investigación pronta, adecuada y efectiva para la búsqueda y captura de los implicados que estaban individualizados, con el fin de desactivar el riesgo inminente. El gobierno nacional asumió compromisos que nunca cumplió, por lo que ante la falta de apoyo efectivo, cerramos temporalmente la sede en ese momento. El ente investigador se demoró más de 2 meses para iniciar las primeras pesquisas, las cuales se emprendieron sin ningún interés que condujera a un resultado. La inminencia y seriedad de las amenazas propició el retiro del GIDH, de uno de los miembros voluntarios más activos en los últimos años.
En contraste con la inactividad de la Fiscalía y el Gobierno nacional para la protección de nuestro derecho a la vida y a la defensa de los derechos humanos, dos integrantes del GIDH han tenido que enfrentar, un hostigamiento sin tregua por parte del ente investigador, con ocasión de falsas denuncias presentadas por una sola persona relacionada con una de las víctimas del Caso Masacres de Ituango, coordinadas desde distintos municipios del Departamento, cuyos verdaderos propósitos desconocemos. No solamente se omite la regla y garantía procesal de unificar la investigación, sino que las expresiones de los funcionarios judiciales indican que han decidido aplicar una especie de Principio de «Presunción de culpabilidad» hacia los integrantes del GIDH. En el trámite de las indagaciones se han recibido declaraciones de decenas de víctimas, controvirtiendo los fundamentos de las denuncias, que no han encontrado eco en los funcionarios judiciales para verificar la inexistencia de los presupuestos para mantener las investigaciones abiertas.
Ante la inoperancia e indiferencia de la Fiscalía General y del Estado de Colombia para proteger nuestras vidas, de la misma forma que lo fue para no proteger la vida de nuestro compañero Jesús María Valle Jaramillo, nos vemos en la imperiosa obligación de cerrar por tiempo indefinido nuestra sede en la ciudad de Medellín.
Nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos no depende del permiso que nos den los asesinos ni de los que buscan oscuros beneficios; no depende del policía que pasa cada tres días por el frente de nuestra oficina supuestamente realizando vigilancia; no depende de acuerdos con el Estado que nunca cumple, no depende de la justicia que nunca arrima. Nuestro compromiso es y ha sido con las mujeres ultrajadas y violentadas, con los desposeídos y desplazados, con los niños y niñas abusados y maltratados, con las víctimas del Estado sin hacer distinción entre ellas. Nuestro compromiso no depende de una sede abierta.