Léase bien: No hacemos apología al delito, no es nuestro estilo. Ni defendemos bandidos, ni criminales, ni ilegales. Está claro, es de ley, que la presunción de inocencia es un principio que rige en Colombia.
El artículo 29, inciso 4 de la Constitución Política, así lo recoge: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.
Todos tenemos derecho a un debido proceso. En nuestro ordenamiento jurídico no se admite excepción alguna. Tras ser vencidos en juicio se podrá predicar que x o y fueron hallados culpables de una acción ilícita, contraria a la norma. Mientras tanto, todos somos inocentes.
También es cierto que en Colombia no se le niega una demanda a nadie. Y menos una investigación. El hecho de que la Fiscalía inicie de oficio o por denuncia una investigación no significa que aquel a quien investiga, per se, es culpable. No.
En consecuencia, hoy nos solidarizamos con los Supermercados Cundinamarca y los Mora Urrea de Cabrera. A ellos se les abrió una investigación. La Fiscalía tiene elementos de prueba que la impulsaron a iniciar la indagación.
Pero no sabemos aún si esas pruebas serán determinantes. En Cundinamarca, de donde es originaria esta trabajadora familia, que se inició en las actividades comerciales con una humilde tienda en el Páramo del Sumapaz, hecha de tablas, donde fiaban a los campesinos de la región, por el esfuerzo y visión de Norberto Mora, un campesino sumapaceño, quienes los conocen están asombrados por lo que ha sucedido, lo que han mostrado los medios de comunicación.
Quienes los conocen bien, los defienden. Quienes no, dan total crédito a las noticias y sin siquiera un poco de duda, les reprochan, los condenan.
Esta familia, poco a poco y con grandes deudas en los bancos, que aún no ha podido pagar, levantaron un primer almacén y se expandieron luego gracias a esos préstamos. Son, o eran hasta hace un par de días, la cadena de supermercados más populares en Cundinamarca.
Decenas de familias obtenían su sustento gracias al empleo que allí consiguieron y que conservaron hasta que la Fiscalía se pronunció. Pero no solo ellos, proveedores, vigilantes, transporte, y hasta la Dian y el Estado obtenían recursos que la actividad comercial adelantada en los supermercados arrojaba.
Paneleras, arroceras, lecheras, empresas de empaques, etcétera, ahora tendrán que despedir a muchos de sus empleados. Y, esperemos que no, cerrar sus microempresas. Ellos dependían de la actividad comercial de los Supercundi, Merkandrea y MercaFusa.
De lo que informan los noticieros, sabemos que las pruebas en contra de estas familias trabajadoras, condenadas por algunos medios de información, son un par de testimonios de algunos pocos desmovilizados de las Farc.
El Ejército Nacional obtuvo los relatos de esos desmovilizados. La Fiscalía conoció estas versiones e inició la indagación. Es la tarea del ente investigador. Lo sabemos. El problema es el manejo que se da a la investigación. Se ventila a los medios sin calcular el enorme daño que se causa.
Análisis Urbano tiene conocimiento de la vida que llevan muchos de estos “informantes”. Viven bien, con privilegios. Todo a cambio de hablar, de decir algo que aún no se comprueba, que debe tomarse con beneficio de inventario, como seguramente lo debe hacer una institución seria sobre quien recae la carga de la prueba.
Esos testimonios deben ser revisados con lupa para determinar si son veraces o falsos. Esperamos que el fallo en este proceso pueda favorecer a esa familia empresaria del Sumapaz.
Guardamos la esperanza, así como sus miles de empleados, que pronto se resuelva este asunto. Que la familia Mora demuestre su inocencia en un juicio justo, limpio, equitativo y legal. Que pase la página y reinicie sus actividades comerciales, construyendo país, haciendo patria, como lo hizo hasta que se vio enlodada por versiones que todavía no están plenamente confirmadas.
Nadie, por cierto, se ha pronunciado por el saqueo del que fueron objeto sus almacenes. Claro, eso no es objeto de investigación.
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