Después de conocerse el escándalo por supuestos perfilamientos a cerca de 130 personas por parte de la inteligencia del Ejército, la Comisión de la Verdad pidió al Ministerio de Defensa acceso a los documentos sobre estos hechos.
Aunque diversas voces cuestionan que esa entidad tenga competencia, su presidente, Francisco de Roux, explica que no la solicitaron jurídicamente porque no es su naturaleza y que se preguntan si estas prácticas significan una “continuidad” de prácticas relacionadas con el conflicto.
Varias personas coinciden en señalar que la Comisión no tiene competencia para pedir información sobre hechos recientes, sino hasta 2016. ¿Por qué se pide al Ejército la información sobre los “perfilamientos” hechos?
El mandato de la Comisión establece la necesidad de esclarecer los factores de persistencia del conflicto y trabajar en el establecimiento de condiciones para la No-Repetición. Para la Comisión está claro que el conflicto ha continuado, y nos preguntamos si los “perfilamientos” se inscriben en esa continuidad.
La Comisión estudia, por mandato, violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que constituyan patrones que prevalecen en el tiempo; y que en el caso de acciones ilegales de inteligencia han dado lugar a judicializaciones, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos, algunos de ellos esclarecidos y con condenas por parte de la justicia colombiana y en ocasiones por la justicia internacional, como en el caso del senador Manuel Cepeda Vargas.
Por otra, la Comisión no pretende competencia para “conocer jurídicamente”. No somos instancia jurídica. La Comisión no es juez de nadie. Su tarea es el esclarecimiento de la verdad histórica, política y de ética pública para mostrar caminos de no repetición. Con base en estos puntos hacemos la solicitud al Ministerio de Defensa en los términos del protocolo que hemos suscrito con el mismo.
¿Se hace una petición de buena fe, en el sentido de esperar que el Ministerio de Defensa transparente a través de la Comisión lo sucedido en este caso?
Sí, hemos estado dialogando con el Ministro y con los altos mandos y queremos, de buena fe, profundizar este diálogo. La pregunta que se hace la Comisión y la sociedad es por qué hechos de este tipo se repiten a lo largo del tiempo, a pesar de que se toman medidas administrativas puntuales.
Pensamos que hay un problema grave que no es de doctrina ni de normas –el Ejército las tiene y son claras–, sino un problema profundo de ética institucional que tiene que estar como ley interior de dignidad en cada conciencia personal y tiene que ser cuidada por todo el cuerpo, uno a uno, como un baluarte del alma, invulnerable.
Si no hay eso hay un problema estructural en el que la doctrina y las normas son inútiles.
Ahora bien, otros hechos anteriores sí entrarían en la competencia temporal de la Comisión, como las interceptaciones al proceso de paz en la campaña presidencial del 2014. ¿La Comisión avanza en conocer de este hecho? ¿Tiene información en su poder?
La Comisión tiene la tarea de esclarecer lo sucedido en el conflicto armado desde el dolor de las víctimas, el comportamientos de todos los actores, tanto del Estado como de las insurgencias y de terceros involucrados en el conflicto, con el propósito de ofrecer una explicación comprensiva de la tragedia y establecer responsabilidades colectivas, de las individuales se ocupa la JEP.
En este ejercicio estamos abordando temas como los señalados.
No es la primera vez que la Comisión solicita acceso a archivos de inteligencia. A estas alturas, ya debería tenerlo. ¿Han podido avanzar en la recepción y análisis de esos archivos?
La Comisión ha suscrito con el Ministerio de Defensa, después de un largo proceso de conversaciones, el acuerdo y los protocolos destinados a facilitar el acceso a la información clasificada, calificada o reservada, incluida la contenida en documentos de inteligencia y contrainteligencia, en los términos definidos por la Corte Constitucional y estipulados en el decreto 588 de 2017.
Hemos hecho ya varias solicitudes. No hemos logrado la respuesta que esperábamos, aunque tenemos varias instancias de conversación y de recepción de libros y estudios producidos por las distintas Fuerzas. Esperamos despejar el camino hacia la información reservada.
¿Cómo establece la Comisión la relación entre estas prácticas y el conflicto?
Tenemos muchas preguntas al respecto, sin juicios hasta ahora. Recuerde que la Comisión establece responsabilidades políticas, éticas e históricas, y en ese terreno hay muchos interrogantes.
Por ejemplo si el perfilamiento de periodistas tiene que ver con sus publicaciones sobre hechos del conflicto. Es el caso de Rutas del Conflicto, un proyecto de periodismo joven, independiente, especializado en temas del conflicto, que incluso ha participado en actividades de la Comisión.
La pregunta sobre por qué ha sido “perfilado” este equipo nos interesa. ¿El “perfilamiento” de periodistas del New York Times tiene que ver con los cubrimientos que han hecho del proceso de paz y de las ejecuciones extrajudiciales? ¿Por qué ciertas organizaciones de derechos humanos sistemáticamente aparecen en archivos de inteligencia bajo el estigma de tener nexos con los grupos insurgentes?
También nos preocupa que personas que han participado en procesos de paz y de dejación de armas, y ahora ejercen la política, sean perfilados dentro del marco de una inteligencia que se supone está buscando establecer las estructuras clandestinas de los grupos armados.
¿Se ha establecido desde cuándo ocurren en Colombia prácticas de seguimiento a civiles? ¿Momentos como el Estatuto de Seguridad o incluso anteriores están bajo la lupa de la Comisión?
La Comisión ha definido su tarea desde 1958 y considera además que, como lo dicen diversos analistas, hechos anteriores a esta fecha, como por ejemplo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los hechos políticos que lo precedieron ofrecen pistas investigativas que dan cuenta de contextos que prefigurarían lo que después sería el conflicto armado interno.
Efectivamente tenemos testimonios y datos de hechos que se remontan a los años 60, cuando se fundaron las guerrillas y por supuesto al Estatuto de Seguridad a finales de los años 70 y en general las características del conflicto durante el régimen de Estado de Sitio, que suscitan todo nuestro interés.
Muchas víctimas se han referido a hechos que se dieron en ese contexto. Muchas de ellas hoy en el exilio.
¿Se relacionan estigmatizaciones hechas por personas poderosas al llamar “guerrilleros vestidos de civil” a defensores de derechos humanos con estas prácticas de perfilamiento al parecer ilegal?
La estigmatización es uno de los patrones más fuertes que hemos encontrado y estamos analizando cómo los señalamientos a las personas pudieron influir en la victimización.
Hay casos sobre los que la justicia ya se ha pronunciado, como el del profesor Alfredo Correa de Andreis, en el que pasó de ser «perfilado» como guerrillero de civil a ser detenido arbitrariamente, y luego asesinado.
La Comisión se está preguntando e investigando por el papel de los discursos y las estigmatización en la persistencia del conflicto armado. Note que en el conflicto la estigmatización es de todos los lados. Por una operación de “inteligencia”, las Farc deciden que hay que entrar con bombas a Granada, Antioquia, y hace la masacre de diciembre del 2000.
Por otra operación de “inteligencia”, el bloque central Bolívar decide que San Pablo, Bolívar, es un pueblo amigo de la guerrilla y hace la masacre en enero de 1999.
San Carlos, en Antioquia, vivió 23 masacres de los paramilitares y 6 de las Farc precedidas por “informes de inteligencia” de los mismos grupos sobre las lealtades que había en el pueblo. Son las realidades de la guerra que queremos ver terminada.
¿Creen que siguen vigentes doctrinas como la del “enemigo interno” y la “seguridad nacional” en prácticas que ven a quien critica como un blanco de perfilamientos?
La Comisión se encuentra en una fase de investigación. Estamos siguiendo una ruta rigurosa; por lo tanto, hasta ahora no podemos afirmar nada.
Pero puedo decirle que lo que usted menciona hace parte de las preguntas que nos estamos formulando, y de la conversación franca que quisiéramos tener con los organismos de seguridad y defensa.
En su mandato está formular recomendaciones para la convivencia democrática en el país, ¿consideran en esas recomendaciones revisar o reformar las doctrinas del Ejército que permiten o incentivan de alguna manera estos seguimientos a civiles?
Aquí tengo que insistir en que para nosotros en la Comisión las Fuerzas Militares no son un objeto de estudio en sí mismas, sino en el contexto de nuestro mandato de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición y que nos preocupa su legitimidad. Legitimidad basada en la ética interna y en la confianza.
Aquí hay aspectos del más alto sentido político. La gente tiene que confiar en que los gobiernos actúan por el bien común, que cumplen con el espíritu de la Constitución. Confiar en que el Congreso legisla para todos y no para grupos de poder. Que la justicia es independiente, equilibrada y oportuna.
Y que las Fuerzas Militares están para garantizar la seguridad de todos y no para vigilar a quienes disienten o critican. Las recomendaciones tendrán que encaminarse a proponer caminos para que esa confianza se restablezca y para que se hagan las transformaciones éticas y políticas necesarias.
Todos tenemos que cambiar si queremos que Colombia salga del ciclo de violencia en el que ha estado hace décadas.
¿Cómo entender como sociedad que la crítica es un ejercicio democrático y no un ataque a la institucionalidad democrática, un debate que parece repetirse en el país?
Colombia se ha construido como Nación en medio del conflicto armado interno. Hemos avanzado mucho. Algo va del Estatuto de Seguridad de los años 70 a la realidad que vivimos hoy.
Sin embargo, en cultura política, tenemos mucho que aprender sobre el pluralismo, sobre la diversidad de opiniones, sobre la necesidad de que haya oposición y libertad de expresión. La Constitución de 1991 y las leyes colombianas son muy claras en estas garantías, pero hay prácticas que opacan el brillo de esas normas.
Prácticas que hay que poner sobre la mesa con toda transparencia para que podamos superarlas. Máxime si son prácticas que vienen de adentro de las propias instituciones.
Por eso es importante que las propias instituciones actúen como lo han hecho en esta ocasión y avancen en transparencia y profundidad en las investigaciones.
Tomado de El Tiempo
