Alias ‘Chico’ judicializado en Cartagena por tráfico de armas y estupefacientes
David Orlando fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Cartagena, Colombia, 19 febrero de 2026. – La Fiscalía General de la Nación judicializó a David Orlando L.C., alias ‘Chico’, de 21 años, presuntamente involucrado en el tráfico de armas y estupefacientes en Cartagena, Bolívar. La decisión fue tomada por un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario.
Captura durante allanamiento en San Pedro Mártir
El operativo, que fue adelantado por la Policía Nacional, tuvo lugar el 4 de febrero en el barrio San Pedro Mártir de Cartagena. Durante el allanamiento a la vivienda de alias ‘Chico’, las autoridades encontraron un arma de fuego, dos proveedores y cuatro cartuchos calibre 9 milímetros, además de marihuana, lo que dio pie a su captura.
Imputación de cargos
David Orlando fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos presentados en su contra durante la diligencia judicial.
Compromiso de la Fiscalía y Policía Nacional
Con esta judicialización, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan su lucha contra el tráfico de armas y drogas, que sigue siendo uno de los mayores flagelos para la seguridad de los ciudadanos en Cartagena y otras regiones del país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.