Argentina y Reino Unido se enfrentarán ante el Tribunal del Mar por la explotación de petróleo en las Malvinas
Argentina y Reino Unido acudirán al Tribunal del Mar el 10 y 11 de noviembre por la explotación petrolera en Malvinas. Buenos Aires busca frenar Sea Lion.
ARGENTINA, 20 de octubre de 2026. – El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, Alemania, programó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias en las que Argentina y Reino Unido expondrán sus argumentos sobre la explotación de petróleo en las islas Malvinas, un territorio administrado por Londres cuya soberanía reclama Buenos Aires.
La controversia se concentra en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en el Atlántico Sur, donde empresas internacionales preparan operaciones de extracción de crudo que Argentina busca detener mediante medidas provisionales.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, el presidente del tribunal, Maurice Kamga, firmó este martes 20 de octubre la orden que establece las fechas de las audiencias, luego de que el Gobierno de Javier Milei presentara una solicitud urgente para impedir el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar el fondo de la controversia.
Las sesiones serán públicas, se desarrollarán en la sede del organismo internacional y podrán seguirse mediante transmisión en directo por internet.
La solicitud argentina fue presentada formalmente el 13 de octubre, con fundamento en el artículo 290, apartado 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la adopción de medidas provisionales cuando todavía no se ha constituido un tribunal arbitral y existen circunstancias que requieren una intervención urgente.
Como detalló Deutsche Welle (DW), Buenos Aires pretende que el Reino Unido suspenda las actividades de explotación petrolera, evite utilizar información obtenida durante las exploraciones que pueda afectar los derechos argentinos y se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones que agraven la disputa.
El Gobierno argentino también sostiene que las actividades impulsadas por Londres dificultan el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la protección y conservación del medio marino en las áreas objeto de controversia.
El proyecto Sea Lion está situado aproximadamente a 200 kilómetros al norte de las islas Malvinas. Su desarrollo está encabezado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 % de participación, mientras la británica Rockhopper Exploration controla el 35 % restante.
Según la información empresarial recogida en los reportes periodísticos, las primeras actividades de perforación están previstas para comienzos de 2027 y el inicio de la producción petrolera se proyecta para el primer trimestre de 2028.
La iniciativa contempla la perforación de 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, además de infraestructura submarina y un buque destinado a la producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
Uno de los principales argumentos presentados por Argentina se relaciona con los posibles efectos ambientales de estas operaciones.
Según la documentación judicial reseñada por Infobae, la presentación argentina incorpora antecedentes técnicos que advierten sobre la posibilidad de que un derrame petrolero alcance aguas argentinas. Entre ellos figura un plan de contingencia elaborado por Premier Oil, que contempla distintos escenarios de desplazamiento del crudo hacia áreas marítimas cercanas.
El Gobierno de Milei considera que esos riesgos justifican una intervención preventiva del tribunal, independientemente de la controversia histórica sobre la soberanía de las islas.
En ese sentido, Argentina sostiene que las obligaciones internacionales de protección ambiental deben cumplirse sin importar cuál de los dos países ejerza el control territorial del archipiélago.
La disputa también incluye las licencias de explotación de hidrocarburos. El 21 de septiembre, las autoridades de las islas extendieron por cinco años varias autorizaciones vinculadas con proyectos petroleros, una decisión que Buenos Aires cuestiona por considerar que agrava las diferencias existentes.
Por su parte, el Reino Unido rechaza que el procedimiento iniciado por Argentina invalide las autorizaciones concedidas para desarrollar actividades petroleras en la zona.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por Infobae, la ministra británica Uma Kumaran sostuvo ante la Cámara de los Comunes que el inicio del arbitraje no modifica la autoridad regulatoria de las islas ni obliga a suspender las operaciones consideradas legales por Londres.
“La notificación no constituye una sentencia de un tribunal internacional. No invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas. No altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”, manifestó la funcionaria.
No obstante, el Gobierno británico reconoció que las medidas provisionales dictadas por el tribunal internacional son vinculantes para las partes y aseguró que cumple sus obligaciones internacionales.
El procedimiento judicial se desarrolla en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países por la soberanía de las Malvinas y el aprovechamiento de sus recursos naturales.
Durante las audiencias de noviembre, el tribunal deberá determinar si cuenta con competencia preliminar para intervenir, si existe suficiente urgencia y si las medidas solicitadas por Argentina resultan justificadas.
Una eventual decisión favorable a Buenos Aires tendría carácter obligatorio para las partes, aunque posteriormente podría ser modificada o dejada sin efecto por el tribunal arbitral que examine el caso de fondo.
Por ahora, la convocatoria representa un nuevo capítulo en la controversia entre Argentina y Reino Unido, esta vez centrado en los proyectos energéticos del Atlántico Sur y sus posibles consecuencias ambientales.
A.U.
Este artículo es una elaboración periodística propia de Análisis Urbano (A.U.), basada en información publicada por Infobae y Deutsche Welle (DW).