Gobierno de De La Espriella pone fin a diálogos de paz con tres grupos armados ilegales
El Gobierno de Abelardo De La Espriella terminó tres procesos de diálogo con grupos armados ilegales y avanza hacia una estrategia de mayor presión militar.
COLOMBIA 29 de agosto de 2026 – El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio por terminados formalmente tres procesos de diálogo con estructuras armadas ilegales que habían avanzado durante la administración de Gustavo Petro, consolidando un cambio en la estrategia del Estado frente a estos grupos y dando paso a una política basada en una mayor presión de las Fuerzas Militares.
Las decisiones afectan a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), estructuras que participaban en distintos escenarios de acercamiento con el Estado colombiano.
Según la información divulgada por DW, el Ejecutivo formalizó la terminación de estos procesos como parte de la nueva orientación adoptada por la administración de De La Espriella frente a los grupos armados ilegales. La decisión representa un distanciamiento de la política de “paz total” promovida durante el Gobierno anterior.
El cambio no resulta inesperado. Desde su llegada al poder, De La Espriella había dejado clara su posición frente a la continuidad de las negociaciones. Durante su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto, aseguró que la opción del diálogo estaba agotada, anticipando así una política de seguridad diferente frente a las organizaciones que continúan desarrollando acciones armadas.
De acuerdo con teleSUR, que cita información de Prensa Latina, el Gobierno justificó la terminación de las mesas por la que considera una “falta de voluntad” de estas estructuras para alcanzar compromisos verificables dentro de los procesos adelantados con el Estado.
La determinación no se limita al cierre administrativo de los espacios de negociación. Paralelamente, las autoridades han incrementado las operaciones militares contra algunas de las estructuras afectadas por las nuevas disposiciones gubernamentales.
Uno de los episodios recientes se produjo en Guaviare, donde las Fuerzas Militares bombardearon posiciones del EMBF, facción comandada por alias Calarcá. Según teleSUR, el balance preliminar de esa operación señalaba alrededor de una decena de bajas en la región suroriental del país.
El cierre de los procesos representa una ruptura con uno de los principales componentes de la política implementada durante el Gobierno de Gustavo Petro entre 2022 y 2026, cuando el Ejecutivo buscó abrir simultáneamente espacios de negociación y acercamientos con diferentes organizaciones armadas.
La administración de De La Espriella ha optado por modificar ese enfoque y fortalecer la actuación de la Fuerza Pública contra las estructuras que, según la evaluación gubernamental, no demostraron voluntad suficiente para alcanzar acuerdos verificables.
A esta transformación se suma la decisión de avanzar con extradiciones hacia Estados Unidos de personas que estuvieron vinculadas de alguna manera con procesos anteriores y que permanecían privadas de la libertad.
Según el reporte de teleSUR, entre los requeridos se encuentran Willington Henao, alias El Mocho Olmedo, perteneciente al Frente 33; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, vinculado a las ACSN, y Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, relacionado con los Comandos de la Frontera.
La relación de personas requeridas también incluye a Gabriel Yepes, alias H.H., líder de Comuneros del Sur, y Freddy Castillo, alias Pinocho, señalado como máximo líder de las ACSN y hermano de alias Muñeca. De acuerdo con la información publicada, se desconoce actualmente el paradero de este último.
Estas medidas muestran que la terminación de los diálogos forma parte de una modificación más amplia de la política gubernamental frente a las organizaciones armadas ilegales. El Ejecutivo busca reemplazar progresivamente los escenarios de negociación que considera agotados por una estrategia de presión institucional y militar.
La decisión abre al mismo tiempo interrogantes sobre el futuro de los territorios donde tienen presencia las estructuras involucradas. El cierre de una mesa de negociación no implica por sí mismo la desaparición de los grupos ni de las disputas territoriales, por lo que el desarrollo de la nueva estrategia dependerá de la capacidad del Estado para enfrentar esas organizaciones y proteger a las comunidades.
También será determinante observar las consecuencias humanitarias y de seguridad que pueda tener la intensificación de las operaciones militares en las regiones donde permanecen activas estas estructuras.
Con la cancelación formal de los tres procesos, el Gobierno de Abelardo De La Espriella profundiza así uno de los principales cambios frente a la administración anterior: el abandono de negociaciones que considera sin resultados verificables y el fortalecimiento de una política orientada a ejercer mayor presión contra los grupos armados ilegales que continúan operando en diferentes regiones de Colombia.
Con información de DW y teleSur.
A.U.