De la Espriella ordena deportar migrantes irregulares y crece la incertidumbre entre venezolanos en Colombia
De la Espriella ordenó operativos contra migrantes irregulares y deportaciones en Colombia, una medida que genera incertidumbre entre la población venezolana.
BOGOTÁ, COLOMBIA 26 de agosto de 2026 – El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella inició un endurecimiento de la política migratoria en Colombia al ordenar operativos para identificar y deportar a extranjeros vinculados con delitos y a quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación. La medida abre un nuevo escenario para la población venezolana, la comunidad migrante más numerosa del país.
Según información publicada por DW, De la Espriella instruyó a Migración Colombia y a la Policía para comenzar los procedimientos esta semana. El mandatario estableció como primera prioridad a los extranjeros que estén cometiendo delitos y, en segundo lugar, a quienes permanezcan de manera irregular en territorio colombiano.
El anuncio fue realizado durante un consejo de seguridad en Barranquilla. Allí, el presidente sostuvo que su Gobierno no permitirá la permanencia de extranjeros que estén involucrados en actividades delictivas y aseguró que serán deportados. La orden también comprende a personas que no tengan regularizado su estatus migratorio.
El nuevo enfoque genera especial incertidumbre entre los venezolanos. De acuerdo con información publicada por France 24, alrededor de 2,8 millones de ciudadanos de Venezuela viven actualmente en Colombia, país que durante años ha sido el principal receptor regional de personas que abandonaron el vecino territorio en medio de su prolongada crisis.
Dentro de esa población existe un amplio grupo que no ha conseguido regularizar su permanencia. Datos públicos de Migración Colombia citados en reportes sobre la medida indican que más de 527.000 venezolanos ingresaron o permanecen en Colombia sin cumplir actualmente con la normativa migratoria.
La situación de los menores es uno de los puntos que genera mayor preocupación. El Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario estima que más de 193.000 niños y adolescentes venezolanos se encuentran en condición migratoria irregular, una población que, por su edad, está sujeta a especial protección.
El debate también está relacionado con las posibilidades disponibles para regularizarse. Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, explicó que el Estatuto Temporal de Protección, mecanismo utilizado durante los gobiernos anteriores para facilitar la regularización de venezolanos, permanece cerrado para nuevas solicitudes desde hace más de tres años. La organización plantea que el Gobierno debería abrir nuevamente alternativas para quienes buscan normalizar su situación.
La orden de De la Espriella supone un cambio frente al enfoque adoptado por Colombia durante buena parte de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos. Durante el gobierno de Iván Duque se puso en marcha el Estatuto Temporal de Protección, que permitió regularizar a una parte significativa de esta población y facilitar su acceso a servicios y oportunidades laborales.
Otro interrogante es la capacidad operativa para ejecutar deportaciones a gran escala. Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que la extensa frontera entre Colombia y Venezuela, de más de 2.200 kilómetros y con numerosos pasos irregulares, dificulta una política basada únicamente en expulsiones.
El experto sostuvo que una persona deportada podría volver a ingresar irregularmente después de que el Estado colombiano haya destinado recursos para trasladarla hasta la frontera. Por esta razón, considera que uno de los principales desafíos continúa siendo la regularización de la población migrante.
Las organizaciones que trabajan con venezolanos también han advertido sobre un posible incremento de la xenofobia. Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, expresó preocupación por el impacto que el debate sobre deportaciones puede tener sobre la percepción pública de toda la comunidad migrante.
El anuncio migratorio forma parte de una estrategia de seguridad más amplia del nuevo Gobierno. Según el reporte de DW, De la Espriella también ordenó reforzar en Barranquilla el sistema de recompensas y la red de cooperantes, además de realizar traslados de reclusos para impedir que las cárceles sean utilizadas como centros desde los cuales se coordinan extorsiones.
El Gobierno deberá ahora definir cómo se desarrollarán los procedimientos migratorios y qué garantías serán aplicadas en cada caso. La implementación será especialmente relevante para los venezolanos que carecen de documentación regular, pero que llevan años establecidos en Colombia y han construido vínculos familiares, laborales y sociales en el país.
El cambio de política deja así dos asuntos en el centro del debate: por un lado, la decisión gubernamental de actuar contra extranjeros vinculados con actividades delictivas y personas en situación irregular; por otro, el futuro de cientos de miles de venezolanos que no han logrado regularizar su permanencia y que ahora enfrentan un escenario migratorio más restrictivo.
Con información de DW y France 24.
A.U.