Condenan a hombre por hurtos en establecimientos comerciales de Bogotá
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Recibió una pena de ocho años de prisión por hurto agravado y calificado.
Bogotá, Colombia. 23 de Octubre de 2025. –La Fiscalía General de la Nación consiguió la condena de Rafael Andrés Ortega Céspedes, responsable de varios hurtos en establecimientos comerciales de Bogotá. El hombre deberá cumplir una pena de ocho años de prisión por hurto agravado y calificado, después de que se demostrara su participación en los hechos.
Según la investigación dirigida por un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, Ortega Céspedes usaba un arma de fuego para intimidar a empleados y clientes. De esa forma lograba apropiarse de dinero en efectivo y objetos de valor. Cuatro víctimas denunciaron los hechos, lo que permitió identificarlo y llevarlo ante la justicia.
Uno de los casos ocurrió el 9 de julio de 2024 en un local de apuestas ubicado en el norte de Bogotá. Allí, Ortega Céspedes agredió al vigilante del lugar y robó 11 millones de pesos, además de varios celulares de alta gama.
Las autoridades lo capturaron en febrero de 2025 en Arauca, tras un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional. Desde entonces permanece recluido en un establecimiento carcelario. Durante la audiencia, aceptó su responsabilidad en el delito, lo que llevó al juez a imponer la condena.
La Fiscalía General de la Nación reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el hurto en el país. Además, invitó a los comerciantes y ciudadanos a denunciar de manera oportuna este tipo de delitos para facilitar la acción de la justicia y evitar la impunidad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.