Directivas de Cornell, cuestionadas por censura a protestas tras denuncia de violación grupal
Profesores de Cornell denuncian intentos de censurar las protestas estudiantiles tras una denuncia de violación grupal que desató una crisis universitaria.
ESTADOS UNIDOS, 15 de octubre de 2026 – La Universidad de Cornell, en Nueva York, enfrenta una creciente crisis institucional tras la denuncia de una violación grupal contra una estudiante y los cuestionamientos a la respuesta de sus directivas. Profesores denuncian posibles restricciones a la libertad de expresión, preparan una moción de censura contra la administración universitaria y exigen cambios en el funcionamiento de las fraternidades, mientras el presidente de la institución, Michael Kotlikoff, se niega a renunciar pese a reconocer una pérdida de confianza dentro de la comunidad académica.
La controversia se originó en una denuncia presentada por una estudiante que asegura haber sido víctima de una agresión sexual durante una fiesta de la fraternidad Chi Phi, en octubre de 2024. La joven, identificada mediante el seudónimo Jane Doe para proteger su identidad, interpuso posteriormente una demanda civil contra siete integrantes de esa organización y contra la universidad, a la que cuestiona por su actuación frente al caso.
De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, con base en un reporte de la agencia EFE, profesores de Cornell denunciaron que las autoridades universitarias estarían intentando limitar las manifestaciones de estudiantes y docentes que reclaman respuestas frente a la violencia sexual y cuestionan la gestión institucional.
Julia Chang, profesora de Estudios Hispánicos y participante en las movilizaciones, expresó su preocupación por el ambiente de temor que, según ella, existe entre los alumnos que participan en las protestas.
«Los alumnos están frustrados. No tienen nada de confianza en la dirección actual de la universidad y tienen mucho miedo porque llevamos ya dos, tres años con represión de la libertad de expresión en este campus», afirmó Chang en declaraciones recogidas por EFE.
Los cuestionamientos sobre la libertad de expresión tienen antecedentes que van más allá de la denuncia de violencia sexual. Desde octubre de 2023, al menos 81 estudiantes han enfrentado expulsiones o suspensiones relacionadas con su participación en manifestaciones, entre ellas una acampada de protesta por Palestina.
Para los docentes críticos de la administración, estos antecedentes ayudan a explicar el temor de algunos estudiantes a participar en nuevas manifestaciones y el deterioro de la confianza en las autoridades universitarias.
La inconformidad también se trasladó al profesorado. Según informó El País, más de un centenar de docentes respaldaron una propuesta de moción de censura contra las directivas de Cornell, cuya votación está prevista para finales de octubre.
La iniciativa pretende expresar formalmente el rechazo a la gestión institucional del caso y reclamar reformas que permitan prevenir la violencia sexual, mejorar la atención a las víctimas y fortalecer las garantías de protección para el alumnado.
Derek Chang, profesor de Historia y uno de los promotores de la propuesta, cuestionó que la universidad no hubiera reaccionado con mayor contundencia antes de que la denuncia alcanzara repercusión pública.
«Fue necesario que llegara a los medios para que se lo tomaran en serio», manifestó en declaraciones a EFE.
Julia Chang también criticó las limitaciones que, a su juicio, enfrenta el profesorado para influir en las decisiones de la administración universitaria.
«Solo tenemos voz en los medios», señaló.
Uno de los principales puntos de discusión es el funcionamiento de las fraternidades, organizaciones estudiantiles masculinas que tienen una importante participación en la vida social de las universidades estadounidenses.
Los profesores que reclaman reformas consideran que estas agrupaciones cuentan con privilegios que deben ser revisados, especialmente por su influencia sobre las actividades sociales y las condiciones en las que se desarrollan las fiestas universitarias.
Julia Chang señaló una diferencia que considera especialmente preocupante: mientras en las sororidades, organizaciones integradas por mujeres, está prohibido el consumo de alcohol, en las fraternidades masculinas sí está permitido.
Según la docente, esa desigualdad normativa favorece que las fraternidades concentren buena parte de la actividad social del campus y tengan mayor capacidad de decisión sobre los espacios de encuentro entre estudiantes.
La profesora sostuvo que esa situación «les permite controlar la vida social de la universidad» y cuestionó la permanencia de esas diferencias.
«Es una estructura muy peligrosa y eso tiene que cambiar. Estamos en 2026», afirmó.
Los cuestionamientos no se limitan a la organización de fiestas. Los docentes también reclaman medidas de prevención de la violencia sexual, mecanismos de denuncia accesibles, protección para quienes reportan agresiones y una atención institucional adecuada durante las investigaciones.
La crisis aumentó después de que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, reconociera públicamente que no había realizado un seguimiento personal de la denuncia presentada por la estudiante en noviembre de 2024.
Según otro reporte de Caracol Radio, elaborado con información de EFE, Kotlikoff admitió en una entrevista con The New York Times que nunca habló con la denunciante cuando se presentó el caso y que tampoco preguntó cuáles habían sido las sanciones impuestas a los estudiantes señalados.
El presidente universitario explicó que evitó involucrarse directamente en los detalles de la investigación para preservar la independencia del procedimiento y la privacidad de las personas implicadas.
Sin embargo, el reconocimiento de que no hizo seguimiento a los resultados del proceso generó nuevos cuestionamientos sobre la responsabilidad de las máximas autoridades universitarias frente a una denuncia de esa gravedad.
Kotlikoff también admitió que desconocía que la estudiante había abandonado Cornell hasta que ella presentó una demanda civil en septiembre de 2026.
«He escuchado lo suficiente de la comunidad como para saber que hay una pérdida de confianza», declaró.
Pese a esa admisión, manifestó que no contempla renunciar a la presidencia de la universidad.
La investigación disciplinaria interna concluyó con la expulsión de dos de los siete estudiantes señalados, la suspensión de otros dos y la prohibición de acceso al campus para un quinto, quien ya se había graduado. Los otros dos recibieron sanciones de menor gravedad.
Los siete hombres han negado haber cometido irregularidades y, de acuerdo con la información publicada, ninguno ha sido acusado penalmente por la presunta agresión sexual.
Las sanciones adoptadas por Cornell corresponden a procedimientos disciplinarios universitarios y no equivalen a condenas penales. Por su parte, la demanda civil busca establecer las responsabilidades que la denunciante atribuye a los señalados y a la institución.
En medio de la presión pública, la universidad anunció la suspensión de las fiestas en las casas de fraternidades durante el resto del curso académico.
La medida busca convertirse en un primer paso hacia una revisión más amplia del funcionamiento de estas organizaciones y de las condiciones en las que se realizan las actividades sociales dentro del campus.
Sin embargo, para los sectores críticos de la administración, suspender temporalmente las fiestas no resuelve por sí solo los problemas relacionados con la prevención de agresiones sexuales, la atención a las denunciantes y las diferencias de poder entre las organizaciones estudiantiles.
Cornell también anunció medidas para reforzar sus procedimientos de investigación y revisar la respuesta institucional ante las denuncias de violencia sexual.
El debate continúa mientras profesores y estudiantes reclaman transformaciones que, según sostienen, deben ir más allá de las decisiones disciplinarias adoptadas después de que los casos adquieren notoriedad pública.
La votación de la moción de censura prevista para finales de octubre será uno de los próximos momentos de esta crisis. Aunque su eventual aprobación no implicaría automáticamente la destitución del presidente universitario, permitiría conocer formalmente el nivel de rechazo del profesorado a la gestión de las directivas.
Mientras tanto, Michael Kotlikoff permanece en el cargo y la Universidad de Cornell enfrenta cuestionamientos que abarcan la respuesta a una denuncia de violencia sexual, la organización de las fraternidades, la protección de los estudiantes y las condiciones para ejercer el derecho a la protesta.
Nota de redacción: Este artículo de Análisis Urbano incluye datos e información recopilada a partir de dos reportes originales publicados por Caracol Radio, elaborados con información de la agencia EFE, y dos artículos publicados por El País. Las entrevistas, declaraciones y antecedentes obtenidos por estos medios se mantienen atribuidos a sus respectivas fuentes.
A.U.