Gobierno de De la Espriella tiene listo decreto sobre protesta social
El Gobierno de De la Espriella alista nuevas reglas para el diálogo, los bloqueos y la intervención policial en Colombia.
Bogotá, 9 de octubre de 2026 – El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene listo el proyecto de decreto que modificará las reglas de actuación de las autoridades durante las protestas sociales en Colombia. La iniciativa contempla nuevas definiciones sobre conductas violentas, establece ocho causales para dar por agotado el diálogo y plantea un procedimiento escalonado para la intervención de la fuerza pública.
Sin embargo, la reforma todavía no ha entrado en vigor, pues requiere la aprobación presidencial. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció que el documento será presentado para la firma del mandatario, prevista para el 11 de octubre.
La información fue publicada por Infobae, medio que recogió las explicaciones entregadas por Lara sobre los cambios que el Ejecutivo pretende introducir al Decreto 003 de 2021.
El ministro defendió la propuesta asegurando que busca diferenciar las movilizaciones pacíficas de las acciones violentas. Para resumir su propósito, utilizó la expresión: “ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”.
La iniciativa fue ajustada después de recibir observaciones ciudadanas y de adelantar reuniones con organizaciones sociales, representantes de quienes promovieron la acción judicial que dio origen a la regulación vigente y miembros de la fuerza pública.
Entre los comportamientos que el Gobierno propone identificar como violentos se encuentran las agresiones contra personas, el lanzamiento de objetos que puedan ocasionar lesiones graves, la retención de ciudadanos y la utilización de menores de edad durante las manifestaciones.
Lara explicó que uno de los problemas de la regulación actual es la falta de criterios suficientemente definidos para distinguir las acciones violentas de otras conductas que no constituyen delitos ni afectan gravemente la convivencia.
A juicio del funcionario, esa ausencia de precisiones puede generar incertidumbre entre alcaldes y fuerza pública, tanto para decidir cuándo intervenir como para evitar actuaciones arbitrarias o un uso abusivo de la fuerza.
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la duración de las conversaciones entre las autoridades y los manifestantes. Aunque el proyecto mantiene el diálogo como mecanismo prioritario, incorpora ocho causales que permitirían considerar agotada esa etapa.
Entre las situaciones mencionadas por el ministro figuran los bloqueos que impidan el paso de misiones médicas, las afectaciones a servicios públicos, el riesgo de desabastecimiento de alimentos o medicamentos, el porte o utilización de armas y las agresiones contra personal sanitario o periodistas.
La propuesta también establece diferentes niveles de respuesta institucional. Inicialmente intervendrían los gestores de convivencia, seguidos por las autoridades locales mediante mecanismos de diálogo y mediación.
Si se presentan hechos violentos, el procedimiento contempla una etapa de disuasión que deberá ser ordenada por el alcalde a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU).
Como última alternativa podría intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), dependencia policial que sustituyó al antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El ministro insistió en que el uso de la fuerza tendría carácter excepcional y que las actuaciones de las autoridades deberían ajustarse a los procedimientos establecidos en la reforma.
Otra de las novedades anunciadas es la creación de corredores solidarios para garantizar la movilidad durante las protestas. La medida busca evitar cierres permanentes de carreteras y carriles, así como situaciones que comprometan el abastecimiento o la prestación de servicios esenciales.
Lara mencionó como ejemplo los bloqueos prolongados registrados en la vía Panamericana, una de las situaciones que el Gobierno pretende abordar mediante estas disposiciones.
El funcionario sostuvo que la reforma no busca eliminar ni restringir el derecho a la movilización pacífica, sino establecer reglas para diferenciarlo de las actuaciones violentas y definir las responsabilidades de las autoridades.
El proyecto ha generado críticas entre sectores de oposición al Gobierno de De la Espriella. Pese a los cuestionamientos, el Ministerio del Interior mantiene su defensa de la iniciativa y asegura que conserva los lineamientos derivados de la decisión judicial que dio origen al Decreto 003 de 2021.
Por ahora, las disposiciones anunciadas corresponden a una propuesta pendiente de firma presidencial. Su aplicación dependerá de que el documento sea aprobado y entre formalmente en vigor.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por el portal de noticias Infobae.
A.U.