Ejército interviene dos unidades de minería ilegal en Cocorná y destruye dos dragas
De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención fue inutilizada maquinaria empleada para esta actividad ilegal, entre ella dos dragas tipo buzo.
Antioquia, Colombia, 18 agosto de 2026 – Dos unidades de producción minera ilegal fueron intervenidas y dos dragas tipo buzo inutilizadas durante una operación adelantada por el Ejército Nacional en jurisdicción del municipio de Cocorná, en el Oriente antioqueño.
La acción fue desarrollada por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, como parte de las operaciones dirigidas a combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención fue inutilizada maquinaria empleada para esta actividad ilegal, entre ella dos dragas tipo buzo.
El Ejército estimó en aproximadamente 88 millones de pesos la afectación económica correspondiente a la maquinaria intervenida durante la operación.
Las autoridades calcularon además que las dos unidades tendrían capacidad para una producción cercana a 3.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a tres kilogramos.
Según las estimaciones entregadas por el Ejército, esa producción de oro podría alcanzar un valor aproximado de 1.300 millones de pesos al mes.
La institución señaló que las actividades intervenidas estarían relacionadas con las economías ilícitas del EGC (Ejército Gaitanista de Colombia), estructura armada organizada ilegal.
El reporte suministrado no precisa el sector o vereda de Cocorná donde se desarrolló la operación, ni informa sobre personas capturadas durante el procedimiento.
El Ejército Nacional indicó que este tipo de intervenciones están dirigidas a debilitar las fuentes de financiación derivadas de la explotación ilícita de minerales y las capacidades económicas de las estructuras armadas ilegales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.