Exgobernador de San Andrés, acusado por millonarias irregularidades en proyecto turístico
Aunque la iniciativa fue presentada como un proyecto de gerencia estratégica, los investigadores establecieron que, por sus características, correspondía a una obra pública que debía contratarse mediante licitación y no por contratación directa.
SAN ANDRÉS / COLOMBIA, 15 de octubre de 2026 – La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio H. S., por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de un proyecto de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay, cuyo valor ascendió a 11.125 millones de pesos. La investigación señala un posible detrimento patrimonial superior a los 4.330 millones de pesos.
El exmandatario, quien estuvo al frente de la administración departamental entre 2020 y 2023, deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
De acuerdo con la investigación, Everth Julio H. S. delegó en el entonces secretario de Infraestructura la celebración de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad encargada de desarrollar el proyecto y que posteriormente subcontrató tanto la ejecución de las obras como la interventoría.
Sin embargo, los elementos recopilados por la Fiscalía indicarían que Aremca no contaba con la experiencia técnica requerida para adelantar este tipo de intervenciones. A ello se suman presuntas deficiencias en el estudio de mercado y cuestionamientos sobre la modalidad utilizada para adjudicar el contrato.
Aunque la iniciativa fue presentada como un proyecto de gerencia estratégica, los investigadores establecieron que, por sus características, correspondía a una obra pública que debía contratarse mediante licitación y no por contratación directa.
Asimismo, el proyecto no figuraba inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación y carecía de las autorizaciones necesarias para su ejecución.
Las obras comenzaron el 20 de abril de 2023, pese a que no se contaba con la licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), ni con los permisos exigidos por la Dirección General Marítima (Dimar).
Durante la intervención se construyeron una plataforma y varios kioscos turísticos que, debido a la ausencia de los avales correspondientes, estarían expuestos a una eventual demolición. Entretanto, el muelle de acceso al islote, considerado uno de los componentes principales del proyecto, no fue construido.
Otro de los aspectos investigados corresponde al manejo de los recursos. La Fiscalía estableció que, antes del inicio de las obras, los días 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación desembolsó 10.847 millones de pesos a una fiducia constituida por Aremca.
Los peritajes practicados por el ente acusador estiman un posible detrimento patrimonial superior a los 4.330 millones de pesos, relacionado con presuntos sobrecostos, recursos que no fueron ejecutados ni reintegrados y descuentos que no se aplicaron por concepto de impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros aspectos.
Aunque el exgobernador había delegado la firma del contrato, la investigación sostiene que presuntamente intervino en la orientación de los recursos presupuestales, la selección del contratista y la definición de la modalidad de contratación.
Los elementos materiales probatorios también indicarían que el exmandatario habría tenido conocimiento de las anomalías presentadas durante el trámite contractual, los desembolsos efectuados y la posterior suspensión de las obras.
Este proceso forma parte de una estrategia de la Fiscalía para investigar posibles hechos de corrupción relacionados con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
En desarrollo de esta labor, un Grupo de Tareas Especiales integrado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción reportó, en un periodo de seis meses, la judicialización de 28 personas por presuntas irregularidades en el direccionamiento de más de 1.252 contratos, cuyo valor conjunto supera los 3,7 billones de pesos.
Con la presentación del escrito de acusación, el proceso contra Everth Julio H. S. avanza a una nueva etapa judicial, en la que deberán examinarse los señalamientos de la Fiscalía sobre la contratación, el manejo de los recursos públicos y las obras inconclusas en Haynes Cay.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.