Evo Morales, bajo investigación por la muerte de tres hombres en el Hotel Las Américas
La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra Evo Morales y García Linera por un operativo policial de 2009 que dejó tres muertos.
BOLIVIA, 13 de octubre de 2026 – La Fiscalía de Bolivia inició una nueva investigación contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad relacionados con un operativo policial realizado en abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, donde murieron tres hombres y otros dos fueron detenidos.
La decisión fue anunciada el lunes 12 de octubre por el fiscal general interino, José Armando Urioste, quien comunicó al Tribunal Supremo de Justicia el inicio de la fase de acumulación de antecedentes para determinar si existen elementos que permitan avanzar hacia un eventual juicio de responsabilidades.
De acuerdo con información publicada por La Voz, la investigación surgió a partir de una denuncia presentada por los legisladores Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. Este último confirmó que la acción judicial está relacionada directamente con los acontecimientos del Hotel Las Américas.
Por su parte, Infobae explicó que la Fiscalía deberá recopilar los antecedentes del caso y establecer si existen fundamentos para presentar un requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia. La fase inicial contempla un plazo máximo de 30 días.
En caso de que el Ministerio Público encuentre elementos suficientes, será necesario solicitar autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional para iniciar un juicio de responsabilidades contra los exmandatarios.
Los hechos investigados ocurrieron el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial intervino el Hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.
Durante el procedimiento murieron Eduardo Rózsa Flores, de origen boliviano-croata; Michael Dwyer, ciudadano irlandés; y Árpád Magyarosi, de nacionalidad húngaro-rumana.
Otros dos integrantes del grupo, Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivieron a la intervención, pero fueron detenidos. Posteriormente denunciaron haber sufrido torturas mientras permanecían bajo custodia de las autoridades bolivianas.
El Gobierno de Evo Morales sostuvo entonces que el grupo encabezado por Rózsa Flores pretendía impulsar un movimiento separatista en Bolivia con el supuesto respaldo de sectores económicos de Santa Cruz.
Las autoridades justificaron la operación como una actuación destinada a impedir actividades que, de acuerdo con su versión, amenazaban la seguridad y la unidad territorial del país.
Sin embargo, familiares de las víctimas, sobrevivientes y sectores políticos cuestionaron las circunstancias de la intervención policial.
El legislador Rodrigo Antonio afirmó, en declaraciones recogidas por La Voz, que «no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas», sino que, según su denuncia, los tres hombres fueron ejecutados extrajudicialmente.
Esta afirmación forma parte de los señalamientos de los denunciantes y no constituye, por sí sola, una determinación judicial de responsabilidad penal contra Morales o García Linera.
El legislador también recordó que, mientras realizaba una visita oficial a Venezuela el día del operativo, Morales reconoció públicamente haber impartido instrucciones para detener a los extranjeros, a quienes calificó como «mercenarios».
Según la declaración recogida en los antecedentes del caso, el entonces mandatario manifestó: «El día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente para hacer un operativo y detener a esos mercenarios».
La controversia por lo ocurrido en el hotel dio lugar a un proceso penal contra numerosas personas señaladas de participar en un supuesto proyecto separatista, entre ellas dirigentes políticos y cívicos de Santa Cruz.
En 2015, Mario Tadic y Elöd Tóásó recibieron condenas de cinco años y diez meses mediante procedimientos abreviados por alzamiento armado con fines secesionistas. Para ese momento, ambos habían cumplido ese periodo en detención preventiva.
Posteriormente, en 2020, el proceso contra otros investigados concluyó con la extinción de la acción penal y la liberación de quienes todavía permanecían privados de la libertad.
El caso también llegó al sistema interamericano de derechos humanos después de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas y sobrevivientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en un informe aprobado en 2021 que el Estado boliviano incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con los acontecimientos del Hotel Las Américas.
Entre sus conclusiones, el organismo estableció la responsabilidad internacional del Estado por la privación arbitraria de la vida de Michael Dwyer y documentó vulneraciones de derechos de personas detenidas durante el procedimiento.
La Comisión formuló recomendaciones para investigar los hechos y reparar a las víctimas. Posteriormente, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La nueva investigación fiscal busca establecer si las decisiones adoptadas por Morales y García Linera durante el ejercicio de sus funciones pueden dar lugar a responsabilidades penales.
Hasta el momento, ninguno de los dos exgobernantes ha emitido un pronunciamiento público sobre la apertura de esta actuación judicial.
Morales, quien presidió Bolivia entre 2006 y 2019, permanece en la región del Chapare, considerada uno de sus principales bastiones políticos y sindicales.
Según la información recogida por La Voz, el exmandatario también enfrenta dos órdenes de captura relacionadas con investigaciones distintas: una vinculada con su presunta participación en protestas que paralizaron el país durante 53 días y otra por una acusación de presunta trata de una menor de edad con la que habría tenido una hija.
El expresidente rechaza las acusaciones formuladas en su contra y sostiene su inocencia frente a los procesos judiciales abiertos.
La investigación por el caso Hotel Las Américas es independiente de esas actuaciones y se encuentra en una etapa preliminar.
Por ahora, la Fiscalía deberá determinar si los antecedentes permiten formular una acusación y activar el procedimiento judicial correspondiente.
La apertura de esta nueva investigación vuelve a situar bajo examen uno de los episodios más controvertidos del Gobierno de Evo Morales, ocurrido hace más de 17 años y que continúa siendo objeto de reclamaciones por parte de familiares, sobrevivientes y organismos internacionales de derechos humanos.
Nota de redacción: Este artículo de Análisis Urbano incluye datos e información recopilada a partir de los reportes originales publicados por los portales La Voz e Infobae. Las declaraciones y los antecedentes obtenidos por estos medios se mantienen atribuidos a sus fuentes originales.
A.U.