Bolivia elimina subsidio al diésel tras ratificar acuerdo de US$1.900 millones con el FMI
Bolivia ratificó un acuerdo por US$1.900 millones con el FMI y Rodrigo Paz eliminó el subsidio al diésel, mientras sindicatos advierten nuevas protestas.
BOLIVIA 19 de septiembre de 2026 – Bolivia inició un profundo cambio en su política económica después de que el Congreso ratificara un acuerdo de financiamiento por US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el presidente Rodrigo Paz anunciara, pocas horas después, la eliminación inmediata de la subvención estatal al diésel.
El Senado aprobó el viernes el proyecto de Ley 723, después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio el día anterior. Con ello quedó superado el trámite legislativo del programa de financiamiento a tres años que el Gobierno considera fundamental para estabilizar la economía y recuperar las reservas internacionales.
El acuerdo, sin embargo, todavía necesita el visto bueno definitivo del Directorio Ejecutivo del FMI antes de que comiencen los desembolsos. El Ejecutivo boliviano espera además que el programa facilite el acceso a aproximadamente US$5.000 millones adicionales provenientes de otras instituciones financieras internacionales.
Horas después de la aprobación legislativa, Paz anunció que Bolivia dejará de subsidiar el diésel utilizado principalmente por camiones, autobuses y maquinaria agrícola. El combustible pasará a comercializarse tomando como referencia los precios internacionales. La gasolina continuará subvencionada por ahora.
“Nadie puede comprar algo caro y venderlo barato”, argumentó el mandatario al defender la decisión. El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención permitirá enfrentar la persistente escasez de diésel que ha afectado el transporte, las cosechas y el movimiento de mercancías.
De acuerdo con Euronews, la eliminación de los subsidios forma parte de las medidas asociadas al programa acordado con el FMI. El plan contempla también reducir el déficit fiscal, fortalecer la disciplina monetaria, avanzar hacia un régimen cambiario más flexible e implementar reformas destinadas a incrementar la productividad y la inversión.
El Gobierno busca reducir un déficit fiscal estimado en 9,1 % del PIB en 2026 hasta 3,8 % en 2028. Las reservas internacionales netas se sitúan actualmente en US$3.170 millones, aunque apenas US$52 millones corresponden a activos líquidos, según las cifras presentadas por el ministro de Economía, Christian Morales.
El Ejecutivo espera elevar las reservas hasta US$6.000 millones al cierre de este año y aproximarlas a US$9.070 millones en 2031. Morales ha defendido el acuerdo como una herramienta para recuperar la estabilidad y facilitar nuevamente el acceso del país al financiamiento internacional.
El programa también enfrenta fuertes cuestionamientos. Según informó teleSUR, analistas económicos han advertido sobre los riesgos que podrían generar la eliminación progresiva de subsidios, las modificaciones en la política cambiaria, las restricciones fiscales y otras reformas contempladas dentro del acuerdo. Estas advertencias corresponden a las valoraciones de los expertos citados por ese medio.
La Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sindicales también rechazan el programa. Estos sectores sostienen que la reducción del gasto y el retiro de subvenciones podrían elevar el costo de vida y afectar especialmente a trabajadores y familias de menores ingresos.
Para disminuir el impacto inmediato de la eliminación del subsidio al diésel, Paz anunció aproximadamente US$79 millones en ayudas directas destinadas a cerca de 2,9 millones de personas. También prometió créditos preferenciales para transportistas, pequeñas empresas y productores afectados por el incremento del combustible.
El mandatario aseguró además que los recursos que el Estado deje de utilizar para subvencionar combustibles serán dirigidos hacia escuelas, hospitales y carreteras. Su Gobierno sostiene que las reformas son necesarias debido al deterioro fiscal, la caída de las exportaciones de gas natural y las dificultades para financiar las importaciones de combustibles.
El cambio económico ocurre en un escenario político especialmente sensible. El Congreso aprobó esta semana extender por otros 90 días el estado de excepción solicitado por el Gobierno ante el riesgo de nuevos bloqueos y protestas, después de las fuertes movilizaciones registradas durante los meses anteriores.
Con la aprobación del acuerdo y la eliminación del subsidio al diésel, Bolivia entra ahora en la etapa de aplicación de las reformas económicas mientras el Gobierno intenta contener sus efectos sociales. La reacción de sindicatos, transportistas y otros sectores será uno de los principales factores a seguir durante las próximas semanas.
Nota de la redacción: Este artículo incluye datos e información recopilada a partir de los reportes originales publicados por los portales de noticias teleSur y de Euronews.
A.U.