JEP imputa a 10 exjefes de las FARC por crímenes contra cinco pueblos indígenas
La JEP imputó a 10 exjefes de las FARC por crímenes contra cinco pueblos indígenas. La investigación documentó 1.134 victimizaciones entre 1996 y 2016.
Bogotá, 13 de octubre de 2026 – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez antiguos mandos de las FARC por hechos cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía colombiana entre 1996 y 2016. La investigación documentó 1.134 victimizaciones relacionadas con asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas y otras conductas que afectaron la supervivencia de estas comunidades.
De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, entre los imputados figuran tres integrantes del último Secretariado de la antigua guerrilla: Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido como ‘El Médico’, y Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’.
La decisión fue adoptada el 12 de octubre por la Sala de Reconocimiento de Verdad y anunciada públicamente el martes 13. Los cargos incluyen delitos de lesa humanidad como exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución, además de crímenes de guerra relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal y daños al medioambiente.
Los pueblos afectados son Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw, cuya población conjunta asciende a 10.073 personas. Del total de victimizaciones documentadas, 598 fueron atribuidas al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental de las extintas FARC.
La JEP estableció que la violencia ejercida contra estas comunidades tuvo consecuencias que trascendieron las afectaciones individuales y comprometieron sus territorios, tradiciones y formas de organización.
“La violencia no solo dejó muertos, desaparecidos y desplazados. También desarraigó a los pueblos indígenas de su territorio, ‘enfermó’ sus lugares sagrados, rompió su equilibrio espiritual y puso en riesgo su supervivencia”, señaló la jurisdicción.
La investigación identificó dos patrones de violencia. El primero estuvo relacionado con ataques contra las autoridades tradicionales, la autonomía y las estructuras culturales de los pueblos indígenas, utilizados como mecanismos para imponer control social y territorial.
Entre los hechos documentados figura el asesinato de siete autoridades, líderes y comuneros indígenas el 25 de julio de 1997, en el resguardo de San Luis, municipio de Milán, Caquetá. De acuerdo con la investigación, integrantes de los frentes 15 y 49 de las FARC separaron a miembros de la comunidad siguiendo una lista y posteriormente asesinaron a las víctimas, entre ellas el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes.
El segundo patrón comprendió delitos cometidos durante las hostilidades, especialmente aquellos relacionados con la instalación de minas antipersonal y los daños ambientales provocados por las acciones armadas.
Uno de los casos incluidos corresponde a María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, sabedora ancestral del pueblo Siona, quien murió en diciembre de 2012 después de pisar una mina antipersonal.
La JEP atribuyó a los diez comparecientes responsabilidad como coautores mediatos mediante aparatos organizados de poder. En determinados casos también les atribuyó responsabilidad de mando por torturas, al considerar que no ejercieron un control efectivo sobre sus subordinados ni adoptaron medidas para prevenir o sancionar los crímenes.
Los antiguos mandos imputados no habían sido juzgados por estos hechos en la justicia ordinaria.
A.U.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por la agencia internacional de noticias EFE, el 13 de octubre de 2026.