MinDefensa confirma muerte de una menor en bombardeo contra disidencias en Norte de Santander
Un bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella en Tibú dejó cuatro muertos, incluida una adolescente. El caso reabre el debate sobre los menores reclutados.
NORTE DE SANTANDER / COLOMBIA, 13 de octubre de 2026 – Un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, dejó cuatro personas muertas, entre ellas una adolescente de 16 años. La operación, realizada el 10 de octubre contra el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc, fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien difundió un video relacionado con la decisión de ejecutar el ataque.
La muerte de la menor fue confirmada por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, quien señaló que la adolescente «se encontraba en función continua de combate», en referencia a su presunta participación en las actividades de la estructura armada organizada ilegal.
La información fue publicada por La Silla Vacía, en un reporte de la periodista Natalia Toscano Jaime, que también documentó los antecedentes de las operaciones aéreas desarrolladas durante el actual Gobierno.
Según el Ministerio de Defensa, el bombardeo estuvo dirigido contra integrantes del Frente 33, estructura vinculada a la facción de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’, que mantiene presencia en el Catatumbo.
El operativo se llevó a cabo durante la noche del sábado 10 de octubre. En el video divulgado por el mandatario se observa una comunicación con el ministro Mora mediante un radioteléfono, con una marca de tiempo correspondiente a las 10:00 p. m.
De acuerdo con la información oficial citada por el medio, la operación militar se ejecutó aproximadamente una hora después de esa comunicación.
El presidente publicó posteriormente el video en sus redes sociales, acompañado de un mensaje en el que aseguró haber impartido directamente la orden de bombardear el objetivo militar.
Por su parte, el ministro de Defensa defendió la planeación de la intervención y aseguró que «los objetivos militares fueron previamente identificados y delimitados».
Las autoridades señalaron que las labores de inteligencia habían detectado áreas con artefactos explosivos improvisados, una circunstancia que fue considerada para emplear el componente aéreo durante el procedimiento.
Como resultado de la operación, la Fuerza Pública reportó la incautación de diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores y 3.867 cartuchos de diferentes calibres.
También fueron recuperadas dos miras ópticas, tres teléfonos celulares y material de intendencia.
Durante la intervención, las autoridades informaron del hallazgo de tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes del Frente 33, tres áreas con explosivos improvisados, un búnker y cinco brazaletes alusivos a las Farc.
La muerte de la adolescente volvió a situar en el centro de la discusión pública la protección de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por organizaciones armadas ilegales.
Aunque el ministro afirmó que la menor cumplía funciones de combate, esa circunstancia no elimina las obligaciones del Estado de adoptar precauciones para proteger a los menores de edad durante las operaciones militares.
El reclutamiento y la utilización de menores de edad por grupos armados están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, mientras que las operaciones de la Fuerza Pública deben observar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
El bombardeo de Tibú fue el cuarto ejecutado durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el segundo desarrollado en Norte de Santander.
La primera operación aérea del actual Gobierno tuvo lugar el 10 de agosto en zonas de Tibú y San Calixto, en el Catatumbo. Según el Ejército, dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura armada organizada ilegal, murieron durante esa intervención.
Posteriormente se desarrolló la Operación Amón, en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias vinculadas a alias ‘Calarcá’.
En ese procedimiento murieron tres menores de edad, situación que provocó cuestionamientos políticos y motivó una moción de censura contra el ministro Jorge Eduardo Mora.
La votación en el Congreso terminó con 65 votos en contra y 17 a favor de la moción, por lo que el funcionario continuó en su cargo.
La tercera intervención fue la Operación Azarías, ejecutada en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, Guaviare, contra un campamento de las disidencias vinculadas a alias ‘Iván Mordisco’.
La información divulgada sobre esa operación reportó la muerte de integrantes de la estructura y la recuperación de menores de edad, aunque posteriores informes de Medicina Legal también identificaron adolescentes entre las personas fallecidas.
El debate sobre los bombardeos llegó igualmente a los tribunales.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá había establecido una medida cautelar que obligaba al Gobierno a abstenerse de realizar ataques aéreos cuando existieran indicios razonablemente verificables de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados ilegales.
Sin embargo, el despacho judicial levantó posteriormente esa restricción, manteniendo la obligación de extremar las precauciones en la planificación y ejecución de los operativos.
Esto implica evaluar cuidadosamente la información de inteligencia, identificar los riesgos para los menores y considerar alternativas operacionales que permitan reducir posibles afectaciones.
El nuevo bombardeo en Tibú se produjo en medio de ese escenario de controversia judicial y política por las operaciones militares contra estructuras armadas ilegales en las que pueden encontrarse adolescentes reclutados.
Mientras el Gobierno defiende la actuación de las Fuerzas Militares como parte de su estrategia contra esos grupos, la confirmación de una nueva víctima menor de edad plantea interrogantes sobre las medidas de protección aplicadas durante la planeación del ataque.
Por ahora, la información oficial establece que cuatro personas murieron en el operativo, incluida la adolescente de 16 años, y que las autoridades incautaron armamento y localizaron infraestructura utilizada por la estructura armada.
Nota de redacción: Este artículo de Análisis Urbano incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por el portal La Silla Vacía, elaborado por la periodista Natalia Toscano Jaime, y de las declaraciones oficiales recogidas en esa publicación.
A.U.