Miembros del Frente 36 habrían torturado y asesinado al periodista Mateo Pérez: revelador informe de Medicina Legal
Este crimen se enmarca en un contexto de violencia que continúa generando preocupación en la subregión.
Antioquia, Colombia, 22 octubre de 2026.- Nuevos detalles sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, ocurrido en mayo de este año en zona rural de Briceño, norte de Antioquia, han salido a la luz tras conocerse los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los hallazgos describen múltiples lesiones que respaldan la hipótesis de que el comunicador fue sometido a actos de tortura antes de morir y de que posteriormente se intentó ocultar su cuerpo.
La información, divulgada por El Colombiano, recoge detalles del examen forense y las declaraciones de familiares del periodista, quienes expresaron su indignación por las condiciones en las que fue encontrado el cadáver.
De acuerdo con los resultados conocidos, Mateo recibió cinco impactos de arma de fuego, dos de ellos en la cabeza, que habrían sido determinantes en su muerte. Las demás lesiones se localizaron en el tórax, el abdomen y una de sus extremidades inferiores.
El análisis forense también identificó lesiones adicionales, entre ellas afectaciones en la clavícula y laceraciones en la frente. Estos hallazgos, junto con los testimonios de habitantes de la vereda Palmichal que afirmaron haber escuchado gritos de dolor, fortalecen la hipótesis de que el periodista fue agredido antes de recibir los disparos que le causaron la muerte.
Uno de los aspectos que más llama la atención de los resultados es la lesión en la rodilla izquierda, que habría sido ocasionada con un arma de fuego. Según la interpretación de los hallazgos, esta herida pudo haber tenido como finalidad provocarle sufrimiento.
El informe también describe un impacto en el tórax que comprometió el pulmón derecho y otro en el abdomen que afectó gravemente el hígado. Sobre esta última lesión, se plantea la posibilidad de que hubiera sido ocasionada después de la muerte, una circunstancia que deberá valorarse dentro de la investigación judicial.
Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo constituyen otro elemento relevante. Los expertos identificaron heridas producidas con elementos cortantes y la separación de una parte de la extremidad inferior derecha, lesiones que, según las hipótesis conocidas, habrían estado relacionadas con la intención de facilitar el ocultamiento del cadáver.
El cuerpo fue localizado el 8 de mayo en una fosa clandestina situada en una zona boscosa de la vereda Palmichal, en jurisdicción de Briceño. Su recuperación requirió la intervención de una misión humanitaria con participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), debido a las condiciones de seguridad que impedían el ingreso de las autoridades.
La ubicación y las características de la sepultura llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que quienes cometieron el crimen pretendieran impedir el hallazgo del cuerpo y dificultar la recolección de elementos materiales probatorios.
Mateo Pérez Rueda era director del medio de comunicación El Confidente de Yarumal, escribía poesía y cursaba décimo semestre de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su trabajo periodístico se había concentrado en asuntos de interés público, denuncias relacionadas con presuntas irregularidades y el seguimiento a la situación de orden público en el norte antioqueño.
Antes de su desaparición, el comunicador había viajado desde Yarumal hasta Briceño con el propósito de documentar las condiciones en las que vivían las comunidades rurales afectadas por los enfrentamientos entre estructuras disidentes de las antiguas Farc y el Ejército Nacional.
Aunque recibió advertencias sobre los riesgos de desplazarse hacia las zonas de mayor confrontación, decidió continuar con su labor periodística y se movilizó en motocicleta hacia el sector rural de Palmichal.
Según las versiones conocidas durante la investigación, el periodista habría sido interceptado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes presuntamente lo retuvieron y sometieron a agresiones antes de asesinarlo.
El caso generó rechazo entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y sectores de la sociedad que reclamaron el esclarecimiento de los hechos y garantías para el ejercicio del periodismo en territorios afectados por el conflicto armado.
Por su parte, Alerta Paisa ha informado sobre las investigaciones adelantadas contra los presuntos responsables del crimen y los avances del proceso judicial relacionado con el asesinato.
Uno de los señalados es Jhon Edison C. T., conocido con el alias de ‘Víctor Chalá’, identificado por las autoridades como presunto integrante y cabecilla de una estructura disidente con presencia en el norte de Antioquia.
El hombre fue capturado en junio de 2026, en un procedimiento adelantado por unidades de la Policía Nacional en el departamento del Tolima. Las autoridades lo vinculan preliminarmente con la desaparición y posterior asesinato del comunicador.
De acuerdo con la información judicial suministrada, contra el procesado se adelantan actuaciones relacionadas con estos hechos y se ha informado sobre la programación de una diligencia correspondiente a la lectura de un auto que resuelve un recurso de apelación.
En el material conocido también se menciona una solicitud de pena de 54 años de prisión. Sin embargo, este dato no permite establecer que exista una condena en firme por el asesinato del periodista, por lo que debe mantenerse la presunción de inocencia mientras no se produzca una decisión judicial definitiva.
Los nuevos detalles forenses vuelven a poner de manifiesto la gravedad del crimen y las condiciones de riesgo que enfrentan los periodistas que desarrollan investigaciones y cubrimientos en territorios donde operan estructuras armadas organizadas ilegales.
El asesinato de Mateo Pérez Rueda no solo representa la pérdida de un joven comunicador que buscaba documentar la realidad de las comunidades rurales del norte de Antioquia, sino que también pone de manifiesto los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo en territorios afectados por el conflicto armado y la presencia de estructuras armadas organizadas ilegales.
Este crimen se enmarca en un contexto de violencia que continúa generando preocupación en la subregión. De acuerdo con el análisis realizado por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), a partir de información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, el Norte antioqueño registraba 138 homicidios con corte al 14 de octubre de 2026.
Para CORPADES, esta cifra refleja la gravedad de la situación de seguridad en la subregión y evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia, la protección de la vida y las garantías de seguridad para las comunidades, especialmente en aquellos territorios donde persisten las confrontaciones armadas y las disputas por el control territorial.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con el asesinato de Mateo Pérez Rueda, los hallazgos de Medicina Legal aportan nuevos elementos para esclarecer las circunstancias del crimen, establecer las responsabilidades individuales y determinar si las agresiones que sufrió el periodista estuvieron relacionadas con su labor informativa.
El caso también refuerza la necesidad de garantizar que los periodistas puedan desarrollar su trabajo sin amenazas ni represalias, particularmente en las regiones donde informar sobre el conflicto armado, las estructuras ilegales y las condiciones de vida de las comunidades representa un riesgo para su integridad y su vida.
A.U.
Nota de redacción y autoría
Este artículo es una elaboración periodística propia de Análisis Urbano, desarrollada a partir de información publicada por El Colombiano y Alerta Paisa, relacionada con el informe de necropsia de Medicina Legal, las circunstancias del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda y las actuaciones judiciales adelantadas contra los presuntos responsables. La información fue reorganizada con una estructura narrativa diferente, conservando la atribución de los hallazgos, testimonios e hipótesis a sus fuentes originales.