Perú declara en emergencia cinco cárceles de alta peligrosidad por crimen organizado y sobrepoblación
Perú declaró en emergencia cinco penales de alta peligrosidad durante 60 días para reforzar la seguridad y combatir operaciones del crimen organizado.
PERÚ 5 de septiembre de 2026 – El Gobierno de Perú declaró por 60 días el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, ante la concentración de integrantes de organizaciones criminales, la sobrepoblación del sistema carcelario y los riesgos relacionados con actividades ilícitas coordinadas desde el interior de las prisiones.
La medida comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, suscrito por la presidenta Keiko Fujimori.
Según información publicada por Univision, un informe técnico que sustenta la decisión señala que estos cinco establecimientos concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales y presentan un escenario considerado de alta peligrosidad.
A esta situación se suma una sobrepoblación del 156 % en el sistema penitenciario nacional, además del déficit de agentes penitenciarios y el reiterado hallazgo de objetos prohibidos, entre ellos armas y teléfonos celulares, pese a las requisas realizadas dentro de las cárceles.
La emergencia no se limita al interior de los establecimientos. La medida comprende también un radio de hasta 200 metros alrededor de los penales, donde quedarán restringidos temporalmente los derechos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Primicia informó que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desarrollará acciones destinadas a garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los cinco establecimientos penitenciarios.
Las operaciones contemplan controles estrictos en los accesos y labores de inteligencia orientadas a prevenir fugas y detectar actividades ilegales que puedan estar siendo coordinadas desde las cárceles.
Durante los 60 días de emergencia también se efectuarán operativos permanentes para localizar y decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas. Estas intervenciones serán coordinadas con el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El INPE continuará encargado de la administración y custodia penitenciaria, mientras que el reforzamiento policial y militar estará dirigido especialmente a recuperar el control de las zonas consideradas críticas y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para mantener comunicaciones con el exterior.
El Gobierno busca impedir que desde los establecimientos penitenciarios continúen coordinándose delitos como secuestros, extorsiones y sicariatos, modalidades criminales que han generado una creciente preocupación en Perú durante los últimos meses.
El Ejecutivo estableció además que durante las operaciones deberán mantenerse las garantías relacionadas con los derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso, de acuerdo con las obligaciones contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión forma parte de la política de seguridad impulsada por el Gobierno de Keiko Fujimori desde su llegada a la Presidencia a finales de julio. La mandataria prometió adoptar medidas más estrictas contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades delictivas.
Univision señala que parte de la preocupación del Ejecutivo se concentra precisamente en las operaciones criminales que continúan siendo dirigidas desde establecimientos penitenciarios, pese a las medidas de control implementadas durante los últimos años.
La inseguridad también representa un problema económico para el país. En 2025, el Ministerio de Economía estimó que su impacto equivalía aproximadamente al 1,7 % del Producto Interno Bruto de Perú, cerca de US$5.000 millones anuales.
La intervención de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones busca reforzar la vigilancia sobre una parte especialmente sensible del sistema penitenciario peruano, debido tanto al perfil de algunos de sus internos como a las deficiencias estructurales provocadas por la sobrepoblación.
Durante los próximos 60 días, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas reforzarán los controles alrededor de estos establecimientos, mientras el INPE mantendrá sus funciones penitenciarias. El objetivo declarado por el Gobierno es reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales dentro de las cárceles y evitar que continúen proyectando sus actividades hacia el exterior.
Con información de Univision y Primicia.
A.U.