Gobierno retira más de 30 obras del Museo Nacional en medio de la «contrarrevolución cultural» de De la Espriella
El retiro de unas 30 obras del Museo Nacional desata polémica por la memoria histórica. De la Espriella defiende su contrarrevolución cultural.
BOGOTÁ / COLOMBIA, 16 de octubre de 2026 – El retiro de alrededor de 30 obras y objetos históricos del Museo Nacional de Colombia desató una controversia sobre la representación de la memoria histórica, la diversidad y los movimientos sociales en los espacios culturales del país. La intervención coincidió con el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de impulsar una «contrarrevolución cultural» desde el Ministerio de Cultura, mientras sectores políticos, académicos y organizaciones sociales cuestionaron el alcance de la decisión.
Las piezas retiradas estaban relacionadas con las luchas por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política, la historia de movimientos sociales y el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC.
Según la investigación publicada por La Silla Vacía, el desmonte afectó varias salas del museo y dejó espacios vacíos donde anteriormente se exhibían fotografías, afiches y otros elementos vinculados con acontecimientos de la historia reciente del país.
El medio recogió testimonios de trabajadores de la institución que, bajo reserva de identidad, señalaron que la selección de las piezas se habría realizado durante una visita de funcionarios del Ministerio de Cultura, sin seguir los procedimientos habituales de los equipos curatoriales.
Entre los funcionarios mencionados en esos testimonios figuran el secretario general del Ministerio, Julián Sterling, y la directora encargada del museo, Constanza Toquica.
Las versiones recogidas por el medio plantean interrogantes sobre la participación de los comités responsables de la organización de las exposiciones. Sin embargo, el museo no había confirmado públicamente un inventario definitivo de las piezas retiradas ni las razones particulares para desmontar cada una.
De acuerdo con BBC News Mundo, entre los objetos retirados se encontrarían una bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, una pieza publicitaria con alusiones lésbicas de una marcha LGBTIQ+ realizada en 2006 y una fotografía de Humberto Rincón Perfetti sobre una movilización de esta comunidad.
También se reportó la ausencia de un impreso de la Fundación Sí Mujer relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres.
En otras salas fueron retirados afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y Carlos Pizarro Leongómez, antiguo comandante del M-19 que participó en un proceso de paz y fue asesinado ese mismo año cuando aspiraba a la Presidencia.
Los reportes también mencionan objetos vinculados con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y buena parte de las fotografías que integraban el denominado muro de la diversidad, dedicado a reflexionar sobre las diferencias culturales, sociales y políticas de Colombia.
La controversia aumentó porque el retiro de las piezas coincidió con una visita del presidente Abelardo de la Espriella al Ministerio de Cultura.
Según informó 90 Minutos, el mandatario anunció que esa cartera sería el centro de una «contrarrevolución cultural», orientada a enfrentar lo que identifica como la influencia del «wokismo» en las instituciones públicas.
Durante su intervención, De la Espriella afirmó que había instruido a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para retirar de los espacios públicos aquello que describió como una exaltación de personas vinculadas con organizaciones armadas.
El presidente expresó que había ordenado eliminar «toda esa oda al terrorismo en la que aparecen Pizarro y demás terroristas».
La declaración provocó cuestionamientos por su referencia a Carlos Pizarro, quien, después de dejar las armas, participó en la actividad política legal y fue asesinado durante la campaña presidencial de 1990.
De la Espriella también sostuvo que el «wokismo» pretende transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente.
En su discurso afirmó que esa corriente desconoce diferencias biológicas entre hombres y mujeres, altera la interpretación de la historia y traslada debates identitarios a ámbitos como la educación y la cultura.
Asimismo, aseguró que el Estado tiene el deber de impedir que los espacios culturales sean utilizados por lo que denominó «social-comunismo».
La ministra Paola Holguín defendió públicamente la revisión de las exposiciones.
En declaraciones difundidas por La Silla Vacía, la funcionaria sostuvo que el Museo Nacional no debe convertirse en un espacio de adoctrinamiento político ni promover interpretaciones sesgadas de la historia colombiana.
«El Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización», afirmó Holguín en un mensaje publicado en X.
La ministra agregó que la museología y la curaduría de los espacios bajo responsabilidad de su cartera están siendo evaluadas y rediseñadas para fortalecer las funciones de conservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural, histórico y artístico.
También defendió la necesidad de que las instituciones culturales contribuyan a la memoria, la identidad y la transformación social.
La explicación oficial contrasta con las críticas de quienes consideran que el retiro de materiales relacionados con determinados movimientos sociales y procesos históricos puede limitar la diversidad de relatos presentes en el museo.
La discusión ha involucrado a investigadores y especialistas en política colombiana.
En declaraciones recogidas por BBC News Mundo, Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, señaló que la relevancia adquirida por esta confrontación cultural resulta llamativa porque durante la campaña presidencial de De la Espriella tuvieron mayor protagonismo sus propuestas de seguridad y economía.
Basset relacionó la orientación del mandatario con sectores conservadores representados en su Gobierno y encontró similitudes con la estrategia política del presidente estadounidense Donald Trump, quien también ha incorporado debates culturales a su agenda.
Por su parte, Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), planteó la posibilidad de que estas medidas se extiendan a otras instituciones culturales, entre ellas la Biblioteca Nacional.
La investigadora advirtió sobre el riesgo de limitar las expresiones artísticas a contenidos considerados aceptables por el Gobierno.
También anticipó que podrían presentarse acciones judiciales contra las decisiones, aunque esa posibilidad corresponde a su análisis y no a la confirmación de demandas ya interpuestas.
La controversia se produce en un contexto en el que sectores conservadores del Congreso y organizaciones religiosas han respaldado la agenda política del presidente.
BBC News Mundo señaló que congresistas afines al Gobierno, agrupados en una bancada denominada «provida», han planteado debates sobre la regulación del aborto.
El retiro de las obras también provocó reacciones entre dirigentes políticos y representantes de organizaciones sociales.
María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez y congresista del Pacto Histórico, rechazó la decisión y aseguró que los intentos de excluir la memoria de su padre de los espacios públicos terminarían dando mayor visibilidad a su legado.
La congresista cuestionó, además, la actitud del Gobierno frente a las posiciones políticas diferentes.
Ricardo Moreno Patiño, exviceministro de Educación durante el Gobierno de Gustavo Petro, sostuvo que el retiro de las piezas no representaba un ejercicio de curaduría, sino un empobrecimiento de la cultura.
En su pronunciamiento, defendió el carácter plural del Museo Nacional como espacio para comprender una historia marcada por distintas experiencias, conflictos y perspectivas.
Organizaciones feministas, colectivos LGBTIQ+ y usuarios de redes sociales también expresaron inconformidad por la desaparición de materiales relacionados con sus procesos de reconocimiento y participación.
El debate adquiere especial relevancia por la trayectoria de la institución.
El Museo Nacional de Colombia fue creado en 1823 y es considerado uno de los más antiguos del continente americano.
Su colección exhibe más de 2.000 obras y objetos de carácter histórico, arqueológico y cultural. Según los datos recogidos por BBC News Mundo, en 2024 recibió cerca de medio millón de visitantes.
La misión institucional del museo contempla el reconocimiento de relatos diversos, la construcción colectiva de memorias y la promoción de los derechos culturales.
Por ello, la controversia no se limita al cambio de una exposición, sino que involucra el papel de las instituciones públicas en la conservación y presentación de episodios históricos que pueden generar interpretaciones distintas.
Aunque el Ministerio de Cultura sostiene que adelanta una revisión de los contenidos museográficos, hasta el momento no se ha divulgado un inventario oficial completo de las piezas retiradas ni se ha precisado cuáles serán reemplazadas, trasladadas o reincorporadas.
Tampoco se conocen públicamente todos los criterios técnicos utilizados para seleccionar los objetos desmontados.
Mientras el Gobierno defiende su propuesta de transformación cultural y sus críticos advierten sobre posibles restricciones a la pluralidad histórica, el retiro de las obras mantiene abierto un debate sobre la autonomía de las instituciones culturales, la representación de las víctimas y el derecho de la ciudadanía a conocer las distintas memorias que forman parte de la historia de Colombia.
Nota de redacción: Este artículo de Análisis Urbano incluye datos e información recopilada a partir de la investigación original publicada por La Silla Vacía, su actualización sobre la posición del Ministerio de Cultura y los reportes de BBC News Mundo y 90 Minutos. Las declaraciones de Yann Basset y Laura Bonilla corresponden a entrevistas realizadas por BBC News Mundo, mientras que los testimonios de trabajadores del Museo Nacional fueron obtenidos por La Silla Vacía. Las declaraciones públicas de funcionarios y dirigentes se mantienen atribuidas a sus autores y a los medios que las divulgaron.
A.U.