[Video] Ejército destruyó complejo ilegal utilizado para procesamiento de cocaína en San José del Guaviare
Según lo informado por las autoridades, el complejo ilegal pertenecería al Bloque Jorge Suárez Briceño y tenía capacidad para producir aproximadamente 2,5 toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína.
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Guaviare, Colombia, 21 mayo de 2026. – En desarrollo de operaciones contra el narcotráfico, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, destruyeron un laboratorio utilizado para el procesamiento de cocaína en zona rural de San José del Guaviare.
Según lo informado por las autoridades, el complejo ilegal pertenecería al Bloque Jorge Suárez Briceño y tenía capacidad para producir aproximadamente 2,5 toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con la información oficial, esta producción ilegal era utilizada para financiar acciones terroristas y fortalecer economías ilícitas en el suroriente colombiano.
Durante la operación militar fueron destruidos 329 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de ser incautados insumos sólidos y líquidos empleados en el procesamiento de esta sustancia ilícita.
Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación significativa a las capacidades logísticas y financieras de las estructuras dedicadas al narcotráfico en esta región del país.
Asimismo, el Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones conjuntas con la Policía para combatir el narcotráfico y debilitar las economías ilegales que afectan la seguridad y estabilidad de diferentes territorios de Colombia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.