[Video] Presidente De la Espriella confirma el fin de la Paz Total y cierra todos los procesos de diálogo
En contraste, el Ejecutivo anunció que las estructuras y personas que continúen ejerciendo violencia contra la población serán enfrentadas por la Fuerza Pública, dentro de la nueva estrategia de seguridad adoptada por el Gobierno.
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Bogotá, Colombia, 11 septiembre de 2026.- La política de Paz Total impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro llegó formalmente a su fin este 11 de septiembre, luego de que la administración del presidente Abelardo de la Espriella completara el cierre de los procesos de diálogo y de los espacios sociojurídicos que permanecían abiertos con diferentes estructuras armadas y organizaciones criminales del país.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la expedición de las resoluciones que ponen fin a los espacios sociojurídicos con las estructuras de Buenaventura y Quibdó completó el desmonte de los mecanismos de negociación heredados del anterior Gobierno.
El propio presidente De la Espriella confirmó la decisión a través de su cuenta en X y aseguró que durante su primer mes de mandato fueron cerrados progresivamente los distintos escenarios de conversación que continuaban vigentes.
“Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas”, manifestó el jefe de Estado.
El Gobierno fue cerrando los procesos durante su primer mes
El fin de la Paz Total no se produjo mediante una única decisión. Durante su primer mes de gobierno, De la Espriella fue firmando los actos administrativos necesarios para terminar formalmente los diferentes procesos que permanecían activos.
Según El Colombiano, entre los escenarios cerrados se encuentran las negociaciones con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, estructura encabezada por alias ‘Calarcá’, y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), comandada por alias ‘Walter Mendoza’.
A estos se suma el proceso con el Frente Comuneros del Sur, estructura separada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y comandada por alias ‘HH’. Durante el proceso adelantado en el anterior Gobierno, este grupo había entregado 585 artefactos explosivos para su destrucción como parte de las acciones desarrolladas dentro del escenario de diálogo.
El Gobierno también dio por terminado el proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas negociaciones se encontraban suspendidas desde enero de 2025.
¿Qué diálogos y espacios fueron cerrados?
La determinación del nuevo Gobierno abarca las mesas y mecanismos de negociación establecidos con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el ELN, el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La decisión también alcanza los espacios de conversación sociojurídica con estructuras de Medellín y el Valle de Aburrá, en Antioquia; Quibdó, en Chocó; y Buenaventura, en el Valle del Cauca.
Con el cierre de estos últimos escenarios, el Gobierno De la Espriella da por terminada la política de negociación con organizaciones armadas y estructuras criminales desarrollada durante la administración Petro bajo el concepto de Paz Total.
La nueva administración argumenta que los mecanismos recibidos del Gobierno anterior no consiguieron avances suficientes en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia, razón por la cual decidió modificar la estrategia frente a estas organizaciones.
El proceso de los Comandos de Frontera queda en pausa
Uno de los escenarios directamente afectados por el cambio de política es el proceso que involucraba a los Comandos de Frontera, organización perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Durante la administración Petro, integrantes de esta estructura habían avanzado en un proceso de desarme. En junio de 2026, 99 de sus miembros se concentraron en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador.
Este espacio había sido establecido para facilitar la transición de los integrantes de la organización hacia la vida civil y funcionaba con mecanismos de monitoreo y acompañamiento institucional.
Sin embargo, la continuidad de este esquema quedó comprometida con la nueva orientación adoptada por el Ejecutivo.
Según la información conocida, el presidente De la Espriella ordenó el cierre de la zona mediante la Resolución 389 de 2026, que fijó el próximo 30 de septiembre como fecha límite para su desmonte.
La decisión deja en pausa uno de los procesos de desarme que habían avanzado durante la implementación de la Paz Total y abre interrogantes sobre el procedimiento que deberán seguir los integrantes de los Comandos de Frontera que se encontraban concentrados allí.
Sometimiento a la justicia o acción de la Fuerza Pública
El Gobierno estableció una nueva línea frente a las organizaciones armadas: quienes demuestren una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán avanzar por mecanismos de sometimiento a la justicia, en lugar de continuar bajo los escenarios de negociación desarrollados durante la administración anterior.
En contraste, el Ejecutivo anunció que las estructuras y personas que continúen ejerciendo violencia contra la población serán enfrentadas por la Fuerza Pública, dentro de la nueva estrategia de seguridad adoptada por el Gobierno.
Este cambio representa una ruptura con uno de los principales proyectos políticos de la administración Petro, que buscó establecer simultáneamente escenarios de negociación, acercamiento o sometimiento con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales.
Buenaventura y Quibdó marcan el cierre definitivo
La publicación de las resoluciones relacionadas con los espacios sociojurídicos de Buenaventura y Quibdó terminó de cerrar los mecanismos que todavía permanecían abiertos.
Con estas decisiones, el presidente De la Espriella considera concluida formalmente la política de Paz Total y plantea una estrategia diferente para enfrentar tanto a las organizaciones armadas de alcance nacional como a las estructuras criminales que operan en entornos urbanos.
El cambio también tendrá repercusiones en Medellín y el Valle de Aburrá, donde funcionaba uno de los espacios sociojurídicos creados durante el Gobierno anterior para adelantar conversaciones con estructuras criminales de la región.
La terminación de estos mecanismos abre una nueva etapa en la política de seguridad y paz del país. A partir de ahora, la atención estará puesta en la manera como el Gobierno implementará los procesos de sometimiento a la justicia para quienes decidan abandonar las armas y en las operaciones que desarrollará la Fuerza Pública contra las organizaciones que continúen ejerciendo acciones violentas.
Con información de El Colombiano, El Tiempo, el presidente Abelardo de la Espriella y El Horizonte.
A.U.