El municipio de El Carmen de Viboral viene siendo azotado por un nuevo ciclo de violencia perpetrada nuevamente por grupos armados ilegales que vienen fortaleciendo y consolidando el poder territorial.
El pasado fin de semana, en seis horas se cometieron dos dobles homicidios, uno en la zona rural y el otro en la zona urbana, en inmediaciones de la estación de Policía Antioquia.
Resulta penoso mencionar que las autoridades representadas en la Policía, la Fiscalía, el Ejército Nacional y el también cuestionado CTI siguen negando y postergando las garantías de No Repetición en tiempos donde retorna un panorama muy oscuro para el oriente de Antioquia.
Como lo dijimos en el artículo periodístico titulado “En El Carmen de Viboral, la comunidad pone los muertos, los bandidos las balas y las autoridades la mentira”, grupos armados que ostentan el control social mantienen prácticas, mal conocidas como “Limpieza social” en zonas urbanas y rurales por donde tienen corredores estratégicos, principalmente de movilidad hacia los límites con Cocorná.
El primer hecho que mencionamos ocurrió justo el 9 de abril, Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Hombres armados llegaron hasta la vereda San Vicente en límites con el municipio de Cocorná y asesinaron al líder social e integrante de la Junta de Acción Comunal, Rodolfo de Jesús Holguín de 43 años de edad y a la ciudadana extranjera, Luz Dary Barón de 33.
Seguido de este condenable hecho continuó el desangre. En la madrugada de este lunes 10 de abril, cerca de las 03:00 A.M frente a la Iglesia “Nuestra Señora del Carmen” en pleno parque central, muy cerca de la Estación de Policía fueron asesinados dos jóvenes que respondían a los nombres de Andrés Felipe González de 22 años y Juan Fernando Londoño de 24.
Este fatídico panorama deja 5 homicidios en lo que va corrido del año y unas cifras que mantienen características similares en 2021 y 2022 en las cuales las principales víctimas son menores de edad asesinados selectivamente.
La ONG Corpades y la Agencia de prensa Noticias Análisis Urbano, nos hemos sumado al llamado de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que se han atrevido a denunciar el reposicionamiento territorial de grupos armados ilegales con un interés muy claro en cada municipio de esta región.
Sin embargo, el silencio de las autoridades muestra lo que parece un plan de negar y tapar con un dedo el gigantesco peligro que significa dejar territorios a merced de los ilegales armados.
Paramilitares del Magdalena Medio, las AGC y grupos armados de Rionegro y el Valle de Aburrá, se posicionan en los municipios, generando una grave crisis humanitaria que se reproduce en el Oriente Antioqueño.
Los grupos armados ilegales se movilizan plácidamente por los cañones de la vereda La Pascualina en el Carmen de Viboral, hacía San Francisco y Argelia por todo el cañón del río Verde, hacia Cocorná por el río Santo Domingo, la vereda La Esperanza y La Piñuela para llegar a Cocorná a un punto conocido como El Ocho o por la autopista a la altura de Granada, San Carlos, San Luis y no pasa nada, pasan tranquilos “sin ser detectados por la inteligencia de la Fuerza Pública”.
Ante esta situación, es necesario reflexionar sobre la importancia de la defensa de la vida en este municipio y en el resto de la subregión y en cualquier lugar del mundo. La vida es el bien más preciado que tenemos como seres humanos y debemos hacer todo lo posible por protegerla y preservarla. Pero, ¿dónde están las instituciones que deben velar por proteger a la ciudadanía?
En el caso de El Carmen de Viboral, es necesario que las autoridades locales, departamentales y del orden nacional tomen medidas efectivas para combatir la violencia y los grupos armados que están profundizando una crisis ya advertida.
Es fundamental que se fortalezcan las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia en la región, y que se brinden las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda vivir en paz y tranquilidad. Pero la defensa requiere instituciones que depuren posibles comportamientos irregulares, nexos o alianzas que favorezcan a la criminalidad.
El papel de la ciudadanía será importante sólo si se puede recuperar la confianza en las autoridades que efectivamente trabajen en la construcción democrática de una cultura de paz, de respeto por la vida y lucha contra la impunidad.
Por su parte las autoridades civiles deben trabajar en la promoción de una ciudadanía con mejores valores sociales hacia la tolerancia, el diálogo, la solidaridad y el respeto por los derechos humanos, que se atrevan a rechazar cualquier forma de violencia o de discriminación.
En este sentido, es importante que la ciudadanía se involucre en la construcción de soluciones para la crisis humanitaria que vive El Carmen de Viboral. Es necesario que se promueva el diálogo y la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones efectivas para combatir la violencia, la denuncia sobre los hechos violentos.
En conclusión, la defensa de la vida es un valor fundamental que debemos promover y proteger en cualquier lugar del mundo. En el caso de El Carmen de Viboral y del Oriente de Antioquia no puede construirse la paz si los entes encargados de dar respuesta efectiva a las obligaciones constitucionales siguen permitiendo, por acción y omisión que los violentos sigan un paso adelante.
A.U.
