Ciudad de Guatemala, 21 abril.- El Ministerio Público (MP-Fiscalía) de Guatemala solicitó este miércoles la pérdida de inmunidad del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), para que se le investigue por ordenar la expulsión en 2017 del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez.
La solicitud del antejuicio (retiro de la inmunidad) contra Morales fue presentada por la Fiscalía contra la Corrupción del MP y según el argumento del ente investigador, es por actos «arbitrarios e ilegales» al haber declarado «non grato» al entonces comisionado en 2017.
Morales es en la actualidad diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), organismo regional al que se incorporó de forma automática al concluir su mandado de cuatro años el 14 de enero de 2020 y por el cual goza de inmunidad.
El 27 de agosto de 2017, el entonces mandatario guatemalteco anunció su decisión de declarar «non grato» a Velásquez, y ordenó que fuese expulsado del país centroamericano, aunque la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, frenó esa decisión.
Morales hizo el anuncio un día después de retornar de Nueva York tras participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se quejó contra el jurista colombiano por, según dijo, no «apegarse» al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Además, tomó esa decisión luego de que el MP y la Cicig pidieran su desafuero por financiación ilícita en su partido del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que lo llevó al poder el 14 de enero de 2016.
La Cicig también acusó por fraude estatal al hijo y el hermano de Morales en un caso destapado por sus investigadores y el Ministerio Público entre 2016 y 2017.
En septiembre de 2018, Morales anunció que ya no renovaría el mandado de la comisión, que finalizó en 2019, y aprovechando una salida de Velásquez al extranjero, prohibió su ingreso a Guatemala.
La Cicig, con Velásquez al frente, comando con el Ministerio Público una lucha anticorrupción en Guatemala entre 2015 y 2019 que llevó a prisión a docenas de ministros, diputados, empresarios de la élite económica del país y expresidentes como Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).
El ente de la Organización de Naciones Unidas se instaló en el país en 2007 con la misión de investigar la existencia de estructuras paralelas dentro del Estado.
