Este sábado 23 de junio, a eso de las 4:10 p.m., fue asesinado Adrián Pérez, hijo de un líder de restitución de tierras, integrante de la Comunidad de Cetino La Nevera, Territorio Colectivo de Curvaradó, en Chocó, según informó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Adrián junto con su padre desde hace tres años, tiempo en que regresó al territorio, se sumó al liderazgo de su padre en la reclamación de tierras en Curvaradó y el territorio colectivo de La Larga Tumaradó en donde su familia habitó desde hace más de 30 años.
Adrián Pérez, de 33 años aproximadamente, vivía con su esposa y tres hijos en la comunidad de Cetino Nevera, Curvaradó. Antes de las 4.00 p.m., Adrián llegó al caserío de Llano Rico y en uno de los graneros fue abordado por cuatro “neoparamilitares” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, quienes le obligaron a montarse en una moto de alto cilindraje y se lo llevaron en dirección hacia el corregimiento de Pavarandó.
En El Cerrado, antes de Pavarandó, Chocó, pasando por la finca del señor Nelson Orozco, donde se encontraban más de una docena de trabajadores, Adrián intentó escapar. Los “neoparamilitares” le dieron alcance y lo asesinaron en presencia de todos los trabajadores.
El padre de Adrián había recibido varias amenazas de muerte en su contra por iniciar la reclamación y ocupación de mala fe de las tierras de la familia Pérez, en territorios de Curvaradó y Pedeguita Mancilla.
La familia Pérez fue despojada por la empresa palmera Urapalma desde 1996 por operaciones paramilitares amparadas por el modelo contrainsurgente de la brigada 17, deforestando, “desertizando” y sembrado palma de aceite.
Un tiempo después, en 1997, fueron despojados de sus tierras en La Madre Unión, territorio colectivo de Pedeguita Mansilla, en las que se sembró banano, se inició la ganadería extensiva y también se montó muy cerca una cocina para el procesamiento de cocaína.
Hace cuatro años la familia Pérez empezó a ocupar legítima y pacíficamente sus predios y a pesar de todo tipo de denuncias el aparato judicial nunca sancionó ni investigó eficazmente la estructura criminal empresarial.
En el momento de la retención ilegal de Adrián, las Fuerzas Militares se encontraban a menos de un kilómetro de Llano Rico.
El predio de la familia Pérez en la Larga Turmaradó, colinda con el de la familia Castaño. Hace siete meses, el 26 de noviembre de 2017 fue asesinado el reclamante de tierras Mario Castano por orden de los empresarios ocupantes de mala fe.
Una hora después del asesinato de Adrián, integrantes de las AGC intimidaron a la población de La Nevera. A pesar de la reiterada solicitud de medidas eficaces de protección y de la urgente depuración por la inacción e incompetencia de las Fuerzas Militares para proteger la vida e integridad de los habitantes de Curvaradó, ninguna demanda se ha respondido con celeridad y contundencia.
El asesinato de Adrián Pérez demuestra la ausencia de garantías en los procesos de incorporación.
Diez años después de Autos emanados de la Corte Constitucional, los avances en materia de restitución son insignificantes, los factores de riesgos permanecen sin ser enfrentados estructuralmente por el Gobierno y Estado de Colombia. Los afrocolombianos y afromestizos continúan a merced de las decisiones criminales de sectores empresariales, concluye la Comisión Intereclesial.