La Paz, 15 de diciembre de 2023.- El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, manifestó que hay una disconformidad de las víctimas de la crisis postelectoral de 2019 con el accionar del Estado y que hay que trascender a «medidas reales de reparación».
Caballero en una entrevista con EFE contó que en sus diversos encuentros con las víctimas de 2019 le expresaron su «sentir que no es de conformidad» y que incluso hay un «tono de cierta distancia» con el actuar del Estado para la reparación, situación que lamenta.
«La disconformidad es hacia el Estado porque al Estado le falta todavía, aunque haya un tono comedido para cumplir con el informe y haya algunas recomendaciones cumplidas, hay una ruta de cumplimiento que al Estado le falta una mayor atención», manifestó Caballero.
El comisionado llegó a Bolivia esta semana para presentar el primer informe de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones (Meseg) del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en el que se manifestó la preocupación por los «escasos avances» en las investigaciones por las violaciones de derechos humanos ocurridos en 2019.
De acuerdo a este informe el Estado cumplió con cuatro recomendaciones de las 15 analizadas sobre el eje de «reparaciones» de las 36 en total que hizo el GIEI hace tres años.
«Hay un plan de reparación, hay que ejecutar el plan de reparación, hay que hacer un censo de víctimas, que es importantísimo y hay que trascender la ayuda humanitaria a medidas reales de reparación», subrayó Caballero.
Agregó que los avances logrados se deben «profundizar» de forma «más estructural» y «eficaz» para que «no se queden en un plan».
«El avance que se debiera tener en estos años tiene que ver con solventar las reparaciones, con realizar las investigaciones y procesar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, con que haya un marco legal adecuado y pertinente con perspectiva de derechos humanos (…)», subrayó el comisionado.
Destacó el «esfuerzo» del Estado por cumplir las recomendaciones y agradeció el acompañamiento estos días en las diferentes actividades que realizó como la reunión con víctimas, con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, entre otros.
«Yo he visto que el Estado ha abierto puertas de diálogo y eso es muy importante, vamos a ver que abra puertas de actuación», indicó el relator.
Independencia judicial
Respecto a la recomendación sobre la independencia judicial en el país, Caballero sostuvo que se espera una «actuación solvente» de los actores jurídicos y que el informe supone que «las autoridades del Estado de Bolivia tienen un alto margen de ejercicio de sus competencias» con «autonomía».
Consultado sobre la «autoprórroga» de las altas autoridades de la Justicia hasta que hayan nuevas elecciones judiciales en el país, sostuvo que espera que se respete y se renueve la «judicatura» con base en la legislación boliviana y la Constitución.
«Es un tema que no se toca en el informe, pero me parece que es una condición fundamental, entonces espero que pueda la Justicia destrabar estos temas que están impidiendo que se haga la designación», sostuvo.
De la misma manera, al ser consultado sobre el pedido de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez que la visite esa misión en prisión, sostuvo que no es el propósito de su llegada, pero que puede seguir acudiendo a la CIDH, ya que «las puertas están abiertas para conocer de violaciones de derechos humanos que el Estado no esté en posibilidad de atender o que no quiera atender».
El relator de la CIDH destacó las acciones de Bolivia para fortalecer los mecanismos contra la tortura, la aprobación de una política de reparación integral para las víctimas, los mecanismos para reparación y valoró la ampliación de mecanismos de ayuda humanitaria para algunas víctimas, factores en los que avanzó de las recomendaciones.
El Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) afirman que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia a la Presidencia fueron consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año, que luego fueron anulados.
Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019 fallecieron 37 personas en distintos sucesos violentos por aquella crisis en Bolivia, según los registros de la Defensoría del Pueblo.
Áñez está en prisión preventiva acusada de terrorismo y conspiración dentro de una de las investigaciones por la crisis de 2019 y fue sentenciada a 10 años de cárcel en otro proceso en el que se le acusó de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
EFE
