En las últimas horas, los representantes del Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, y del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, radicaron en la Secretaría de la Cámara de Representantes la ponencia con la que le pedirán a la plenaria votar positivamente las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.
Los congresistas, en el texto radicado, suscribieron plenamente los argumentos que expresó el primer mandatario la noche del domingo, 11 de marzo, cuando anunció al país que no sancionaría la norma por considerar que seis de los artículos allí contenidos son inconvenientes para el país. En tal sentido, advierten que los derechos de las víctimas se ponen en riesgo si no se modifica la redacción.
“Estas objeciones son una oportunidad histórica para lograr consensos en torno a la paz, superar la polarización que vivimos en Colombia pero, sobre todo, lograr poner, de una vez por todas, a las víctimas en el centro del Acuerdo. Reclamamos verdad, justicia, reparación y un sentimiento cierto, real y verdadero por parte de nuestros victimarios, de no repetición”, señaló Lozada, cuyo padre fue asesinado por las Farc en 2005.
El legislador conservador, que se ha convertido en una de las voces más críticas frente al Acuerdo de Paz con la hoy desarmada guerrilla -él mismo fue secuestrado, junto a su madre y a su hermano en 2001-, es miembro de la subcomisión de la Cámara, encargada de estudiar las objeciones a la ley estatutaria. Sin embargo, se apartó de la ponencia mayoritaria, junto a Prada, y redactaron una a favor de las objeciones.
Según Prada y Lozada, los reparos que presentó Duque a los colombianos tienen argumentos políticos y no constitucionales, como lo sostienen los cinco congresistas restantes de dicha subcomisión, que pidieron a la Cámara no avalar esos reparos. Por ello, afirman que el Congreso sí es competente para estudiarlos y recordaron que existe un precedente en el que un presidente objetó una ley estatutaria.
Se remitieron, particularmente, a la decisión que en 2014 adoptó el entonces presidente, Juan Manuel Santos, quien devolvió al Congreso el proyecto de ley que permitía la reelección del auditor general de la República. Santos devolvió al Congreso la norma por razones de inconveniencia, por considerar que la reelección de altos funcionarios del Estado afectaba el sistema de pesos y contrapesos.
Además, afirmaron que las razones políticas del presidente se basan en las siguientes preocupaciones: se pone en riesgo la reparación integral de las víctimas, crea escenarios de impunidad para actores de crímenes no amnistiables ni indultables, deja en indeterminación las competencias del alto comisionado para la paz, se crea un sistema que opera en desmedro de los intereses de las víctimas, se pone en peligro la cooperación internacional de Colombia en los tratados de extradición y permite que otras personas eludan el trámite de extradición.
Razones que, para ambos congresistas, dejan en evidencia la colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público “para producir un texto normativo que se ajuste a la conveniencia política del país, y de manera especial, a que las víctimas sean el centro del proceso de implementación jurídica del Acuerdo Final”. Con lo anterior, intentan controvertir el argumento de la ponencia que pide hundir las objeciones, que indica que Duque está desconociendo la separación de poderes y pasando por encima de la Corte Constitucional.
De hecho, van más allá y advierten que es falso lo señalado por Juanita Goebertus (Alianza Verde), John Jairo Cárdenas (la U), Carlos Ardila (Partido Liberal), David Racero (Decentes) y José Daniel López (Cambio Radical), frente a que los legisladores podrían incurrir en un delito si aprueban dichas objeciones. Apelaron al artículo 185 de la Constitución Política que señala que los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo
“El fin de la irresponsabilidad de los congresistas es que los representantes del pueblo puedan emitir de la manera más libre sus votos y opiniones sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole”, explicaron Lozada y Prada. Y agregaron que “(…) así las cosas, carecen de sustento jurídico las argumentaciones por las cuales se afirma que el Congreso de la República no puede votar favorablemente, como en este informe se propone, las objeciones por inconveniencia formuladas por el presidente de la República”.
La ponencia de los dos legisladores que se apartaron del texto mayoritario será llevada este lunes al recinto de la plenaria de la Cámara de Representantes, día para el que fue convocado el trámite de estudio de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Si los partidos cumplen con los pronunciamientos que han hecho públicamente sobre las objeciones, dichos reparos parecieran no tener ninguna oportunidad de ser avalados en el Capitolio.
Tomado de El Espectador