Detractores de la Restitución de Tierras aseguran que esa política pública es un inminente fracaso. Desde el año 2012 se han restituido judicialmente 602.868 hectáreas, equivalentes al 9.3 %. Así las cosas, hacen falta 99 años para devolver las restantes. Los grupos armados al margen de la ley estarían coordinando todo el proceso para darle apariencia de legalidad al despojo de tierras. Los campesinos son los grandes perjudicados, mientras que poderosos clanes políticos, familiares y económicos son los realmente favorecidos con esa Ley. La Reforma Agraria del gobierno Petro, ¿es la solución?
Colombia, 24 mayo de 2023.- La Restitución de Tierras es un proyecto bien intencionado, pero lleno de dificultades, frustraciones, lento y con pocas metas concluidas. Si en once años se han restituido 602.868, de las 6.500.000 hectáreas de tierra que han sido despojadas o abandonadas en Colombia, significa esto que hacen falta 99 años para devolver las restantes, es decir, que hasta dentro de un siglo apenas se estará cumpliendo con ese objetivo de entregar a sus verdaderos dueños aquello que les fue arrebatado. Lo malo es que la Ley 1448 de 2011, que en su artículo 103 dio vida a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, solo tiene vigencia hasta el 10 de junio de 2031.
La situación actual de la Ley 1448 de 2011 refleja notoriamente un desgaste de las instituciones frente al deber de reparación de las víctimas del conflicto armado, la incongruencia en sentencias, la disputa generada en el marco de los procesos judiciales, enfrentamientos entre campesinos, la desacreditación de instituciones e instancias judiciales que una día dieron fe y que ahora todos los actos fueron declarados nulos e inválidos. Esto deja un sinsabor en las personas que creyeron en el proyecto y que difícilmente volverán a confiar en las instituciones que avalan negocios jurídicos y acreditan fe. Cada día que pasa la Ley 1448 sigue indicando de cierta manera ser un desacierto jurídico, detonante de nuevos conflictos, saliendo en muchas ocasiones de su ámbito de circulación y convirtiéndose en un órgano inquisidor e impositivo.
Dicho de otra manera, en los ocho años que le restan a esa Ley, no se podrá restituir ni siquiera un 10 % de las 5.897.132 hectáreas que faltan por reponer. Y con dos agravantes: los procesos son cada vez más demorados, tanto en su etapa administrativa como en la judicial, y hay cada vez más victimarios haciéndose pasar por víctimas, lo que obliga a las autoridades a ser más estrictas y a ejercer un mayor control. De hecho, a más del 65 % de las víctimas se les ha negado el acceso al procedimiento de restitución. Para los críticos, la restitución ha facilitado la acumulación y la concentración de la tierra, no tiene futuro y su presente se echó a perder.
La restitución es un derecho fundamental que, al parecer, tiene fecha de caducidad. Quienes no reclamaron ya no podrán hacerlo ni tampoco las nuevas víctimas, que esperamos no surjan más, pues el conflicto y la violencia protagonizados por estructuras armadas ilegales habrán desaparecido tras la consolidación de la Paz Total, propuesta por el presidente Gustavo Petro. De no avanzar como debería, después del 10 de junio de 2031 se les negará a las víctimas el derecho a la reclamación judicial de sus predios.
Ya no habrá jueces ni fiscales de restitución para quienes tengan procesos en curso. Con la Ley se crearon 40 juzgados y 15 tribunales para la restitución de tierras que desaparecerán con la misma Ley. Asimismo, no habrá quién haga cumplir los fallos. Tampoco recursos. Si en la actualidad a los retornados los amenazan de nuevo, los desplazan y hasta los matan -porque no hay quien los proteja-, probablemente el despojo tenga una dolorosa reedición con la desaparición de la Ley 1448.
Recién promulgada, la Ley parecía ser la solución que prometía. En diferentes subregiones de Sucre se empezó implementar la Ley, siendo esa zona una de las más prometedoras, por ser región de múltiples desplazamientos y despojos, masacres y demás. Se llegó a decir que el corazón de partida de la restitución en ese entonces fue el predio La Europa, consentido por los funcionarios, situado en la zona de Ovejas perteneciente a los Montes de María, a la cual se le invirtió una gran cantidad de recursos institucionales, pero que se fue apagando poco a poco, hasta terminar en estos momentos como un ingrato recuerdo, por lo tanto que se esperaba de ese proyecto. No todo es malo, hay que decirlo, la Unidad de Restitución ha dado frutos, pues muchas familias han retornado, pero los resultados no son los esperados.
Una reforma agraria podría ser la solución. Los detractores aseguran que esa es una medida para legalizar la distribución de tierras robadas. El presidente Gustavo Petro quiere comprar 3 millones de hectáreas de tierra a Fedegán y distribuirlas entre campesinos que hayan sido despojados y, claro, también para los que no tienen tierra y no son víctimas. El propósito es que 45 millones de hectáreas de tierras agrícolas queden en manos de campesinos, agricultores, cultivadores, labradores y no de terratenientes. El problema acá es que Fedegán es visto como un aliado de los paramilitares expropiadores, los mismos que surgieron para enfrentar a una guerrilla expropiadora: un remedio que resultó peor que la enfermedad. En todo caso, el Gobierno firmó un acuerdo con Fedegán en octubre de 2022, que ya ha ofertado más de 1.700.000 hectáreas de tierra.
Se sabe que, en Colombia, miles de campesinos vivían en terrenos de los cuales no tenían escrituras, tierras baldías que terminaron en manos de terratenientes que aprovecharon el conflicto -o lo crearon- para apropiarse de grandes extensiones de tierra. La guerra desplazó a más de ocho millones de personas que tuvieron que abandonar sus predios, que fueron ocupados para sembrar matas de coca, instalar laboratorios, para el pastoreo, siembra de palma (Colombia es el quinto productor mundial de aceite de palma) y para vacacionar.
La tierra despojada o abandonada fue legalizada, entregada a terceros o a testaferros y es esa tierra la ahora quiere comprar el Estado, según el argumento de quienes discrepan de la medida. Pero el Gobierno no se prestará para comprar tierras robadas y Fedegán venderá tierras legales, como debe ser. Ya es hora de pasar a otro nivel, agilizar trámites, proteger a las víctimas, adquirir -no expropiar- y luego redistribuir con requisitos mínimos -inclusive gratuidad- entre los adjudicatarios de tierras por parte del Estado. La redistribución podría ser una herramienta poderosa para dar impulso a la Paz Total.
La reforma agraria es una prioridad para el Gobierno de Gustavo Petro, que ya inició la compra -a precio comercial- de predios en regiones de tierra productiva, principalmente en el Caribe y el Magdalena Medio (Allí Fedegán solo ha ofrecido 9.335 hectáreas). Como se recordará, esta reforma pretende desarrollar la Reforma Rural Integral plasmada en el Acuerdo Final de Paz (Punto 1), que no solo habla de redistribuir tierras fértiles improductivas, sino de un acceso integral, que incluye darles a los campesinos crédito, insumos, asistencia técnica, posibilidad de asociarse y de comercialización, para que la producción de alimentos sea el motor de la economía y proteger de esta manera al país del fenómeno inflacionario global.
Lo que corresponde, en lugar de prorrogar en 2031 un proceso de restitución que se convirtió en una herramienta que facilita a poderosos clanes políticos, familiares y económicos el despojo, es adelantar una efectiva reforma agraria, como la que propone el Gobierno Petro, que incluya medidas de restitución y que acabe con los colonos y los convierta sin más dilaciones en propietarios de la tierra, para que puedan cultivarla y sacarle provecho. Para ello hay que revisar qué falló, qué le faltó y qué es lo bueno de la restitución, para tomarlo como referente y facilitar así la ejecución de la reforma agraria que requiere con urgencia el país.
El llamado del presidente Petro a avanzar en el proceso de restitución de tierras es una muestra de la lentitud con la que se desarrolla ese modelo. “Nosotros queremos en nombre de la paz, en la que creemos, restituir esas tierras”, dijo el mandatario en Montería hace unas semanas. Agregó que el Gobierno ha dispuesto de 3 billones de pesos para la compra de tierras, lo cual debe ir acompañado de un plan de “créditos baratos, para que Colombia se vuelva una potencia mundial agroalimentaria, que significa una ‘Potencia Mundial de la Vida’”.
En cuanto a la reforma, el presidente Gustavo Petro ya dio un primer paso con la compra por $22.000 millones de 3.532 hectáreas que fueron entregadas a familias rurales del departamento de Córdoba. Uno de los terrenos tiene una extensión de 114 hectáreas, que fue comprado por la ANT al Fondo de Víctimas, que lo recuperó a su vez como uno de los bienes de Salvatore Mancuso.
“Es el primer acto de la Reforma Agraria, estas son las primeras tierras que se compran a particulares y que se entregan a campesinas, sobre todo, a campesinos, víctimas de la violencia, y a reincorporados que quieren construir la paz de Colombia”, manifestó Gustavo Petro en la entrega el pasado mes de marzo de 29 predios que forman parte del primer bloque de terrenos comprados.
“La Reforma Agraria es esencial si se concibe como una democratización de la propiedad de la tierra fértil. Es esencial para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática y estoy convencido, para que Colombia no tenga hambre”, enfatizó el presidente Petro. Y añadió que su Gobierno está comprometido en cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral, que hace mención a la titulación de 7 millones de hectáreas y, también, a que 3 millones de hectáreas pasen a manos del campesinado colombiano.
El viento sopla en contra de ese velero llamado Restitución de Tierras, política ambiciosa, progresista, bien intencionada, que tuvo mucho a su favor, pero que se quedó corta frente a las expectativas creadas. En el papel, todo lo del proyecto es bueno, tiene vocación reparadora, como es el propósito. Pero no avanzó en su aplicación, es vago e insustentable, los funcionarios no tienen un conocimiento apropiado y en ocasiones improvisan, faltan muchos asuntos por resolver, hay múltiples solicitudes estancadas, sin dejar a un lado que la entidad desde siempre ha estado monopolizada y muchas de las negativas se deben a los aspectos antes mencionados.
Lo peor es que los grupos armados al margen de la ley estarían coordinando todo el proceso para darle apariencia de legalidad al despojo de tierras. De hecho, existen zonas a las cuales la restitución de tierras no ha llegado por motivos de seguridad y no han podido ser macro ni microfocalizadas. Y aún en las que ya lo fueron, las acciones se han tenido que suspender por presiones de los bandidos y por acciones bélicas que ponen en riesgo a reclamantes, beneficiarios, funcionarios y demás intervinientes. Existen mafias cuyo fin es el despojo legal y utilizan la justicia para legalizar predios y conseguir sus objetivos oscuros.
Más grave aún es que el mismo Estado, por acción y por omisión, ha tenido incidencia en la delicada situación del campo, en el declive de la ruralidad, que se está quedando sin cosechas y sin campesinos. Por eso, el Gobierno de la Paz Total, el de Gustavo Petro, quiere reconstruir el campo, reivindicarse con los campesinos en nombre del Estado y hacer justicia social. Hay luz al final del túnel.
A.U.
