PEREIRA, COLOMBIA (22 FEB 2024) – En un caso que ha conmocionado a la comunidad, la Seccional Risaralda de la Fiscalía General de la Nación ha logrado que un juez de control de garantías ordene la detención en un centro carcelario de Jaime Arturo Marulanda Sánchez y Harol Andrés Silva Tabares. Estos hombres están bajo investigación por su supuesta implicación en el secuestro extorsivo de una mujer de 82 años, a quien habrían amenazado de muerte para exigirle una suma de dinero.
El incidente tuvo lugar el pasado 18 de febrero, cuando Marulanda Sánchez y Silva Tabares, haciéndose pasar por empleados de una compañía de telecomunicaciones, presuntamente utilizaron una escalera para acceder a la vivienda de la víctima. Una vez dentro, la señora fue sometida con violencia, arrojada al suelo, y se le exigió el pago de 950.000 pesos bajo la amenaza de dañar su vida o la de su familia.
Silva Tabares habría esperado en un vehículo frente a la residencia, listo para facilitar la fuga tras cometer el delito. Este abominable acto de violencia contra una adulta mayor ha despertado una fuerte reacción por parte de las autoridades, que han actuado con rapidez para asegurar a los presuntos responsables.
La Fiscalía ha imputado a ambos sujetos por el delito de secuestro extorsivo agravado, reflejando la seriedad de los cargos y la determinación de la justicia colombiana de perseguir y castigar a aquellos que amenazan la seguridad y bienestar de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
La detención de Marulanda Sánchez y Silva Tabares envía un mensaje claro sobre la intolerancia del Estado frente a los delitos de secuestro y extorsión, reafirmando el compromiso con la protección de todos los miembros de la sociedad.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
