RISARALDA, COLOMBIA. (13 DIC 2024) – La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de una mujer, de nacionalidad extranjera, señalada de haber agredido gravemente a su hija de un año en hechos ocurridos en el municipio de Balboa, Risaralda.
Un fiscal seccional imputó a la mujer los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambos agravados. Aunque la procesada no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Detalles de los hechos
Según las investigaciones, el primer caso ocurrió el pasado 17 de noviembre, cuando la mujer habría agredido a la menor, causándole múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Días después, el 24 de noviembre, en una finca ubicada en la vereda La Floresta, la mujer presuntamente volvió a atacar a la niña, esta vez causándole un trauma cráneo encefálico que puso en riesgo su vida.
La menor fue trasladada de urgencia a un hospital en Pereira, donde actualmente recibe atención médica especializada para tratar las graves lesiones sufridas.
Medidas legales y seguimiento
La decisión del juez de dictar medida de aseguramiento contra la madre refleja la gravedad del caso y busca proteger a la menor mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los niños y niñas, instando a la comunidad a denunciar cualquier acto de violencia contra menores de edad a través de los canales oficiales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.