París, 1 marzo.- Nicolas Sarkozy se convirtió este lunes en el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme y aunque no ingresará en la cárcel su horizonte político se ensombrece.
El Tribunal Correccional de París que le juzgaba por corrupción y tráfico de influencias cometidos en 2014 le impuso una pena de tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, y el tercero en arresto domiciliario.
La corte impuso penas similares para el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, que además queda inhabilitado para ejercer su profesión durante cinco años, y para el magistrado Gilbert Azibert, ambos convictos por los mismos delitos.
Tanto Sarkozy (presidente de la República francesa entre 2007 Y 2012) como sus abogados y el resto de los acusados abandonaron la sala de forma inmediata sin hacer declaraciones, aunque se da por descontado una apelación que puede dejar en suspenso el cumplimiento de las penas.
Herzog lo hizo saber a través de sus letrados. Del clan Sarkozy solo salió un mensaje en las redes sociales de su esposa, la exmodelo y cantante Carla Bruni: «Ensañamiento sin sentido, amor mío. El combate continúa, la verdad saldrá a la luz».
El veredicto es un mazazo para el expresidente, alejado de la primera línea política desde 2016 pero muy respetado entre los conservadores franceses, pero que ve su influencia deteriorarse por los frentes judiciales.
MARATÓN JUDICIAL
Sarkozy supera a su antecesor en el cargo, Jacques Chirac, el primero en ser condenado, en 2011, pero nunca a penas de prisión firme y que ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados por su delicado estado de salud.
Además, en dos semanas volverá a los tribunales para el juicio por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2012 y los jueces siguen instruyendo si la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo contó con aportaciones ilegales del régimen libio de Muamar Gadafi, quien estuvo en el poder entre 1969 y 2011.
Su nombre aparece también en otros sumarios judiciales, como la indemnización pagada al exministro y empresario Bernard Tapie, el encargo de encuestas sin concurso público desde el Elíseo o en las ventas de helicópteros a Kazajistán y de armamento a Pakistán.
Otra condena en cualquiera de esos casos, reactivaría los dos años exentos de cumplimiento de la sentencia pronunciada este lunes y podrían hacer efectiva la entrada en prisión del expresidente francés, de 66 años de edad.
Sarkozy escuchó impertérrito el veredicto y apenas dejó traslucir emociones al conocerlo, en una sala llena a rebosar debido a la enorme expectación y con una multitud de cámaras y fotógrafos a la puerta.
La presidenta del tribunal comenzó dando por válidas las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre Sarkozy y su abogado y que su defensa se había obstinado en invalidar a lo largo de la vista oral que tuvo lugar en diciembre pasado.
En ellas reposaba lo esencial de la acusación, porque se desprendían los contactos entre Herzog y su amigo Azibert, entonces magistrado del Supremo, para obtener beneficios procesales en favor de Sarkozy en otras causas.
«Le haré ascender», decía en una de esas grabaciones el expresidente, dando a entender que se comprometía a hacer valer su influencia para obtenerle un importante puesto en Mónaco.
«PACTO DE CORRUPCIÓN»
A partir de ahí, la sentencia establece que los tres acusados, por su formación de juristas, debían saber que estaban infringiendo la ley y da por buena la tesis de la acusación, de que existía un «pacto de corrupción».
El veredicto considera que esta actuación es particularmente grave por el prestigio y las funciones de los tres acusados.
En el caso de Sarkozy, apuntala la «particular gravedad» de los hechos «cometidos por un antiguo presidente que ha sido garante de la independencia de la justicia».
«Se sirvió de su estatus de expresidente y de las relaciones políticas y diplomáticas tejidas desde el cargo para beneficiar a un magistrado que sirvió a sus intereses personales», señala.
Hechos de tal gravedad que solo pueden ser condenados, concluye la sentencia, con una pena de prisión firme, aunque precisa que puede ser cumplida con un arresto domiciliario con vigilancia electrónica «dada su situación actual».
La sentencia tampoco ahorra críticas hacia los otros dos acusados, un prestigioso abogado y un alto magistrado, que a juicio del tribunal desacreditan la justicia.
Paradójicamente, en 2015 Sarkozy se oponía a que las penas superiores a seis meses de prisión pudieran ser aligeradas.
Luis Miguel Pascual
