«Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes» (Constitución Política de Colombia).

Un preámbulo necesario

La desaparición forzada ha sido utilizada por el crimen urbano y rural como estrategia de guerra, la insurgencia también la ha empleado, al igual que sectores del Estado colombiano en los que quienes ejecutan ese tipo de acciones son miembros de los organismos de seguridad.

Aunque la desaparición forzada está prohibida en la Constitución Política de Colombia, poco les importa ese mandato a los actores de la guerra. Todavía sigue siendo empleada por «legales» e ilegales inmersos en el conflicto urbano-rural para someter, controlar y eliminar potenciales enemigos en los territorios.

Igualmente, en el ámbito internacional, el Estatuto de Roma plantea que: «Artículo 7.2.i Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado».

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas plantea: «Artículo 2 […] Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes».

El Estatuto de Roma que da vida a la Corte Penal Internacional es explícito en que no solo son responsables los agentes del Estado o quienes trabajen bajo su beneplácito, deja en claro que los individuos que estén en una organización política o bajo su amparo o complicidad también serán responsables.

En el caso del Valle de Aburrá estarían las bandas de La Oficina del Valle de Aburrá o independientes de ella; Las AGCel crimen transnacional, entre otros. Estas estructuras criminales paramafiosas también han utilizado la desaparición forzada de personas cumpliendo los designios de quienes detentan poder político y económico: los auspiciadores del paraestado.

En Bello no solo las bandas paramafiosas desaparecen forzadamente personas, miembros de la policía también lo harían    

En el artículo publicado el miércoles 28 de agosto, titulado «Mucho se habla de la violencia en Bello, pero no de sus consecuencias» mostrábamos cómo las autoridades locales y nacionales a excepción de la actual alcaldesa y el gobernador de Antioquia buscaron minimizar el conflicto armado en el municipio de Bello, quisieron mostrar que allí no estaba pasando nada grave, solamente se enfocaron en homicidios y olvidaron de tajo otras consecuencias de las actividades criminales, por ejemplo, extorsión —vacuna—, pagadiarios o gota a gota, desplazamiento forzado intraurbano, apuestas ilegales, tráfico de droga —llamado microtráfico— y, sobre todo, quisieron hacerle el quite a la desaparición forzada.

Incluso cuando se habla de la existencia de no menos de 26 desaparecidos forzados en los últimos cuatro años —reiteramos que es un subregistro—, se resisten a reconocer que es una realidad y quieren afirmar que son solo cuatro los casos registrados en 2019. Pareciera que las otras desapariciones forzadas ocurridas este año y en los tres anteriores no importan. Obviamente menos aún les interesan años anteriores a 2017. Afortunadamente a los familiares y a la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano sí le importan. Por tal razón seguimos insistiendo en la visibilización de los casos y escudriñando años anteriores para adelantar que es bastante grave lo encontrado a la fecha.

La desaparición forzada es el instrumento violento utilizado por muchas de las bandas que operan en el municipio de Bello y el resto del Valle de Aburrá durante más de dos décadas. Uno de los casos que se puede traer a colación por haber cambiado la cartografía criminal bellanita fue el de Jáder Botero, alias Gancho, considerado uno de los principales jefes criminales del municipio. A través de la banda Pachelly y con importante representación en la línea militar de la Oficina, alias Gancho, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue desaparecido forzadamente el 14 de julio de 2010, día en que salió de Bello y se dirigía al barrio El Poblado, en Medellín.

La desaparición forzada ocurrió cuando la guerra de la Oficina estaba desatada entre sus dos líneas militares, representadas por alias Valenciano y alias Sebastián, confrontación armada que dejó no menos de 6.000 homicidios, sin contar los numerosos casos de desaparecidos forzados. Aquí el subregistro se mantiene y los hechos han sido negados hasta la saciedad por la institucionalidad. Para esta solo cuentan los muertos que son visibles, lo demás no interesan. Eso lo sabe muy bien el crimen urbano y rural, por lo tanto la aplicación de la tortura y la desaparición forzada es tan apetecida. «Mátelo, descuartícelo, échelo a una bolsa con cal y sal y luego entiérrelo», es la premisa que mantiene.

Sin embargo, el trabajo mancomunado de la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia permitió que desde Bogotá se organizara una comisión de búsqueda de desaparecidos que ya está actuando en el territorio bellanita. A la fecha se sabe que han logrado identificar tres sitios donde podría haber restos humanos enterrados. Para no entorpecer la investigación Análisis Urbano se abstiene de nombrar qué lugares son, pero lo claro es que el grupo de rastreo e investigación avanza por buen camino.

El 2019, año de la confrontación en Bello, dejó desaparecidos forzados. Entre finales del 2017 y 2018, periodo que se presentaba una «paz relativa», también se presentaron casos de desaparición forzada.

Las desapariciones forzadas no son producto solo de la confrontación armada que hasta la primera quincena de agosto se desarrolló entre El Mesa, Niquía-Camacol, contra la minoría Pachelly. Afirmábamos con evidencias basadas en SPOA y reportes al CTI de la Fiscalía General de la Nación que la desaparición es también la constante en el municipio de Bello al igual que en Medellín y en otros municipios del Valle de Aburrá y el resto de las subregiones de Antioquia. Aunque exista o no confrontación armada en el crimen urbano y rural, siempre será la desaparición forzada uno de los instrumentos más utilizados por las estructuras criminales, grupos que han sido denominados por el Ministerio de Defensa como Grupo Armado Organizado (GAO), Grupo Delincuencial Organizado, GDO y Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO), aunque en la práctica son disidencias, insurgencia y estructuras paramafiosas o bandas asociadas a estas últimas.

Por tal razón decidimos poner al final del citado artículo del 28 de agosto el apunte urbano en el que mostramos uno de los ejemplos palpables que es imposible de ocultar y mucho menos olvidar: la desaparición forzada ocurrida el 15 de noviembre de 2017, en horas de la tarde, cuando Juan David Marín Caro y su amigo Anderson Álvarez Álvarez, salieron juntos en una moto AKT NKD blanca de placas AGE55D y fueron secuestrados y desaparecidos forzadamente cerca al Hospital Mental ubicado en Bello.

En este caso de doble desaparición participaron tres camionetas, al parecer oficiales. En los hechos estarían vinculados no menos de once miembros de la institución policial. Esto fue lo que encontramos.

Video de la última vez que fueron vistos Juan David y Anderson, minutos después fueron desaparecidos forzadamente.  

Miembros de la policía, al parecer del Gaula, se habrían llevado a los dos hombres

El 20 de noviembre de 2017, la Fiscalía 60 fue la entidad receptora de la denuncia por desaparición forzada de los ciudadanos Diego Alejandro Marín Caro, cuyo nombre original es Juan David Marín Caro, y Anderson Álvarez Álvarez. La unidad receptora fue la 00720 Grupo Identificación Búsqueda de Desaparecidos CTI-Medellín. La denuncia quedó registrada con el consecutivo 00130.

En la denuncia se conoce inicialmente quiénes son las personas desaparecidas, además lo previo a la desaparición. «Los muchachos salieron de su casa en una moto que les prestó un amigo, la moto de placas AGE 55D aproximadamente a las 03:00 de la tarde».

Empiezan a surgir los primeros indicios de lo que habría pasado: «Una señora con un perro dice que había visto como a dos muchachos los montaban en una camioneta blanca, no conozco a la señora y no sé nada más de ella». Otra persona, un joven trabajador de una obra en construcción aledaña al lugar de los hechos va más allá: «A ellos se los llevó esposados la Policía». Una cámara del sector también habría sido testigo mudo de lo ocurrido; en el video al parecer se aprecia que los vehículos son oficiales. «En una de las camionetas se veía claramente los logos de la institución y las personas que se transportaban en ellos, algunos serían policías».

«En los barrios y el bajo mundo se sabe todo»

Según fuentes oficiales consultadas por Análisis Urbano, en la portada de la carpeta del caso aparece escrito con lapicero «Policías activos» y en ella se estaría hablando de tres camionetas, 11 policías activos, presuntamente del GAULA, lo que permitiría mostrar que efectivamente no fueron las bandas de Bello las autoras de la doble desaparición forzada. Personal de la Fiscalía tendría claridad meridiana de que en la doble desaparición forzada participan uniformados. Tímidamente asienten con la cabeza: «Sí, son policías». Obviamos los nombres por razones de seguridad y para no entorpecer la investigación.

Las sospechas sobre la presencia de miembros de la Policía se reafirmó debido a que allegados y familiares de las víctimas empezaron a pegar volantes con las imágenes de los dos hombres en todo el municipio de Bello, debido a eso, algunas personas que no dan su nombre empiezan a contactarlos para decirles que a sus familiares los tenían en la vereda Potrerito y que las camionetas habrían pasado por la obra 2000, al parecer lo hacían con el ánimo de desviar la investigación que iniciaba. Hay indicios de que miembros de la banda policial estaban haciendo esto motivados por el despliegue que tuvo el caso inicialmente.

También llama la atención que miembros de la policía empezaron a quitar los afiches que estaban pegados en postes y paredes de Bello. Pareciera que no querían que se hablara más del caso, según nos cuenta una fuente: «Unos policías se acercaron al lugar de los hechos donde unas personas pegaban afiches de los desaparecidos, prohibiéndoles que siguieran haciéndolo y ordenando que retiraran los que estaban pegados». ¿Cuál era el miedo de algunos uniformados por que se conociera esta doble desaparición forzada?

En enero de 2019, el ente investigador judicial estaba realizando los seguimientos para proceder a efectuar las primeras capturas de los presuntos implicados, sin embargo, desde inicios de 2018, el proceso literalmente estaba estancado. Nadie se explica por qué. Fuentes de inteligencia consultadas por Análisis Urbano indican que ese caso con el acervo probatorio que tenía no demoraba más de cuatro meses para que diera resultados positivos, lo único que puede pararlo es una mano poderosa de la institución policial, puntualizan.

En eso las fuentes de inteligencia fallaron. Si fuera cierto que había manos poderosas policiales frenando el caso para que lo archivaran, no contaban con algo más poderoso, la tenacidad de familiares y allegados que, a punta de volantes e insistencia en la Fiscalía, lograron que no se olvidaran del caso. A pesar de que algunos funcionarios del ente investigador jugaban con ellos buena parte del tiempo, buscando con eso que se cansaran, esa presión familiar fue realmente la que evitó que el caso no se fuera al cajón del olvido como tantos otros, por ejemplo, el de los Santiagos, desaparecidos forzadamente en el barrio Obrero del municipio de Bello, dos años antes del caso de Anderson y Juan David. Una de las coordinadoras de la Fiscalía en Medellín, omitimos su nombre por razones de seguridad, habría dejado en claro: «Si ustedes no hubieran venido a insistir, este caso estaría archivado».

El bajo mundo del crimen urbano en el Valle de Aburrá se pronunció

Se supo, por personas allegadas a los familiares de los desaparecidos, que los voceros de las bandas de Bello y Medellín habrían tenido una reunión en la que al parecer dejaron claro que la doble desaparición forzada no fue ejecutada por alguno de sus subalternos, incluso aducen que ellos, los jefes criminales, no tienen necesidad de contratar policías para eso, su gente cumple la función con profesionalismo. ¿Para qué pagarle a los tombos? Ese fue el mensaje que les llegó a los deudos.

El investigador, al parecer de la DIJÍN, Bogotá, y que ya no se encuentra al frente de la investigación, al que llamaremos «Carlitos», planteaba al inicio de la investigación que él tenía una informante mujer que lo ponía al tanto de lo que iba ocurriendo en el municipio de Bello. Porque la informante es amiga de un amigo de una persona cercana al caso. «Ella [la informante] escuchó lo que hicieron con Anderson y Juan David, a ellos los habrían matado y enterrado en la vereda Potrerito».

Hay serios indicios que tienen la Fiscalía y «Carlitos» de que hay unos videos. Uno en especial mostraría a miembros de la Policía, al parecer Gaula, esposando y subiendo a Anderson y Juan David a una camioneta y saliendo al parecer rumbo al norte escoltados por otras dos camionetas. En ese video también se observarían los pies de Anderson y Juan David cuando hacían el recorrido en los vehículos. Posteriormente, en otros videos se verían retornar las camionetas con los raptores oficiales sin los dos hombres. Esto daría una nueva hipótesis al caso ya que, inicialmente, la informante dijo que fueron asesinados y enterrados en la vereda Potrerito. ¿Será que «Carlitos» puso a disposición de la Fiscalía el nombre de la fuente para que sea escuchada nuevamente? Al parecer no fue así.

Otro ingrediente que se sumaría a los graves indicios de que miembros de la Policía estarían vinculados al secuestro y la desaparición de los dos hombres, es la existencia de la minuta de vigilancia, libro de anotaciones donde los uniformados que habrían participado en este hecho criminal firmaron antes de salir a realizar el periplo criminal que los llevó a los alrededores del Hospital Mental a secuestrar y desaparecer a Anderson y Juan David. Presuntamente no fue el único hecho criminal realizado ese día, otras situaciones igual de criminales se habrían registrado ese 15 de noviembre en el municipio de Bello y en Medellín. ¿De dónde salieron a realizar el recorrido las camionetas? ¿Desde Medellín o Bello? Presuntamente la minuta de vigilancia sería de alguna estación policial de Medellín. Se espera que esta se encuentre en cadena de custodia.

¿Qué es el libro de la minuta de vigilancia?

«Es un documento de carácter público donde se relaciona el personal que sale al servicio, citando el lugar de facción, identificación del arma, de las esposas y observaciones si son necesarias.

»Debe ser llevado personalmente por el comandante de sección, sin enmendaduras, tachones, supresiones o cualquier alteración de la realidad.

»Teniendo en cuenta los avances de la tecnología moderna, los comandantes respectivos ordenarán el diseño de aplicaciones por computador sobres los turnos de vigilancia donde se registren la distribución del recurso humano, medios materiales utilizados, consignas impartidas y novedades ocurridas en cada turno de vigilancia, lo cual sirve en forma permanente para elaboración de estadísticas y como antecedentes de consulta en caso necesario» (Texto tomado de Servicio de Vigilancia).

Según fuentes consultadas, presuntamente los implicados estarían desesperados por obtener, al precio que fuera, el libro de la minuta, ya que sabían que el investigador, y por ende la Fiscalía, lo tenían en su poder, lo que permitía tener claridad sobre cuáles uniformados estaban implicados en la doble desaparición forzada.

Eso acabaría de demostrar que los sujetos eran policías activos y habrían recibido una fuerte suma de dinero para que secuestraran, mataran y desaparecieran a Anderson. Desafortunadamente para Juan David y su familia, este se encontraba en ese preciso momento con el objetivo de la banda policial.

De ser cierto lo anterior estamos ante una verdadera Banda Policial (Polibandas) cuyos «trabajos criminales» se asemejan a la triste célebre banda policial Los Magníficos. Algunos de sus miembros fueron capturados y eran policías activos y retirados, incluso uno prestaba servicio de escolta en la Unidad Nacional de Protección (UNP), a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Quedaron rastros del accionar criminal de la Polibanda

Fue tan mal hecho el trabajo criminal por parte de esta presunta banda policial que las investigaciones apuntaban a que las tres camionetas en las que se desarrolló la actuación criminal eran nuevas y los uniformados participantes pusieron placas falsas y cuando las retiraron de los vehículos después del periplo criminal, no se percataron de que quedaron rastros del cambio efectuado y, por tal razón, no fueron rigurosos con la limpieza de esa parte de las camionetas.

Algo que pasaron por alto los presuntos miembros de la banda policial fue la existencia de un gran número de cámaras a lo largo de la caravana de la muerte, se hablaría en la investigación de no menos de 32 videos mostrando lo que hicieron ese 15 de noviembre; cómo entraron y salieron del municipio, cuál fue el destino final con las personas que se llevaron contra su voluntad y dónde habrían regresado a pernotar, difícil que se pueda ocultar eso, a menos de que las pruebas estén desapareciendo en este periodo de inactividad del proceso de investigación. Como dirían las fuentes de inteligencia consultadas, lo único que lo para es una poderosa mano policial, en otras palabras, uno o varios altos oficiales.

Análisis Urbano, conoce de primera mano con fuentes consultadas que la magnitud del hecho perpetrado y la atención inicial que se le dio al caso obligaría a que las pruebas recopiladas, entre ellas la minuta de vigilancia y los numerosos videos, estén en cadena de custodia. Afirman que de no estarlo se vislumbraría que hay más implicados en este crimen de lesa humanidad. «No hay posibilidad de que se pierdan las pruebas menos aún que no estén en cadena de custodia, a menos que los fiscales e investigadores quieran correr el riesgo de que se profundice la investigación y los vinculen por complicidad u omisión».

Frente al recorrido de la banda policial sí es importante que se determine si los vehículos que participaron en la desaparición forzada están asignados a Medellín y si lo están deberían tener GPS o AVL. Eso significa que su ubicación siempre se conocería. Así nos lo confirmó un coronel de la Policía Nacional, quien pidió no revelar el nombre. Al parecer lo del AVL lo tiene claro la Fiscalía General de la Nación.

La investigación no avanza, el desespero cunde

Los allegados a Anderson y Juan David empezaron a desesperarse con el poco avance en la investigación. Todavía hoy no entienden cómo, si existe material probatorio suficiente para dar resultados en la investigación, no se hayan dado pasos más firmes. ¿Para qué sirve que la Fiscalía tenga la certeza de que son miembros de la Policía, entre los que habría altos oficiales, además de la minuta de vigilancia, videos, radios, teléfonos celulares, interceptaciones, entre otros, si no se ha procedido a la captura de esta banda policial? La respuesta de «Carlitos» fue contundente pero no convincente: «Faltaba que llegara otras pruebas porque tenían que pasar por el fiscal del caso, cosa que cuando los cogieran no los soltaran». Esa afirmación no acompasaría con el cúmulo de pruebas que se tenía, más bien olía a dilatación.

Ese interés en que no avanzara la investigación y menos que arrojara los primeros resultados se muestra en el hecho de que la Fiscalía y «Carlitos» tendrían claridad de quiénes componían la banda policial, en otras palabras: «Dentro del grupo de presuntos uniformados implicados en este atroz delito había uno que estaba totalmente identificado, incluso el perfil del sujeto lo tenían claro el investigador, estaba seguro que la persona que ya se iba a capturar, se desmadejaba todo, porque esa persona por miedo de perder su trabajo y la libertad, cantaba y no se echaba el agua sucia solo».

Los familiares pensaron en algún momento en montar demandas y denunciar públicamente lo ocurrido y a quienes estarían involucrados, el investigador de la Dijín y al parecer la señora fiscal que inicialmente llevaba el proceso les argumentó que no lo hicieran por la seguridad de ellos, además de que alertarían aún más a los participantes en el crimen de lesa humanidad.

Otro argumento esbozado para impedir la publicación del caso fue: «Lo de ustedes es muy delicado, ustedes saben porque, miren que su silencio ha servido en este tiempo para que no los hayan amenazado a ustedes, hay que pensar en la seguridad de sus familiares también».

Igualmente, la fiscal ofreció protección: «Que si queríamos seguridad, protección, porque esa gente era muy delicada y poderosa». Esa afirmación dejaría entrever que esto no es un asunto donde solo estén miembros rasos del Gaula, hay serios indicios de que altos oficiales estarían involucrados, miembros de la fiscalía, según fuentes consultadas lo han afirmado.

La petición del investigador para tranquilizar a los familiares de las víctimas era que: «El caso va muy bien, que por favor le dieran un poco más de tiempo y lo verían, que este caso era uno de los pocos que se sabía tanto en tan poco tiempo y que esta bomba iba a explotar pronto».

El investigador dio su palabra y aseguraba que el caso no quedaría en la impunidad: «Eso no iba a ser un caso en el olvido, porque antes de finalizar el año ya habría hecho algo». La afirmación la realizó en el primer trimestre del 2018. La realidad fue otra, el proceso se paralizó durante más de un año y apenas ahora muestra intentos de avanzar. Se espera que la poderosa mano policial no intervenga nuevamente.

El alcalde de Medellín conoció el caso desde el mismo momento que ocurrió

El 15 de noviembre cuando ocurrió la desaparición forzada, familiares de las víctimas se comunicaron vía telefónica con la alcaldía de Medellín, la asistente del alcalde lo pasó, Federico Gutiérrez, habló con ellos y procedió a comunicarlos con el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Meval, brigadier general Óscar Antonio Gómez Heredia, quien asumió con responsabilidad el caso y envió a varios oficiales al lugar de los hechos. Eso causó revuelo por la presencia de altos oficiales, algunas personas se preguntaron en voz alta. «¿Quiénes eran los desaparecidos porque era la primera vez que se veían policías tan importantes en la escena de un crimen?».

Pareciera que iban a desviar el proceso

Nadie se explica cómo de un momento a otro «Carlitos» cambio de parecer, ya no era el investigador activo que buscaba llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar la verdad y que se impartiera justicia en este crimen de lesa humanidad.

Fuentes consultadas por Análisis Urbano dan cuenta de que los informes que «Carlitos» se proponía entregar ya no eran objetivos, estaba cambiando los hechos que rodearon la desaparición. «Hablaba ya no de tres camionetas oficiales de un mismo color, ya empezó a decir que eran cuatro camionetas, café, gris, negra y otra blanca, además que las placas eran de Cali y los logos falsos». También afirmaba, sin miramiento, que: «En el rompoy de Soya, donde hay una cámara del 123, que las cuatro camionetas venían de norte a sur, una de ellas se desvió y las otras tres subieron por el rompoy rumbo a San Félix, cosa que no parece cierta». Finalmente, «Carlitos» ya no le encontraba valor a los videos recopilados, según él, en ellos no se veía nada.

Una fuente consultada advierte que las cámaras ubicadas donde ocurrió el hecho criminal muestran a uno de los secuestradores bajándose de una de las camionetas y montándose en la moto de las víctimas. Salió con la caravana, eso muestra que, a diferencia de lo que afirma «Carlitos», la cámara evidenció a los sujetos que esposaron a las víctimas y las introdujeron al vehículo y al que se llevó la moto. Ellos son clave en la investigación. ¿Cómo negar estas pruebas y aducir que no se ve nada en los videos?

En últimas, todo lo cambió, pareciera querer favorecer otros intereses. Se dice entre bambalinas que una mano poderosa policial tocó su hombro, advirtiéndole sobre la necesidad de no avanzar en el caso.

¿El proceso cómo se encuentra?

Fuentes allegadas al proceso plantean que a la fiscal que inició el caso y al investigador Cristian los estarían investigando por anomalías detectadas en el proceso. Este último no habría pasado el informe donde reposa todo lo concerniente al caso y que daría la posibilidad de las capturas. Se habla de informes donde ya no se muestra la contundencia con la que inicialmente hablaba el investigador, pareciera que se estuviera obviando información sustancial sobre la participación de policías y entre ellos de oficiales activos.

Recientemente el proceso se reactivó, los actuales investigadores y el nuevo fiscal que tiene el caso, son garantía de transparencia y profesionalismo, eso argumentan a la Agencia de Prensa Análisis Urbano, quienes conocen a los funcionarios que llevan dicha investigación. Afortunadamente para los familiares de las víctimas y la ciudadanía del Valle de Aburrá hay una luz de esperanza en este caso.

Unidad de Investigación  del Crimen Urbano

Proximá entrega: Bandas policiales al servicio del crimen urbano y rural en el Valle de Aburrá (segunda parte)