El reflector nacional en los últimos meses ha estado puesto en Bello debido a la ola de violencia que se ha incrementado y a la inseguridad que sienten sus habitantes. Las calles del municipio se han vuelto más hostiles por los enfrentamientos entre bandas y los índices de violencia no disminuyen. En este año ya se han registrado 105 muertes violentas.
No en vano el presidente Iván Duque tuvo que hacer un consejo de seguridad en Bello para tratar de poner soluciones ante la grave situación de inseguridad. Allí el mandatario instó a Guillermo Botero, ministro de Defensa, a atacar a las bandas criminales y hacer un seguimiento semanal de lo que sucede en el municipio.
No obstante, desde las autoridades locales y nacionales el conflicto en Bello ha sido poco tratado y, además, minimizado, como si allí no estuviera sucediendo algo grave.
Quizás la única gran afirmación que se ha hecho —más que medidas que hayan resultado efectivas para mejorar la seguridad— vino de parte de Luis Pérez, gobernador de Antioquia, en julio: «Bandas criminales del sector están desapareciendo personas, asesinándolas y tirándolas como alimento para los cerdos». Más allá de esto, poco se ha dicho por parte de las autoridades sobre la violencia en Bello y sus consecuencias.
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Del otro lado están las bandas criminales, que son tan culpables de buena parte de la violencia como aquellos que ostentan un gran poder en el municipio, ya que las rentas ilegales de actividades como el narcotráfico y la extorsión les permiten un campo de maniobra para actuar fuera del alcance de las autoridades que, aunque las persiguen, no logran desmantelarlas.
Como también parece suceder en Medellín, y quizás la única manera para que frene la violencia es con un pacto entre las mismas bandas. El 26 de agosto las bandas de El Mesa, Pachelly y Niquía Camacol anunciaron una tregua que, parece, va a darle un respiro a la comunidad bellanita con respecto a la violencia. «Se le informa a toda la comunidad bellanita que a partir de la fecha: agosto 27 de 2019, se para el conflicto en dicho municipio entre las estructuras criminales. Para que toda la comunidad esté tranquila. Paz en Bello», dice un mensaje que circuló en redes sociales.
Todavía están por verse los efectos reales y a largo plazo que podrá tener este nuevo pacto entre bandas, pero lo cierto es que parece que son las bandas criminales las que controlan la paz del territorio, sin que la institucionalidad haya querido admitir una serie de fenómenos que son consecuencia de la violencia, y que van más allá de una cifra de homicidios.
Lo primero que hay que mencionar en este espectro es el gran poder que tienen las estructuras criminales que habitan en Bello frente a la población. El miedo y la zozobra hacen que los bellanitas no hayan podido denunciar todos los casos de violencia y extorsión que suceden en el territorio, y esto le conviene a las instituciones del gobierno. De parte de ellos, con la poca denuncia de la ciudadanía, es más fácil tratar la violencia en el municipio como hechos aislados y cuyo origen tiene que ver más con conflictos de casa o de una cuadra que de un conflicto generalizado.
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Entretanto, Bello sigue controlado por bandas criminales que tienen suficiente poder tanto bélico como social para extorsionar a la población de manera regular y tener operación con plazas de vicio en el territorio. Hasta ahora, los planes de seguridad por parte de la institucionalidad para combatir a estas bandas han demostrado no ser lo suficientemente efectivos para frenarlas, al punto de que antes de una victoria de la institucionalidad son ellas mismas las que deben parar para que la situación se calme.
Otro hecho que parece que las autoridades no están teniendo en cuenta sobre la situación de Bello es la evidente presencia de comandos urbanos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Estas estructuras ya están inmersas en varios sectores del Valle de Aburrá, incluyendo Bello. Esta es otra facción criminal que llega a los territorios a disputarlos y a combatir con otros sectores.
El silencio de las autoridades sobre esta presencia o tal vez la falta de conocimiento de que los gaitanistas están allí demuestra también fallas en las estrategias de seguridad en el territorio.
Un hecho que llama la atención es que la institucionalidad no tiene datos —ni siquiera estimados— sobre cuántos desplazados y desaparecidos hay por la violencia, y mucho menos de las amenazas, las vacunas y las extorsiones que día a día se cobran en Bello. La falta de denuncia por parte de la ciudadanía también influye en esto, pero no es excusa para que no haya respuesta por parte de las instituciones oficiales.
Aquí hay que mencionar un caso muy grave y es el de las desapariciones forzadas en Bello, que están minimizadas por parte de sectores de la institucionalidad, en especial de la Policía Nacional, de una manera insólita. Mientras oficialmente se dice que para este año solo hay cuatro casos de desapariciones forzadas, la Agencia de Prensa Análisis Urbano tiene conocimiento de por lo menos 26 casos en los últimos cuatro años. Aquí hay que tener en cuenta que esto se trata apenas de un subregistro, pues es posible que haya más casos que no han sido denunciados por los familiares.
Las autoridades han demostrado que esta es una situación que minimizan y ocultan con cifras mucho menores a las que en realidad existen. En Bello, según se demuestra, prima más hablar de la violencia que de las consecuencias que esta produce.
Los desaparecidos en Bello, de los que tenemos conocimiento son, en 2019: Sergio Zapata Ospina, desaparecido desde el 5 de enero; Francisco Hernán García Suárez, desaparecido desde el 3 de febrero; Heriberto Antonio Carmona Carmona, desaparecido desde el 23 de febrero; Julián Velásquez Grisales, desaparecido desde el 28 de febrero; Jarold Andrés Cardona Marín, desaparecido desde el 4 de marzo; Jhon Sebastián Muñoz Ramírez, desaparecido desde el 26 de marzo; Arturo de Jesús Medina Escobar, desaparecido desde el 25 de marzo; Viviana Cristina Cardona Henao, desaparecida desde el 30 de marzo; Sandra Milena Lezcano Mazo, desaparecida desde el 20 de mayo; Juan Manuel Posada Restrepo, desaparecido desde el 25 de mayo; Fabián Andrés Correa Borja, desaparecido desde el 5 de junio; Jesús David Arias Gómez, desaparecido desde el 14 de junio; Yessica Paola Tarriba, desaparecida desde el 20 de junio; Yeison Stiven Guzmán Giraldo, desaparecido desde el 30 de junio.
De años anteriores tenemos conocimiento de: Yonathan Gaviria Sanmartín, desaparecido desde el 17 de octubre de 2011; Santiago Echeverri Ortiz y Santiago Pérez Villa, desaparecidos desde el 27 de julio de 2015; Jonathan Oquendo Mora, desaparecido desde el 8 de mayo de 2016; Diego Alejandro Marín Caro y Ánderson Álvarez Álvarez, desaparecidos desde el 15 de noviembre de 2017; Kevin Andrés Valencia, desaparecido desde el 2 de febrero de 2018; Brayan Estiven Isaza Zapata, desaparecido desde el 15 de febrero de 2018; Héctor Fabio Delgado Jaramillo, desaparecido desde el 16 de mayo de 2018; John Faber Guzmán Velásquez, desaparecido desde el 6 de julio de 2018; Róbinson Stiffen Álvarez Ocampo, desaparecido desde el 18 de agosto de 2018; y Álvaro de Jesús Cano Restrepo, desaparecido el 10 de octubre de 2018.
Cada uno de estos casos tiene SPOA o reporte de desaparición al Grupo de Desaparecidos del CTI, teniendo esto en cuenta proponemos que se cree una comisión de alto nivel donde participe la institucionalidad y el Proceso Social de Garantías para que, al verificar esta lista, acepte o descarte la desaparición forzada; y que posteriormente se establezca un bloque de búsqueda para encontrar a los desaparecidos. Solo así se podrá decir que hay interés real por parte de las autoridades competentes con las familias, los allegados y en general con la ciudadanía bellanita.
Apunte Urbano
El 15 de noviembre de 2017, en horas de la tarde, Diego Alejandro Marín Caro (su nombre original es Juan David Marín Caro) y Ánderson Álvarez Álvarez, quienes se movilizaban en una moto AKT NKD blanca de placas AGE55D, fueron secuestrados y desaparecidos forzadamente cerca al Hospital Mental ubicado en Bello.
En este caso de doble desaparición participaron tres camionetas, al parecer oficiales. El hecho se ha querido dejar en el olvido porque presuntamente estarían vinculados miembros de la Policía Nacional de Colombia.
La Agencia de Prensa Análisis Urbano está concluyendo una investigación periodística que será publicada próximamente y demostraría que los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales no solo han sido efectuadas por miembros del Ejército Nacional con complicidad de altos oficiales; en este caso podrían estar vinculados oficiales que han tratado de desviar las investigaciones. Esto nos trae nuevamente a colación el caso de la banda policial de Los Magníficos, conformada por miembros activos de la institución policial. ¿Se habrán reactivado las bandas policiales o polibandas dedicadas a los cobros a la mafia, la extorsión, el sicariato, el secuestro y la desaparición forzada en el Valle de Aburrá? Pareciera que sí.
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