En horas de la tarde de este jueves 22 de noviembre, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, entregó detalles sobre la investigación que le adelanta el ente acusador al alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona González, capturado en el aeropuerto Olaya Herrera en horas de la mañana de este mismo día cuando se dirigía a Bogotá para recibir una distinción como uno de los mejores mandatarios del país.

Además de Cardona González fueron capturados Girlesa Mesa Medina, secretaria de Hacienda; José Conrado Restrepo Valencia, contralor municipal; Diego Fernando Echavarría, secretario de Educación; Reynel Bedoya Rodríguez, representante legal del Programa Computadores para Educar adscrito al Ministerio de las TIC; Lindon Johnson Galeano Abello, exconcejal de Envigado; así como los particulares Esteban Rodríguez Ruíz, Camilo Andrés Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero, quienes se habrían apropiado de manera indebida de millonarias sumas de dinero mediante irregularidades en la celebración de contratos.

Según el proceso adelantado por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, los funcionarios habrían tejido un entramado de irregularidades en la administración de Envigado para apropiarse de manera indebida de millonarias sumas de dinero.

Lote millonario
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en la adquisición de un predio ubicado en la vereda Pantanillo de Envigado, el cual sería declarado como reserva ambiental.
En el trámite irregular habrían participado José Conrado Restrepo Valencia, contralor municipal, la secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa Medina, la comisionista Marcela Quintero Restrepo, y el particular Camilo Andrés Correa Berruecos, propietario del mencionado lote.

De acuerdo con las interceptaciones telefónicas obtenidas por los investigadores, un particular adquirió el lote por la suma de 50 millones de pesos y semanas después fue comprado por la alcaldía de Envigado con dineros de vigencias futuras por la suma de 1.300 millones de pesos, 26 veces más el dinero pagado por el predio.

El Fiscal Martínez dio a conocer diferentes audios en los que se escucha a la secretaria Mesa Medina celebrar con la comisionista el desembolso por la compra del lote, gracias a que son un “buen equipo”, mientras que en otra llamada la comisionista informa a la secretaria de Hacienda la consignación de 398 millones de pesos en cuentas personales.

Donación de 400 tablets
Dentro de la misma investigación se estableció que el contralor municipal presuntamente obtuvo una donación de tablets del programa Computadores para Educar, adscrito al Ministerio de las TIC, y al parecer habría pactado que en contraprestación la administración municipal contratara con una empresa de Pereira, Risaralda, el mantenimiento de estos equipos por valor de 309 millones de pesos.
En total se entregaron 400 tablets a 12 instituciones educativas de Envigado, las cuales tenían un costo de 150 millones de pesos, es decir el contrato de mantenimiento costaba más que los equipos.
En una conversación telefónica que está en manos de la Fiscalía se escucha a la secretaria de Hacienda sostener una conversación con el alcalde de Envigado por la donación de las 400 tablets a cambio de la contraprestación del mencionado contrato de mantenimiento.

Coimas por puestos
Se adelantan investigaciones por la designación de personas en cargos de libre nombramiento y remoción, a quienes presuntamente les cobraban entre 100.000 y 600.000 pesos mensuales.
Según el material probatorio recaudado el alcalde de Envigado tendría conocimiento de que un exconcejal exigía cuotas fijas mensuales de los sueldos devengados por cada una de las personas contratadas. Se estableció además que lo mismo ocurría con algunos contratos celebrados entre la administración municipal y particulares.
También en un audio, que sirve de soporte a la investigación, se escucha cómo el alcalde Cardona y un particular hablan sobre el caso de una abogada de la administración a la que le pidieron la renuncia si no pagaba 400 mil pesos mensuales a quien la contrató.

A los investigados se les imputarán cargos por delitos de Peculado por apropiación, Celebración indebida de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, Interés indebido en la celebración de contratos, Cohecho propio, Cohecho por dar u ofrecer, Prevaricato por acción y Falsedad material en documento privado.