Solo hasta entonces, uno de los funcionarios responde: “Hágale. Mi Dios les pague. Por acá estoy”. Las autoridades analizan el video y esperan que el funcionario entable la respectiva denuncia penal para iniciar un proceso formal contra estos vendedores.
Por tal razón, la Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad al líder indígena, que no lo acompañaba en el momento del ataque sicarial, situación que es investigada por la Fiscalía.
La Consejería de Gobierno Mayor de la OIA, mediante comunicado, rechazó las amenazas de muerte en contra del Consejero, pues estas “buscan intimidar y coartar su accionar político en el departamento, en favor de las más de 200 comunidades indígenas”.
Los investigadores establecieron que ante la negativa del muchacho, los miembros de la estructura ilegal armada lo amenazaron de muerte pero este se negó también a abandonar el barrio.