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En el texto le propusimos al gobernador Luis Pérez Gutiérrez que realice un Consejo Departamental de Seguridad en el municipio de Yarumal, Antioquia, que le permita tomar medidas urgentes que podrían incluir el cambio del personal del Distrito de Policía y los batallones del Ejército que hacen presencia allí, y en los municipios de Tarazá y Cáceres, en donde están los fortines del crimen. El resultado fueron las 67 capturas en esos mismos municipios.

Los barrios de Yarumal, en donde la inteligencia —no la Policía— ha detectado sitios de expendio y control de plazas de estas bandas son: San José, Señor Caído, La Cuelga, El Acueducto, Santa Matilde, Buenos Aires, Mediaguas, Fátima, Betania, El Chispero, Epifanio Mejía, San Judas y en el propio parque principal, según confirman nuestras fuentes. En horas nocturnas se distribuiría perico y marihuana. Incluso se ha implementado el servicio de domicilio.

La ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano rechazan este nuevo asesinato que enluta el movimiento social y de defensa de los derechos humanos; además exige garantías de seguridad reales para las comunidades urbanas y rurales, las organizaciones que trabajan en estos territorios y los líderes y lideresas que las acompañan.

En un centro comercial de Medellín las autoridades capturaron a Irineo Sánchez Romero. De acuerdo con información de inteligencia, se encontraba en Colombia hace dos años y servía de enlace negociador entre el cartel mexicano Los Zetas y el Clan del Golfo, para el tráfico de droga hacia Centro y Norteamérica.

En el Nordeste, en los municipios de Remedios y Segovia, de acuerdo con algunas fuentes, se viven intensas protestas por parte de mineros que las autoridades consideran «ilegales». Se calcula que entre los dos municipios puede haber más de 120.000 mineros, que con su núcleo familiar podría considerarse en más de 200.000 pobladores que no ven una solución viable a la crisis.