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En ese sentido agregó QUE “tengo que estar llamando e insistiéndole a la Fiscalía, a las autoridades para que me escuchen. Estoy destrozada, desesperada (…) no sé qué hacer”.
El Procurador General resaltó los cumplimientos a los acuerdos que se han dado en las mesas por la vida de Santander de Quilichao, Apartadó, Carmen de Bolívar y Soacha, y enfatizó en la importancia de defender los derechos de los líderes sociales y “trabajar por la consolidación de un país que respire paz en sus territorios”.
El fiscal del caso logró que un juez de garantías ordenará la captura de Arrieta Julio, quien fue detenido en las últimas horas en el corregimiento de El Salado. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por el delito de amenazas contra Defensores de Derechos Humanos y Servidores Públicos y solicitará medida de aseguramiento intramural en audiencias públicas donde revelará el material probatorio.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.