El objetivo de esta iniciativa es exigirle a los diferentes entes estatales el cumplimiento de los acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno nacional.
Enrique Santiago también habló de los tiempos de implementación. Para el asesor jurídico de la organización guerrillera, el fallo del alto tribunal ralentiza todos los tiempos, principalmente los acordados en la dejación de armas y en el desmonte de las estructuras paramilitares que operan en el país.
Uno de los aspectos analizados por Santrich y Voces de Paz fue la decisión tomada por la Corte Constitucional la semana pasada, en la que echaba para atrás el blindaje a los acuerdos presentado en el fast track.
Aunado a lo anterior, aunque con menos relevancia mediática, se presentan excesos y abusos del Estado en contra de los particulares, lo que resulta inconcebible si consideramos que dicho ente gubernamental encuentra su origen y se desarrolla a través del mandato de sus ciudadanos.
Ahora, quien fuera señalado por fraude procesal y prácticas restrictivas de la competencia se encuentra involucrado en otro escándalo en la Superintendencia de Sociedades, al parecer por estar inmiscuido en otros sectores como el de los seguros, el blindaje de carros y el arrendamiento de inmuebles.