La CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada recuerdan que la protesta social es un derecho humano y que ésta siempre debe ser pacífica en todas sus manifestaciones y acciones. Asimismo, recuerdan que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.
Hace dos días también fue asesinado en Ituango el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuitá, José Abraham García. Con estos casos, el número de homicidios cometidos contra defensores y líderes sociales en Antioquia en 2018 es de diez.
Pareciera que el Estado es indiferente a este derramamiento de sangre, ante esta preocupante situación no da muestras de importarle siquiera un poco y deja a su suerte a los líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y excombatientes.
Julio César, de 24 años, hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán, fue ultimado a tiros en las parcelas los Caracoles, de Montelíbano, por hombres que portaban fusilería y que huyeron por zona boscosa.
En una audiencia realizada en Bogotá, los defensores de derechos humanos le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mayor protección frente a...