Concluyó entonces la Corte que “la conciliación hizo parte de una serie de actos jurídicos que carecían de validez, no porque no pudieran suscribirse en determinada fecha, o no tuvieran la virtualidad de autocomponer disputas laborales, sino porque el consentimiento del trabajador estaba viciado”. Es decir, el dinero que recibió como indemnización fue más una presión final en un entorno de discriminación constante.