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La CCEEU y la PCDDD manifiestan que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación deben garantizar la continuidad de las investigaciones que involucran al saliente Fiscal y los funcionarios de la Fiscalía que hayan incurrido en conductas al margen de la ley y deben velar por el respeto a las decisiones de la JEP para evitar rupturas del orden Constitucional colombiano.

Igualmente aparecen mencionados los excongresistas Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Abraham Besaile, Julio Alberto Manzur, Nilton Córdoba y Argenis Velásquez, y los exgobernadores Juan Carlos Abadía y Alejandro José Lyons.

Los magistrados creen que esta medida se toma luego de las denuncias que hicieran al afirmar que son víctimas de presuntas interceptaciones ilegales, cuya investigación adelanta la Fiscalía.

La detención se hizo efectiva tan pronto Santoyo Velasco regresó de Estados Unidos, luego de cumplir una condena de 13 años de cárcel en ese país por ayudar a los grupos autodefensas a sacar cocaína de Colombia a territorio estadounidense.

Concluyó entonces la Corte que “la conciliación hizo parte de una serie de actos jurídicos que carecían de validez, no porque no pudieran suscribirse en determinada fecha, o no tuvieran la virtualidad de autocomponer disputas laborales, sino porque el consentimiento del trabajador estaba viciado”. Es decir, el dinero que recibió como indemnización fue más una presión final en un entorno de discriminación constante.