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Luego de escuchar a los líderes y sus necesidades, la vicefiscal anunció que el próximo 22 de febrero se realizará en la Fiscalía una reunión de la Subcomisión de Investigaciones para continuar buscando alternativas en aras de proteger a los líderes sociales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló este martes que el Gobierno es el encargado de redoblar los esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz y de entregar garantías para que en todo el territorio nacional se den las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. La CIDH reiteró su preocupación y agregó un componente más a las causas del incremento de violencia, pues aseguró que los homicidios se están presentando en zonas con factores de riesgo en donde hay una “implementación deficiente” del Acuerdo de Paz. Lo cierto es que, por una razón u otra, los muertos siguen apareciendo en las carreteras, los defensores siguen siendo hostigados y eliminados, y, aunque todas las autoridades lo saben y manifiestan su preocupación, la lista de crímenes sigue creciendo.

Fuentes de ese ministerio dicen que las autoridades judiciales han señalado preliminarmente que las víctimas no son de la zona; además, “evalúan varias hipótesis que hacen pensar que lo ocurrido en Mapiripán estaría relacionado con situaciones distintas a las consignadas en la alerta temprana remitida por la Defensoría”.

La audiencia se realizará el 29 de noviembre de 2018, desde las 8 a.m., en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Bogotá.

Finalmente, en el comunicado, el Proceso Social de Garantías solicita al Defensor Regional del Pueblo, Jhon Jaime Zapata, que indique cuántas y cuáles denuncias y pronunciamientos del Proceso Social de Garantías ha recibido; que trámite se ha realizado con estas, cuál es el estado y cuáles de éstas son falsas.