Agregó el procurador que ‘Santrich’ está en deuda con las víctimas y la justicia, y debe presentarse a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio. Advirtió que con su renuncia al esquema de la Unidad Nacional de Protección y su desaparición está traicionando la voluntad de la exguerrilla de las Farc, de someterse a los acuerdos de La Habana.
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El Procurador hizo un llamado a los mandatarios territoriales para velar por la protección y seguridad de las lideresas y líderes campesinos, lideresas y líderes reclamantes de tierras y defensoras y defensores de los derechos agrarios, ambientales y territoriales, para que se les garanticen en debida forma sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad.
El Procurador General resaltó los cumplimientos a los acuerdos que se han dado en las mesas por la vida de Santander de Quilichao, Apartadó, Carmen de Bolívar y Soacha, y enfatizó en la importancia de defender los derechos de los líderes sociales y “trabajar por la consolidación de un país que respire paz en sus territorios”.
El jefe del Ministerio Público anunció la expedición de una directiva para que los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos garanticen los principios de igualdad, no discriminación, eviten la comisión de conductas xenofóbicas por parte de los candidatos y dignatarios en este proceso electoral, y promuevan una integración pacífica, tolerante y empática de los migrantes y refugiados venezolanos en las comunidades receptoras.
La Procuraduría solicitará a la Corte Constitucional la selección de una tutela, de las 458 presentadas por quienes se encuentran en lista de elegibles en firme y no han sido nombrados, para que unifique criterios acerca de la procedencia o no de nombrarlos.
“A los líderes los están matando por buscar romper las cadenas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Las zonas de las masacres coinciden con los nichos de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotraficantes”.
El viernes 16 de noviembre, la vicefiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, pidió a la Corte Suprema de Justicia estudiar la viabilidad de nombrar un fiscal ad hoc luego de que una red de veedurías presentó una recusación para que se apartara de la investigación sobre Odebrecht por su cercanía con el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Para este caso, se eligió al decano Leonardo Espinosa como fiscal ‘ad hoc’.
A su turno, el presidente Iván Duque Márquez invitó a la modernización del sistema y solicitó fortalecer los mecanismos para una mayor transparencia y claridad en la selección de los casos, con el fin de entregar mejores garantías a las personas que acuden al SIDH para proteger sus derechos.
Carrillo Flórez dijo que lo importante no es solo cumplir con el requisito de presentar su informe, sino que (las Farc) “deben presentarse cuántas veces lo requiera la JEP para darle integridad al proceso” y así demostrar que tienen voluntad de cumplir con los acuerdos de paz, sometiéndose a la Justicia Especial para la paz, dentro de las condiciones que esa jurisdicción ha señalado.
El jefe del órgano de control se refirió a la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena de remitir el expediente de Enilce López a la JEP, e hizo un llamado a ser mucho más estrictos para establecer la relación de causalidad con el conflicto armado.